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Autor
  • Sandra Yolima Sguerra Castañeda
    Miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN y
    Consultora de Conservación Internacional, Bogotá, Colombia
 
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Áreas protegidas con uso sostenible de los recursos naturales: un desafío para la conservación de la naturaleza

INTRODUCCIÓN

El marco internacional de categorías de gestión de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), representa la plataforma más importante para el diálogo, comprensión y flujo de información relacionada con las áreas protegidas a nivel mundial. Una “categoría de gestión” es entendida aquella “unidad de clasificación a la cual se asigna un área protegida para cumplir determinados objetivos de conservación, bajo unos mismos principios, directrices y objetivos de manejo[1]” (Adaptado de Biocolombia, 1997).

Ante la diversidad de denominaciones de áreas protegidas, las categoría propuestas por la UICN constituye una base común para el entendimiento a nivel mundial, dado que reduce la confusión en el uso de términos, proporciona estándares para una contabilidad global y regional, posibilita comparaciones entre países y emplea una misma base para recoger, procesar y divulgar información. Para que lo anterior sea posible es necesario que cada país establezca las equivalencias entre las denominaciones propias y las categorías de UICN y anualmente adelanten la actualización de la lista oficial de áreas protegidas en la base de datos mundial WDPA (2009)[2].

Con el ánimo de lograr un sistema de categorías cada vez más claro, adaptable a diversos contextos y viable en su aplicación, desde 1933 la UICN ha realizado cerca de 13 revisiones del mismo, incorporando ajustes y precisiones. La actualmente llamada categoría VI “área protegida con uso sostenible de los recursos naturales” fue incorporada formalmente al sistema en 1994, con tres objetivos principales: 1) la preservación de las especies y la diversidad genética; 2) el mantenimiento de los servicios ambientales; y 3) la utilización sostenible de los recursos derivados. Esta categoría tiene particular importancia para los países de América Latina, dado que un porcentaje importante de sus áreas protegidas tienen que combinar la preservación con la utilización de los recursos naturales (Ponce, 2006). Ello constituye un reto de magnitud, ya que garantizar el uso sostenible de los recursos naturales de forma armónica con la conservación de la naturaleza, requiere el desarrollo de una efectiva regulación y control de las actividades productivas.

No obstante el enorme potencial de uso de esta categoría y pese a los aciertos existentes, para muchos gestores todavía no es claro su propósito central y por ello se evidencian equivocaciones en su aplicación que limitan la protección de la biodiversidad, a la vez que desvirtúan el concepto de área protegida. En algunos casos prima el desarrollo de actividades agropecuarias por sobre los objetivos de conservación, en otros casos no existen regulaciones específicas para el uso, y en la mayoría se destinan recursos insuficientes para el manejo.

En este universo de modelos en el uso de la categoría VI, en 2005 los responsables de los sistemas nacionales de áreas protegidas de la Región recomendaron a la Secretaría Técnica de REDPARQUES[3] considerar este tema como una prioridad para analizar e intercambiar información, tarea que fue liderada por Ponce (2006), Oltremari y Thelen (2006), FAO (2006), FAO-REDPARQUES (2006) y FAO (2008). Como producto se logró la participación de un numeroso grupo de especialistas de toda la Región en el desarrollo de varias actividades: dos estudios de caso sobre la aplicación de la categoría (2006), un Seminario Taller (Lima, 2006), tres cursos online (2006 y 2007), 17 informes de países y un foro electrónico (2006), que en conjunto documentan las situaciones de manejo, preocupaciones y logros en el uso de la categoría. Sobre la base de estos antecedentes, el presente artículo expone algunos elementos de reflexión para mejorar la efectividad de la categoría VI.

