Autor
  • Lourdes Barragán Alvarado
    Punto Focal en Ecuador
    Programa Derechos, Cambio Climático y Bosques. Rainforest Foundation Norway-CEPLAES
Nombre del archivo:
Tamaño total de la descarga:
129 Kb.
 
Herramientas

Gestión de áreas protegidas en territorios indígenas (1)

Introducción

La diversidad biológica en América Latina se encuentra indisolublemente asociada a la heterogeneidad de culturas. A lo largo del tiempo, pueblos indígenas y afrodescendientes, así como otros grupos poblacionales, establecieron vínculos significativos con la naturaleza y desarrollaron conocimientos y tecnologías sobre las dinámicas específicas de los ecosistemas. La importancia de la relación cultura- naturaleza resulta evidente al constatar que las áreas de gran diversidad lingüística y cultural en el mundo constituyen las zonas de mayor riqueza en biodiversidad. No es una coincidencia que alrededor de un 80% de las áreas protegidas en la Región incluyan pueblos indígenas.

Latinoamérica alberga la mayor biodiversidad del planeta y presenta el porcentaje regional más alto de superficie protegida (21%) del mundo2. En este continente habitan más de 400 pueblos indígenas que representan entre el 8 y 10% de la población3. Como resultado del reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, éstos poseen vastas áreas de alta concentración de biodiversidad y riquezas naturales.

La cosmovisión y prácticas culturales de estos pueblos han estado íntimamente relacionadas con los espacios naturales y se diferencian de las visiones de otros actores que separan lo natural de lo humano. Esta división ha determinado las formas de aproximación y manejo de los recursos naturales y de la biodiversidad que existen en la Región. La creación de un importante número de áreas protegidas sobre territorios de asentamiento tradicional indígena fue realizada haciendo caso omiso de su presencia, conocimientos y derechos, lo cual ha provocado múltiples conflictos. Pese a esto, se aprecian en la Región avances respecto a los modelos de gestión de las áreas protegidas y el establecimiento de normas y mecanismos basados en el reconocimiento de los derechos indígenas, orientados a mejorar la relación entre las partes y a cumplir de mejor manera los objetivos de conservación.

Los esfuerzos señalados se ven limitados por la tendencia cada vez más fuerte de empresas y de los Estados a privatizar y explotar los recursos naturales de suelos, aguas, bosques, minerales, hidrocarburos y recursos de la biodiversidad. A estas presiones se suma la amenaza que representan los impactos del cambio climático: se espera un aumento en las tasas de extinción de especies y cambios sustanciales en los ecosistemas naturales, dificultando a los sistemas de áreas protegidas el logro de sus objetivos de conservación. Los pueblos indígenas son grupos altamente vulnerables, principalmente porque viven en ecosistemas frágiles y porque dependen de ellos para su sobrevivencia.

El nuevo modelo de relación entre el Estado y los pueblos indígenas

Como tendencia general, los pueblos indígenas han sido sometidos históricamente a procesos de discriminación y exclusión social. En nombre de la unidad nacional, las políticas homogeneizadoras de los Estados permearon buena parte de la vida de estos pueblos y derivaron en las bien conocidas situaciones de pobreza, de pérdida del patrimonio cultural, de sus bases materiales de subsistencia, así como de erosión de sus conocimientos ancestrales.

Desde fines de los 60, los indígenas conformaron organizaciones de nuevo tipo y levantaron sus demandas ante la sociedad en su conjunto. Sus luchas reivindicativas fueron determinantes en el establecimiento de un nuevo modelo de relación en América Latina que se basa en el reconocimiento de sus derechos, como pueblos y comunidades pre-existentes, a mantener y reproducir sus propias formas de existencia social, a acceder legalmente a la base material sobre la cual se levantan sus culturas y a participar activamente en el quehacer político de las naciones en las que habitan.

En este proceso, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989) constituyó un hito, pues sus disposiciones facilitaron un giro al viejo modelo de relación y se convirtió en un soporte legal de las luchas indígenas y sus demandas.

Legislación y políticas

En Latinoamérica ha habido un avance sustantivo en el reconocimiento legal de derechos indígenas. Catorce países han ratificado el Convenio 169 de la OIT y los derechos de estos pueblos se consagran de manera específica en trece Constituciones4.

El Cuadro 1 muestra los países que ha ratificado el Convenio 169 de la OIT.