SURGIMIENTO DE LA CATEGORÍA VI

El concepto de área protegida surge con la declaración del Parque Nacional de Yellowstone en 1872, con el fin de proteger espacios de belleza singular para la recreación y la investigación. La particularidad de cada uno de los países y la diversidad de situaciones de manejo de cada una de las áreas, llevó a reconocer con el tiempo que la gama de objetivos de gestión de estas áreas podía ser más amplia, permitiendo en determinados casos el aprovechamiento directo de recursos naturales, siempre que no se degraden los valores de conservación.

El momento más significativo en la historia de la categoría VI se dio en el IV Congreso Mundial de Parques Nacionales y Áreas Protegidas realizado en Caracas, Venezuela (1992), donde se propuso a la UICN una categoría manejada para proteger su biodiversidad, de una forma que proporcione un flujo sustentable de productos y servicios a la comunidad. Esta propuesta se aprobó en 1994 por la Asamblea General de la UICN de Buenos Aires, que redujo el sistema de 10 a seis categorías que se mantienen hoy en día (e incluyen la VI), y por primera vez se estableció una definición formal de “área protegida”. (Dudley, 2008).

Recientemente y luego de un exhaustivo proceso de consulta al interior de la UICN, particularmente los miembros de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y el grupo de trabajo de categorías, se revisó el sistema de 1994, con el ánimo de precisar la definición y alcances del concepto de “área protegida[4]” y refinar las directrices de cada una de las categorías para hacer más efectiva su aplicación.

En consideración a los propósitos y directrices vigentes, la aplicación adecuada de la categoría VI es una gran oportunidad para proteger ecosistemas sub-representados o en riesgo de extinción, donde perviven pueblos indígenas, tribales o comunidades locales que utilizan recursos naturales con bajo impacto. De igual forma es una categoría útil para aumentar la conectividad a través del paisaje y mejorar las condiciones de adaptación ante el cambio climático, dado que la transformación acelerada del uso del suelo limita cada vez más la posibilidad de reservar grandes extensiones de ecosistemas “prístinos” y con posibilidades de autorregulación (uno de los principios originales del concepto de área protegida). El siguiente cuadro presenta una síntesis de las directrices más recientes relacionadas con la categoría VI.

DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DE LA CATEGORIA VI (UICN, 2008)
Área protegida con uso sostenible de los recursos naturales

Definición: Las áreas protegidas de categoría VI conservan ecosistemas y hábitats, junto con los valores culturales y los sistemas tradicionales de gestión de recursos naturales asociados a ellos. Normalmente son extensas, con una mayoría del área en condiciones naturales, en las que una parte cuenta con una gestión sostenible de los recursos naturales, y en las que se considera que uno de los objetivos principales del área es el uso no industrial y de bajo nivel de los recursos naturales, compatible con la conservación de la naturaleza.

Objetivo primario: Proteger los ecosistemas naturales y usar los recursos naturales de forma sostenible, cuando la conservación y el uso sostenible puedan beneficiarse mutuamente.

Rasgos distintivos

  • Las áreas protegidas de categoría VI son singulares dentro del sistema de categorías de la UICN, ya que tienen el uso sostenible de los recursos naturales como medio para conseguir la conservación de la naturaleza, junto y en sinergia con otras acciones comunes a otras categorías como la protección.
  • El objetivo de las áreas protegidas de categoría VI es conservar ecosistemas y hábitats junto con los valores culturales y sistemas de gestión de recursos naturales asociados a ellos. Por tanto las áreas protegidas de esta categoría tienden a ser de gran extensión (aunque esto no es obligatorio).
  • Esta categoría no está diseñada para albergar actividades de recolección a escala industrial.
  • En general, la UICN recomienda que una parte del área se mantenga en condiciones naturales*, lo que en algunos casos puede implicar su definición como una zona vedada o de protección más estricta. Algunos países han establecido este umbral de zonas en condiciones naturales en dos tercios de la extensión total del área protegida; la UICN recomienda que las decisiones se tomen a nivel nacional y a veces incluso para cada una de las áreas protegidas.

* Téngase en cuenta que esto no excluye necesariamente actividades de bajo nivel como la recolección de productos forestales no madereros.