Cuadro 1. Estatus en la Ratificación del Convenio 169 de la OIT en la Región

Han ratificado

 

No han ratificado

Argentina

2000

Belice

Bolivia

1991

El Salvador

Brasil

2002

Guyana

Chile

2008

Panamá

Colombia

1991

Surinam

Costa Rica

1993

Uruguay

Ecuador

1998

 

Guatemala

1996

 

Honduras

1995

 

México

1990

 

Nicaragua

2010

 

Paraguay

1993

 

Perú

1994

 

Venezuela

2002

 

Fuentes: Roldán (2004) y en http://www.iwgia.org/ (Consulta agosto 2011)

El grado de reconocimiento y compromiso respecto a los derechos indígenas es variable en la Región, y en algunos países los pueblos afroamericanos cuentan con el mismo reconocimiento de derechos que los pueblos indígenas. En Sudamérica, dos países no han ratificado el Convenio 169 de la OIT y tampoco han incorporado cambios en sus Constituciones: Guyana5 y Surinam. Este último no ha desarrollado ninguna norma legal en favor de los derechos indígenas. En Centroamérica, la República de El Salvador no reconoce constitucionalmente la existencia o protección de derechos de los pueblos indígenas.

Los contenidos del Convenio 169 de la OIT, así como los planteamientos formulados en la elaboración de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, han influido enormemente en las reformas constitucionales en la Región. La aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas en septiembre de 2007 abre las puertas a una nueva etapa, pues reconoce derechos tales como: libre determinación, consentimiento previo, libre e informado, restitución de territorios, y propiedad intelectual. Algunos artículos de este instrumento fueron utilizados como sustento de recomendaciones concernientes a los pueblos indígenas en la Declaración de Bariloche (2007)6, y también se han convertido en parte fundamental de demandas y propuestas de las organizaciones indígenas en las negociaciones internacionales (Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, por ejemplo), así como frente a los Estados.

La legislación ambiental internacional cuenta con varios instrumentos que inciden sobre las áreas protegidas y los pueblos indígenas. Entre ellos se destaca el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), ratificado por todos los países en Latinoamérica y en el que se señalan explícitamente los derechos de los pueblos indígenas en los artículos 8j) y 10c), aunque todavía se debe analizar su repercusión en los vínculos entre derechos indígenas, conservación y áreas protegidas En este marco, la ratificación del Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Distribución de Beneficios por un creciente número de países podría constituir una oportunidad para la evaluación del reconocimiento de los derechos indígenas en las políticas de conservación y manejo de la biodiversidad. Al mismo tiempo, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) concita cada vez mayor atención por parte de los pueblos indígenas y poblaciones dependientes de los bosques, así como de gestionadores de las áreas protegidas, por las repercusiones que tendrán las decisiones que se adopten en las políticas regionales y nacionales.

Uno de los logros más importantes en materia de derechos indígenas ha sido el reconocimiento de los derechos pre-existentes de los pueblos sobre sus tierras y territorios, principalmente en Sudamérica. Pese a que aún resta trabajo por hacer, y a la diversidad de modalidades de reconocimiento, en la actualidad grandes extensiones constituyen espacios de propiedad o de uso exclusivo de los pueblos indígenas. Así, por ejemplo en la región amazónica, la totalidad de tierras indígenas oficialmente reconocidas corresponde al 25,3% de su superficie total, o en México, donde 50% de los bosques son propiedad de los indígenas (Ellis y Porter, 2008).

Los Territorios Indígenas son tratados con diferentes criterios de protección en los países de América Latina, lo que dificulta la interpretación de los datos nacionales sobre áreas protegidas. Sin embargo, resulta especialmente interesante analizar la información que presenta la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, ya que si se considera a todas las áreas protegidas a nivel mundial, cuatro de las seis áreas protegidas de Latinoamérica que se encuentran dentro de las 20 más grandes del mundo son Territorios Indígenas (Cuadro 2).

Cuadro 2. Áreas protegidas de América Latina dentro de la lista de las 20 más grandes a nivel mundial

Ranking

País

Nombre

Superficie
(Km2)

Categoría de manejo (IUCN)

Tipo

13

Brasil

Médio Rio Negro II

99 185

Ninguna

Territorio indígena

15

Brasil

Yanomami

96 014

Ninguna

Territorio indígena

16

Brasil

Vale do Javari

85 711

Ninguna

Territorio indígena

17

Venezuela

Alto Orinoco- Casiquiare

84 000

VI

Reserva de la Biósfera

18

Brasil

Alto Rio Negro

80 386

Ninguna

Territorio indígena

Fuente: World Commission on Protected Areas, 2007.

La geografía latinoamericana tiene como impronta vastas extensiones de tierras indígenas que son precisamente los lugares donde se conservan los mayores remanentes de bosques y biodiversidad de la Región. Hay evidencias de casos en que los Territorios Indígenas aportan a la conservación de mejor manera que las áreas protegidas. En Brasil, la tasa de deforestación en las áreas indígenas el 2003 fue del1,14%, frente al 1,4% que presentaron las Unidades de Conservación Federales y al 7,01% en el nivel de los Estados. Esto frente al 18,96% de tasa de deforestación que se encontró en las áreas privadas o públicas no protegidas (Ricardo, 2004). Estudios realizados al sur de México han llegado a similares conclusiones (Ellis y Porter- Bolland, 2008). Por esta razón, cada vez con mayor fuerza, los analistas insisten en que las políticas públicas de conservación no pueden ignorar a las tierras y Territorios Indígenas. Esto exige, entre otros aspectos, el compromiso del Estado para fortalecer las capacidades de gestión de los pueblos indígenas en sus territorios, así como también, abordajes específicos y gestión coordinada y complementaria entre los responsables de las áreas protegidas y las políticas indígenas con las autoridades y miembros de estos pueblos.

Hacia un nuevo paradigma en la gestión de nuevas áreas protegidas

De manera casi paralela a los procesos de reconocimiento de los derechos indígenas, se fueron generando iniciativas y espacios de debate en los que organizaciones conservacionistas y gobiernos adoptaron resoluciones y asumieron compromisos que contribuyeron a la construcción de lo que se conoce como un nuevo paradigma de la conservación. Los principios de equidad social e interculturalidad fueron incorporados en la gestión de las áreas protegidas, dejando atrás aquella concepción de los parques nacionales como “islas sin gente”.

  • Las resoluciones adoptadas en el Congreso Mundial de Parques en 2003, así como el Acuerdo de Durban y su Plan de Acción, dieron forma a este nuevo paradigma. Posteriormente, en los Congresos Mundiales de Conservación de 2004 y 2008 y en la COP 7 de la CDB (2004), se ratificaron y profundizaron. Los elementos clave de estas resoluciones se sintetizan en lo siguiente (UICN-FPP, 2011):

  • Los pueblos indígenas deben participar de manera efectiva en la designación y el establecimiento de las áreas protegidas, y se debe obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de realizar cualquier actividad en sus territorios.

  • Los pueblos indígenas deben participar de manera efectiva en el manejo y en la toma de decisiones de las áreas protegidas, con un papel central para las autoridades y las instituciones tradicionales.

  • El conocimiento tradicional, las leyes consuetudinarias y las prácticas de manejo de los recursos deben ser respetados, promovidos e integrados.
  • Se prohíbe las reubicaciones forzadas y la sedentarización involuntaria de los pueblos indígenas.
  • Las injusticias históricas causadas por el establecimiento de las áreas protegidas deben ser tratadas, y corregidas por medio de compensaciones y/o restituciones de tierras que fueron incorporadas a áreas protegidas sin consentimiento.

  • Los beneficios obtenidos de las áreas protegidas deben ser distribuidos equitativamente.

  • Se deben revisar las leyes de conservación que impactan en los pueblos indígenas.

  • Se debe reconocer que los Territorios Indígenas conservados y las áreas conservadas por las comunidades indígenas y locales y las áreas co-manejadas pueden contribuir al desarrollo de un sistema efectivo de áreas protegidas.

Los compromisos adoptados por organizaciones conservacionistas y por gobiernos a nivel global no han sido suficientemente aplicados en la práctica. Pese al giro conceptual y avances, aún persisten dificultades para reconocer a estos pueblos como verdaderos titulares de derechos, con quienes hay que compartir decisiones y prevalecen formas de gestión con esquemas de “arriba a abajo”. Ante esta situación, hace poco se realizó una reunión en la que representantes de la UICN y de organizaciones indígenas del mundo establecieron el Mecanismo Whakatane, para evaluar la implementación de las resoluciones concernientes a los pueblos y contar con elementos para avanzar (IUCN-FPP, 2011).