Fragmento tomado de Dudley, 2008

LA CATEGORIA VI EN AMÉRICA LATINA

En los últimos años la ampliación de los sistemas de áreas protegidas en el mundo ha sido significativa. Estos sistemas varían considerablemente de país a país dependiendo de las necesidades y prioridades nacionales y de las diferencias en aspectos políticos, legislativos, institucionales y financieros. De acuerdo a la información existente en la base mundial de datos sobre áreas protegidas, para el 2009 la superficie terrestre y marina cobijada bajo los sistemas nacionales es un poco más del 12% del planeta, es decir cerca de 29,2 millones de Km2 (Tabla Nº 1) que corresponden a 84 488 sitios, de los cuales 3 228 (4% del total mundial) corresponden a la categoría VI. En América Latina bajo esta categoría se han designado 493 áreas con una extensión de 1,2 millones de Km2 que, respecto al total mundial de esta categoría, corresponden al 15,3% del número de áreas y 30,5% de la superficie (casi la tercera parte).

Tabla Nº 1. Áreas protegidas categoría VI en América Latina y el mundo

REGIÓN

PAIS

AREAS PROTEGIDAS DE CATEGORIA VI*

SUPERFICIE (Km2)

ÁREAS CON PORCIÓN MARINA

América Central

Costa Rica

44

5.233,3

2

El Salvador

0

0,0

0

Guatemala

30

20.522,9

0

Honduras

0

0,0

0

México

64

172.476,6

19

Nicaragua

3

12.127,3

0

Panamá

1

1.159,7

0

América del Sur

Argentina

18

73.110,7

1

Bolivia

5

13.791,0

0

Brasil

226

527.943,0

2

Chile

0

0,0

0

Colombia

51

4.641,2

0

Ecuador

9

155.376,1

2

Paraguay

2

928,1

0

Perú

18

38.354,7

1

Uruguay

0

0,0

0

Venezuela

10

165.678,0

0

Caribe de habla hispana

Cuba

12

18.486,1

7

Republica Dominicana

0

0,0

0

TOTAL América Latina y el Caribe en categoría VI

493

1.209.828,7

34

TOTAL Mundial en categoría VI

3.228

3.959.854,8

387

TOTAL Mundial

84.488

29.227.890,0

-

* Se sabe que hay más áreas, pero a la fecha no estaban informadas oficialmente en la Base de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas - WDPA.

En el mundo casi todas las áreas de categoría VI representan con exclusividad ecosistemas terrestres. Solo el 12% a nivel mundial (387 áreas) y 7% de la región (34 áreas) corresponde a áreas que contienen en alguna proporción ecosistemas marinos.

Como se observa en la Figura Nº 1, en la Región la gran mayoría de países tienen por lo menos un área protegida designada bajo la categoría VI, con excepción de cinco: Republica Dominicana, Uruguay, Chile, Honduras y El Salvador. La mayor proporción de sitios está en Brasil que tiene 226 áreas, seguido de México, Colombia, Costa Rica y Guatemala quienes tienen entre 30 y 64. En cuanto a superficie (Figura Nº 2) Brasil protege casi la mitad de la superficie total de la Región con 527 944 Km2, seguido por México, Venezuela, Ecuador y Argentina.

Figura Nº 1. Número de áreas protegidas designadas bajo la categoría VI en América Latina
Figura Nº 1. Número de áreas protegidas designadas bajo la categoría VI en América Latina
 
Figura Nº 2. Superficie (Km2) de áreas protegidas bajo la categoría VI en América Latina
Figura Nº 2. Superficie (Km2) de áreas protegidas bajo la categoría VI en América Latina


Denominaciones utilizadas

Los 19 países de América Latina al 2006 habían utilizado 31 denominaciones diferentes para identificar las áreas protegidas que equivalen a la categoría VI. La tabla Nº 2 presenta una síntesis que fue elaborada a partir del análisis comparado entre las definiciones establecidas por las leyes de cada uno de los países y las de UICN (1994), así como información oficial entregada a la FAO (2006).