La brecha en la aplicación

En el plano nacional, los adelantos en materia constitucional y de adopción de instrumentos internacionales no se han traducido en esfuerzos suficientes de desarrollo de una legislación secundaria, lo cual ha dificultado el ejercicio pleno de los derechos indígenas reconocidos. Al mismo tiempo, a menudo existen inconsistencias entre la legislación en materia indígena frente a aquellas consideradas como de prioridad nacional, como es el caso de la legislación minera o petrolera (Stavenhaguen, 2006). Estos dos problemas inciden significativamente en la posibilidad de generar puntos reales de convergencia entre áreas y poblaciones con intereses comunes basados en la conservación. A lo anterior se añade la ausencia de normas legales que conjuguen los derechos indígenas con los sistemas jurídicos que regulan la gestión de las áreas protegidas, lo cual ha llegado a convertirse en un obstáculo que, incluso, ha impedido que iniciativas indígenas de protección de sus territorios sean incorporadas en los sistemas nacionales de áreas protegidas.7

La situación en los distintos países de la Región muestra las siguientes tendencias:

  • Vigencia de leyes de áreas protegidas y de leyes forestales en las que no se reconocen los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

  • Existencia de normas de carácter inferior, dictadas por organismos administrativos que tienen, en la práctica, preeminencia sobre los derechos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por los países o leyes nacionales.

  • Falta de coherencia o inconsistencia entre las leyes. Los derechos estatales sobre el subsuelo han tenido prioridad sobre los derechos humanos y derechos colectivos, sobre los derechos ambientales, y sobre la conservación de las áreas protegidas, ocasionando graves impactos socio-ambientales y culturales, e incidiendo en la pérdida del control y manejo tanto de los Territorios Indígenas como de las áreas protegidas.

Por otra parte, existen esfuerzos importantes en el establecimiento de normas y mecanismos tendientes a mejorar la relación entre las administraciones de las áreas protegidas con poblaciones indígenas. Para mencionar sólo dos ejemplos, en Argentina, entre otras medidas, se han sancionado tres leyes que han posibilitado la restitución de tierras comunitarias en áreas protegidas. En Colombia, se construyen Regímenes Especiales de Manejo que parten del reconocimiento del derecho que las autoridades indígenas, como autoridades públicas, tienen sobre sus territorios.

Algunas de estos mecanismos son tan recientes que resulta imposible analizar sus impactos. Sin embargo, existen experiencias que dan cuenta de dificultades y conflictos que se han presentado en su aplicación, los mismos que presentan particularidades según los países, o incluso, según el área protegida. Se observa desde falta de confianza entre las partes hasta interpretaciones sesgadas de las normas que derivan en restricción de derechos para los indígenas. Ello pasa por una falta de comprensión de las dinámicas y procesos de adopción de decisiones de las comunidades. No está por demás señalar que ONGs conservacionistas han incidido, en muchos casos de manera determinante, en las orientaciones de las políticas y en la relación entre las partes.

Problemas derivados de la sobreposición

Las comunidades y pueblos indígenas se encuentran tanto en el interior, como en los alrededores de las áreas protegidas. La creación de un importante número de áreas protegidas sobre tierras de asentamiento tradicional indígena ha dado lugar a la sobreposición de una figura (áreas protegidas) sobre la otra (Territorios Indígenas), lo que ha provocado una gran cantidad de conflictos entre los pueblos indígenas y la administración de las áreas protegidas. América Latina carece de información fundamentada y precisa sobre el traslape de las áreas protegidas sobre tierras de asentamiento tradicional indígena. Sin embargo, las estimaciones señalan que la mayoría de áreas incluye a comunidades indígenas. En Centroamérica, por ejemplo, las áreas protegidas se sobreponen aproximadamente en un 70% con Territorios Indígenas (Grünberg, 2005)8. El Cuadro 3 presenta la información disponible respecto al traslape entre áreas protegidas y Territorios Indígenas en algunos países de América Latina.

Cuadro 3. Traslape de áreas protegidas y Territorios Indígenas en algunos países de América Latina

PAÍS

Total de áreas protegidas

Áreas protegidas en sobreposición con Territorios Indígenas

Brasil9

304

79

Bolivia10

69

14

Colombia

56

17

Ecuador

44

15

México11

160

57

La política orientada a mejorar el cumplimiento de los objetivos de las áreas protegidas debe necesariamente priorizar la solución de los conflictos con comunidades y pueblos indígenas12. Un aspecto central de las divergencias o contradicciones emana de las diferentes concepciones y valoraciones que sobre la tierra-territorio y recursos naturales tienen los Pueblos Indígenas y el Estado. Mientras que para los indígenas el territorio es un todo en el cual existe una relación integrada entre el ser humano y la naturaleza, y constituye la base que asegura su reproducción material y espiritual como pueblos diferenciados, para el Estado es generalmente un bien que debe ser conservado por los beneficios que otorga y que es concebido de manera separada a los seres humanos. La diferencia entre estas dos visiones es fundamental, ya que a partir de ella que se ha configurado en la práctica, la relación entre las áreas protegidas y los Territorios Indígenas. Esta diferencia se expresa en los siguientes distintos niveles13:

  • Por la ambigüedad que supone la dualidad de figuras jurídicas sobre un mismo espacio.