En la tabla se reflejan varios elementos interesantes:

- La aplicación de la categoría VI en América Latina es muy variada. La gran mayoría de los países tienen entre una o dos denominaciones equivalentes.

- En América Latina la categoría VI se orienta hacia las reservas de fauna silvestre (con nomenclaturas diferentes), mediante el manejo de poblaciones y algunas definiciones incluyen a las comunidades indígenas.

- Casi la mitad de los países cuentan con categorías relacionadas con reservas forestales (bajo distintas nomenclaturas) destinadas básicamente a la producción de madera, subproductos del bosque o productos forestales en general.

- Algunos países mencionan la protección del recurso hídrico como el objeto central de las áreas de categoría VI.

Tabla Nº 2. Correspondencia de la distribución de la categoría VI de la UICN en los países de América Latina. (Ponce, 2006 en FAO, 2008)

Tabla Nº 2. Correspondencia de la distribución de la categoría VI de la UICN en los países de América Latina. (Ponce, 2006 en FAO, 2008)
Tabla Nº 2. Correspondencia de la distribución de la categoría VI de la UICN en los países de América Latina. (Ponce, 2006 en FAO, 2008)

Fortalezas y debilidades en la aplicación

La aplicación de la categoría VI en América Latina ha tenido una serie de aciertos y desaciertos, y de acuerdo a los recientes eventos realizados sobre el tema en la Región - que se mencionaran en la Introducción – la situación actual puede ser caracterizada como sigue:

Comprensión del concepto: Aun cuando la categoría VI busca armonizar la preservación y el uso sostenible de recursos naturales, es frecuente que los objetivos de conservación se encuentran en la gran mayoría de los casos supeditados por los objetivos de desarrollo económico y de supervivencia, poniendo en peligro la integridad ecológica. En diversas oportunidades se declaran área con valores naturales escasos y más preocupante aún es el uso de esta categoría en ecosistemas altamente frágiles, donde debería limitarse al máximo el aprovechamiento directo de recursos naturales.

Institucionalidad, políticas y legislación: En la mayoría de países el marco político, legal e institucional de los sistemas nacionales de áreas protegidas es débil, limitando la declaración, manejo y protección real de los valores en todas las áreas, incluidas las de categoría VI. El sistema administrativo descentralizado, cuando existe, favorece el manejo de las áreas de esta categoría, aunque en la mayoría de países persisten estructuras centralistas, desarticuladas y burocráticas, que impiden la asignación de recursos económicos y humanos suficientes para el manejo.

Participación y rol de las comunidades locales: Las autoridades que han establecido la categoría VI no siempre han interactuado con las comunidades que usan los recursos para informarles de la importancia de estos sitios para la conservación y generalmente no han establecido acuerdos con ellos. Se evidencia una débil coordinación entre autoridades y comunidades locales en los procesos de planificación, reglamentación y monitoreo. A veces son las propias comunidades locales las que denuncian abusos de extracción, imponiendo sanciones que han servido de ejemplo para otras comunidades.

Planificación: Muchas áreas de categoría VI no cuentan con planes de manejo actualizados, aprobados ni en implementación y cuando existen, en la mayoría de los casos son conocidos únicamente por los funcionarios que los preparan, sin que las comunidades participen en el ejercicio de la planificación ni en la implementación. En general se carece de estudios suficientemente completos para valorar los bienes y servicios generados.

Gestión: La gestión de las áreas de categoría VI se ve limitada por la escasa asignación de recursos financieros, lo que restringe la vinculación de personal y la disponibilidad de equipamiento e infraestructura. Es usual que el personal posea bajos niveles de capacitación y no reciba una remuneración justa, a pesar de las responsabilidades que se les asigna. En general no se destina presupuesto para la investigación y monitoreo ni para la regulación del uso de los recursos naturales. Varios países informan que los ingresos generados no se reinvierten en las áreas por lo que es frecuente la dependencia de la cooperación internacional.