  • A nivel del uso y aprovechamiento de la tierra y de los recursos naturales, por las restricciones que establecen las administraciones de las áreas protegidas.

  • En relación con la administración y manejo de recursos naturales renovables de sus territorios, los indígenas demandan el derecho a la autodeterminación, a gobernar sus territorios, a administrar y controlar estos espacios de acuerdo con sus propias prácticas culturales.

La mayoría de áreas protegidas que se sobreponen con tierras ancestrales indígenas fue creada sin procesos de consulta con sus pobladores. A los conflictos que han surgido por la sobreposición entre áreas protegidas y Territorios Indígenas, se suman,

en varios casos, aquellos provenientes del traslape con otras figuras jurídicas, como la de los municipios, que complejizan aún más los problemas de propiedad, control y ejercicio de la autoridad sobre un mismo espacio.

Entre las tendencias actuales respecto al diseño y manejo de las áreas protegidas en la Región se destacan modalidades de administración compartida y de co-manejo de estas áreas con los Pueblos Indígenas. El co-manejo está muy generalizado en toda la Región y es amplio el rango de modalidades que adopta, dependiendo de las condiciones de negociación, así como del contexto local y de cada parte involucrada (Oviedo, 2004).

También, desde las propias organizaciones indígenas, se construyen propuestas orientadas a mejorar la relación entre las partes sobre la base del reconocimiento de sus derechos como pueblos. Una de estas propuestas, por ejemplo, es la creación de Territorios Indígenas de Conservación que sean reconocidos en los sistemas nacionales de áreas protegidas.

A pesar de que el co-manejo ha cobrado importancia en América Latina, existen vacíos y desafíos que deben ser atendidos. La co-gestión implica una articulación entre las partes, lo que no necesariamente ocurre en los diferentes países. Además, existe un débil diálogo intercultural y la ausencia de una visión holística que integre la dimensión espiritual en la conservación de la naturaleza. Esto ocasiona, por ejemplo, que los sitios sagrados no sean incorporados en las políticas y planes de manejo de las áreas protegidas. Se constatan así importantes problemas en las áreas, especialmente de gobernabilidad y control del espacio compartido.

En el documento de Posición Política preparativo para el Foro de los Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas y Afrodescendientes que se llevó a cabo en el II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales en Bariloche en el 2007, se hace explícita la posición respecto a las modalidades de co-manejo y cogestión existentes en la Región. También se hace explícita la demanda por avanzar hacia la creación de otras figuras de conservación que puedan ser gestionadas de manera autónoma, como se expresa en el recuadro que se presenta a continuación.

En octubre de 2008, en el Cuarto Congreso Mundial de Conservación de la UICN en Barcelona, se resolvió promover y apoyar las figuras de Áreas Conservadas por Pueblos Indígenas y Comunidades y de Territorios Indígenas de Conservación, reconociendo así las demandas del derecho de autodeterminación de tales pueblos y comunidades, a fin de salvaguardarlas de cualquier amenaza (Oviedo, 2011). Las resoluciones de Barcelona constituyen un avance sustantivo en el entendimiento de la importante contribución de los pueblos indígenas a la conservación de los ecosistemas bajo sus propios esquemas de manejo, pero también plantea el desafío a los Estados de fortalecer la gestión territorial de estos pueblos que se encuentran cada vez más sometidos a presiones que amenazan la continuidad de sus formas de existencia social en armonía con el ambiente.

Recuadro: Documento de Posición Política (extracto)
  • La co-gestión y también el co-manejo tal cual hoy se implementan, reafirman el principio de soberanía absoluta de los Estados sobre los recursos naturales, principio cuestionado por todos los pueblos indígenas del mundo quienes reafirmamos nuestro derecho absoluto a la propiedad, control y administración de nuestros recursos naturales, genéticos y culturales.
  • La co-gestión y co-manejo no implican en su práctica el reconocimiento de nuestros derechos fundamentales a la territorialidad, a la autonomía y al reconocimiento como pueblos preexistentes, sino que se convierte en un mecanismo de integración a un modelo global de mercado que amenaza hoy nuestras vidas y culturas.
  • La co-gestión y co-manejo están sujetos a una jurisdicción (sistema de normas y sistema legal) que contradice nuestro sistema normativo y nuestro concepto de relación hombre/naturaleza.
  • La co-gestión sólo puede ser aceptada como una alternativa coyuntural, en la medida que sea concebida como una herramienta de transición o un puente hacia un mecanismo o nueva categoría de conservación que reconozca plenamente nuestros derechos territoriales y políticos como pueblos.
  • La respuesta desde nuestra mirada siempre es la misma: un movimiento cada vez mayor afirma que la mejor garantía de una política de conservación en los Territorios Indígenas, que han quedado encerrados en las jurisdicciones de las áreas protegidas, es el reconocimiento del nuestro derecho a la propiedad, control y administración. Además, avanzar en la creación de una nueva categoría de conservación desde el derecho indígena.
Fuente: Nahuel, 2008.

Desafíos mayores

El conjunto de iniciativas y alianzas que se llevan adelante por parte de los pueblos indígenas, ONGs de conservación, y administradores de las áreas protegidas para conservar los ecosistemas, bosques, aguas, biodiversidad, se desarrollan en el contexto de amenazas de grandes proporciones: el cambio climático, la ejecución de megaproyectos de infraestructura regional, y la explotación minera y petrolera. Las acciones orientadas a fortalecer las relaciones entre los actores preocupados por la conservación adquirirán cada vez mayor relevancia.

El cambio climático

Este fenómeno causará graves impactos en los ecosistemas en los próximos años, y afectará a las sociedades que ahí habitan. Sus efectos ya se sienten en muchos lugares y por eso también, los pueblos indígenas y otras comunidades, así como las especies y ecosistemas, se están adaptando de diversas formas. Entre la variedad de respuestas empleadas, sobresalen la migración o cambio de ubicación, y la dependencia de la diversidad de especies y variedades.

Se necesita reconsiderar el enfoque empleado actualmente para la conservación. El concepto de las áreas protegidas se basa en una idea de permanencia, en donde los ecosistemas protegidos se encuentran, por lo general, dentro de límites claros. Sin embargo, debido al cambio climático muchas de las especies que se encuentran en estas áreas cambiarán su rango de distribución o enfrentarán la extinción. Es muy probable que los pueblos indígenas que dependen de estos ecosistemas deban también modificar su localización, requiriendo flexibilidad de sus territorios. De ahí que el acceso a recursos silvestres, así como al resguardo frente a desastres naturales, fundamentales para la adaptación, deberán ser facilitados –y no restringidos- por políticas estatales integrales (Macchi et al., 2008). Asimismo, es esencial fomentar la conectividad entre los ecosistemas y emplear enfoques de manejo más flexibles. Los conocimientos de los pueblos indígenas constituirán un soporte fundamental para que la Región pueda enfrentar los impactos del cambio climático.

Por otra parte, nuevas estrategias están surgiendo a nivel global. Entre ellas, se destaca el mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques en países en desarrollo (REDD+), que surge en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y que involucrará tanto a poblaciones indígenas como a las áreas protegidas. Aún no está claro el impacto que este mecanismo tendrá sobre las poblaciones dependientes de los bosques, pero serán indispensables reglas claras respecto a los derechos indígenas. Integrantes de estos pueblos han expresado preocupación por la posibilidad de que REDD+ reproduzca los problemas vividos en las áreas protegidas en términos de restricciones y penalidades, así como del interés del Estado de crear nuevas áreas protegidas en sus tierras ancestrales. También hay quienes ven a este mecanismo como una posibilidad de mejorar la gobernanza forestal, conservar los bosques y medios de vida. El impacto de REDD+ sobre los pueblos indígenas y las áreas protegidas dependerá de las políticas que se creen a nivel nacional e internacional y la medida en que éstas incorporen los derechos indígenas y la conservación.

A lo anterior se suman las políticas orientadas a contrarrestar el cambio climático, como la producción de agrocombustibles, que entran a competir por tierras tanto de áreas protegidas como de Territorios Indígenas con graves efectos para los bosques y ecosistemas.

Petróleo, minería y megaproyectos de infraestructura

El Plan Puebla Panamá en Centroamérica y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) fueron creados por los gobiernos de la Región y financiados en gran parte por agencias multilaterales. Ambas iniciativas contemplan la construcción de grandes proyectos viales, puertos marítimos, proyectos de generación y transmisión eléctrica y de hidrocarburos, ferrocarriles, aeropuertos, así como corredores industriales y de transporte para aumentar los vínculos entre los países a nivel regional e internacional.

Los impactos que estas dos grandes iniciativas de infraestructura tienen y tendrán sobre las redes de áreas protegidas transfronterizas, otras áreas protegidas y tierras indígenas del continente, son preocupantes, ya que incluso llegan a lugares remotos, donde se encuentran pueblos aislados14. En el Corredor Biológico Centroamericano es cada vez más grave el avance acelerado del frente de colonización agrícola, forestal y ganadero, con pérdida y conversión de bosques y graves efectos en la degradación de

cuencas, humedales y zonas costero-marinas15. El IIRSA avanza por Sudamérica con una visión centrada en la construcción de infraestructura, con el riesgo de dejar de lado un enfoque integrador que incorpore los derechos humanos. La sociedad civil, incluyendo organizaciones indígenas y comunidades directamente afectadas, ha tenido muy poco acceso a la información y no conocen en profundidad las implicaciones que tendrán los proyectos sobre los espacios protegidos.

Paralelamente, el petróleo y la minería constituyen el eje de la economía de varios países de la Región y presionan intensamente sobre las zonas más ricas en biodiversidad donde habitan pueblos indígenas. El historial de los nefastos impactos directos e indirectos de ambas actividades es el antecedente que tienen estos pueblos y frente a la ola de concesiones y proyectos previstos, abogan por un Estado que desempeñe su rol como garante de derechos territoriales y ambientales.

Conclusiones y recomendaciones16

Lo hasta aquí señalado expresa las complejidades de la gestión de áreas protegidas en la Región y la serie de desafíos que enfrenta, pero también las posibilidades que existen para ir consolidando procesos de cooperación y trabajo conjunto entre los pueblos indígenas y los administradores de las áreas protegidas. Los esfuerzos en países de la Región demuestran que desde los Estados se están dando pasos concretos para encontrar mecanismos que posibiliten entendimientos basados en el respeto mutuo. La propuesta de los pueblos indígenas para incorporar Territorios Indígenas Conservados en las políticas del Estado bajo el principio de autodeterminación, constituye una oportunidad para fortalecer la consolidación de los territorios indígenas y conectar amplios espacios, incluso transfronterizos, que se encuentran fragmentados y que corren el peligro de desaparecer.

Existen sin embargo, serias dificultades en la aplicación de las políticas que pueden y deben ser atendidas. Entre ellas, la resolución de conflictos de propiedad de las tierras/territorios al interior de las áreas protegidas, y la necesidad de que los procesos participativos en los distintos niveles de planificación de las áreas protegidas, pasen de la “inclusión” de los pueblos indígenas, a la “articulación” entre dos actores con el mismo nivel de autoridad, con deberes y responsabilidades, claramente delimitados en la gestión de las áreas protegidas. El diálogo continuo y transparente entre las partes contribuirá a sentar bases firmes para una mejor gestión.

Los desafíos mayores exigen trabajo conjunto entre ambas partes para actuar y aplicar políticas que sean consistentes, flexibles y dinámicas. Ello permitirá hacer frente a las amenazas e impactos que las poblaciones y ecosistemas están enfrentando como consecuencia de los avances de las políticas extractivistas, megaproyectos de infraestructura y actividades mineras y petroleras. En este contexto también resultan imprescindibles las alianzas con organizaciones de la sociedad civil preocupadas por los derechos humanos y ambientales.

Notas

1 El presente artículo sintetiza algunos de los planteamientos desarrollados en distintos documentos elaborados por la autora en el marco del Programa de Cooperación (FAO/OAPN), “Fortalecimiento del Manejo Sostenible de los Recursos Naturales en las Áreas Protegidas de América Latina” en el año 2007 y, de manera general, incorpora una revisión de las tendencias y desafíos más relevantes que enfrenta Latinoamérica en relación con este tema (Barragán, 2008).

2 Informe de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (UICN, 2009) en el que se incluyen datos sobre todos los tipos de áreas protegidas de cada país.

3 En el “Informe de Evaluación del Primer Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas 1995-2004 “, se establece que son 840 los pueblos identificados en la Región.

4 Ver: http://www.iadb.org/sds/ind/site_3152_s.htm

5 En Guyana, en el Amerindian Act, se reconocen los derechos colectivos y se incorporan, entre otros, los derechos al consentimiento previo informado y al veto por parte de los pueblos indígenas (Janki, 2006), con implicaciones en las relaciones entre las comunidades amerindias y las áreas protegidas de este país.

6 También de la Declaración en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para la sentencia a favor del Pueblo Saramaka vs. el Estado de Surinam, en defensa frente a los impactos ocasionados por las empresas en su territorio ancestral (CIDH, 2007)

7 La frustrada creación del Territorio Indígena Protegido del Pueblo Shuar con manejo autónomo, en la zona del Transcutucú de la Cordillera del Cóndor en Ecuador, constituye un claro ejemplo (Kingman, 2007)

8 A partir de datos obtenidos del Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas (SICAP) en el año 2003

9 Ricardo, 2004

10 Landetta, 2011

11 CONANP, 2007

12 Un estudio de Dourojeanni y Quiroga (2006) revela los resultados de encuestas y entrevistas aplicadas en tres países de América Latina: del 52 al 85% de los entrevistados considera que el conflicto más grave (Perú) o uno de los conflictos más serios (Brasil y Honduras) es el reclamo (legítimo o no) de las poblaciones indígenas sobre territorios de las áreas protegidas.

13 Roldán, R. y Barragán, L., 1997

14 Ver Carneiro, 2009

15 Ver Resoluciones del Congreso Mundial de Parques en Barcelona, 2008

16 Se recomienda revisar las importantes recomendaciones que sobre el tema de este artículo, surgieron en el Taller realizado en San Martín de los Andes entre responsables de áreas protegidas y representantes indígenas del la Región (Barragán, 2008)

Bilbiografía citada

Barragán, L. 2008. Pueblos Indígenas y Áreas Protegidas en América Latina. Red Latinoamérica de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestre. Programa FAO/OAPN.

Carneiro F.A. 2009. Atlas de pressões e amenaças à terras indígenas na Amazônia brasileira, Instituto Socioambiental. São Paulo, Brasil.

CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos). 2007. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Sentencia del 28 de noviembre de 2007 http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=11

CONANP, 2007. Informe País sobre Área Protegidas y Pueblos Indígenas de México. Navarrete, Noe. México.

Dourojeanni, M. y Quiroga, R. 2006. Gestión de áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad: evidencias de Brasil, Honduras y Perú. BID, Nueva York, USA.

Ellis. E. y Porter-Bolland, L. 2008. Is community-based forest management more effective than protected areas? A comparison of land use/land cover change in two neighboring study areas of Central Yucatan Peninsula, Mexico. Forest Economy and Management. Volume 256. Issue 11

Grünberg, G. 2005. Tierras y Territorios Indígenas en América Central. En: Asuntos
Indígenas 4/04. IWGIA, Copenhaguen, Dinamarca.

IUCN-FPP, 2011. Nota conceptual para las evaluaciones piloto de Whakatane http://www.forestpeoples.org/

Janki, M. 2006, The Amerindian Act, Guyana 2006.Technical briefing note htpp://www.amerindian.org

Kingman, S. 2007. Territorio Shuar. Estudio de Caso en Ecuador. Fundación Natura. Red Latinoamérica de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestre. Programa FAO/OAPN

Landaeta, E. 2011. Lecciones y desafíos de la gestión compartida de las áreas protegidas entre Estado y pueblos indígenas en Bolivia. Revista Parques N°2 año
2011.

Macchi M., Oviedo G., Gotheil S., Cross K., Boedhihartono A., Wolfangel C. y Howell M. 2008. Issues Paper: Indigenous and Traditional Peoples and Climate Change. IUCN. Gland, Switzerland.

Nahuel, H. 2008. Foro de Pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Buenos Aires, Argentina.

Oviedo, G., 2004. Áreas Protegidas y Pueblos Indígenas. En: Arguedas, M.E, Castaño, B.L. y Rodríguez, J.M. (Editores). 2004. Lineamientos y Herramientas para un Manejo Creativo de las Áreas Protegidas. Organización para Estudios Tropicales. Programa de Política y Ciencias Ambientales. San José, Costa Rica.

Oviedo, G. 2011. Una Mirada desde la conservación. En: Elbers, J. (Editor). Las áreas protegidas de América Latina: Situación actual y perspectivas para el futuro. Quito, Ecuador.

Ricardo, F. (org.). 2004. Brasil Terras Indígenas e Unidades de Conservaçao da natureza. O desafio das sobreposiçoes. Instituto Socioambiental, Sao Paulo, Brasil.

Roldán, R. y L. Barragán. 1997. Territorios Indígenas y Áreas Protegidas en la Amazonía. Ponencia presentada en el I Congreso Latinoamericano de Parques, Santa Martha, Colombia.

Roldán, R. 2004. Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas a la Tierra
Aspectos Legales e Institucionales. Taller Regional sobre Políticas de Tierras
Pachuca, México: Mayo 19-22

Stavenhagen, R., 2006. Intervención Oral del Sr. Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Naciones Unidas. Quinta Sesión, Nueva York. USA.

UICN, 2009. Resoluciones y recomendaciones del IV Congreso Mundial de Conservación. Gland, Suiza.

World Commission on Protected Areas. 2007. World Database on Protected Areas: Information support to Millennium Development Goal 7: Ensure environmental sustainability. http://earthwatch.unep.ch/data/wcmc/index.php