Manejo de recursos: En muchas áreas de categoría VI se observa un inadecuado uso de los recursos naturales, progresiva alteración de los ecosistemas, aumento en los niveles de contaminación del recurso hídrico, pérdida de servicios ecosistémicos y pobreza de la población residente. Es frecuente que los gobiernos declaren de prioridad nacional proyectos económicos “depredadores”, en la perspectiva de desarrollo económico de corto plazo. Más aún, con unas pocas excepciones, no existen mecanismos, instrumentos, ni personal para el control y monitoreo ambiental de las normas de mitigación de impactos ambientales o restauración de los ecosistemas.

DESAFIOS EN LA GESTION DE LAS AREAS PROTEGIDAS DE CATEGORIA VI

A diferencia de muchos países desarrollados, que reconocieron la importancia de la conservación cuando quedaban sólo relictos pequeños de recursos naturales (Fandiño y Wyngaarden, 2005), en América Latina persiste una proporción y número considerable de valores de biodiversidad que son reconocidos mundialmente y que aún es posible proteger, pese a las amenazas del desarrollo, la globalización, la pobreza y el cambio climático. Adicionalmente, la Región posee una importante diversidad y riqueza cultural, especialmente por la existencia de poblaciones indígenas, que han desarrollado con el tiempo formas especiales de relación con la naturaleza, contribuyendo en ocasiones a su conservación. De hecho, en la actualidad buena parte de las áreas de alto valor biológico coinciden con territorios habitados por comunidades humanas, donde conservar la naturaleza implica valorar juiciosamente la posibilidad de conciliar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales con la protección de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos, bajo modelos de regulación compartida, que es la esencia de la categoría VI.

Desde otra perspectiva para muchos especialistas en las ciencias de la conservación, las áreas protegidas equivalentes a la categoría VI deberían ser reclasificadas como “áreas de desarrollo sustentable”, a fin de evitar confusiones y también evitar que estas categorías sean consideradas como áreas protegidas de segunda clase. Es así como Locke y Dearden (2005), entre otros, llaman la atención mencionando que el enfoque de la categoría VI representa un verdadero peligro para las verdaderas áreas protegidas, dado que puede transformarse en una doctrina donde la conservación de la biodiversidad es desplazada por el desarrollo social y económico de las comunidades locales. Lo cierto es que en la Región, esta categoría ha tenido una aceptación creciente y la gran mayoría de países considera acertado que el sistema de categorías de UICN la contemple como otra alternativa para contribuir a la conservación in situ, para evitar la extinción de especies y la pérdida de funciones, recursos y servicios de los ecosistemas.

Hacer viable en el largo plazo las áreas protegidas de categoría VI, implica enormes retos para los administradores de los sistemas nacionales de áreas protegidas, los gestores, los guardaparques y las comunidades locales. Sin agotar la lista, a continuación se presentan los desafíos de mayor significancia.

· Seleccionar adecuadamente los sitios que serán designados bajo categoría VI. La declaración de áreas de categoría VI debe sustentarse primariamente en la necesidad de proteger superficies con suficiente valor natural, que sean muestras representativas de la diversidad biológica, asegurando que los criterios de selección sean técnicamente válidos y cumplan con el objetivo de garantizar la conservación la biodiversidad a largo plazo. Las áreas deben ser suficientemente amplias para tolerar el aprovechamiento sostenible de sus recursos y preferentemente deben tener pocas zonas ocupadas. La categoría debe utilizarse en ecosistemas no vulnerables al uso directo.

· Establecer regulaciones específicas para el aprovechamiento y uso de recursos naturales. Con base en los objetivos de conservación, es indispensable establecer y acordar con los pobladores las condiciones de uso de los recursos naturales precisando las especies, tallas y cuotas de aprovechamiento. Estas regulaciones deben contener medidas de monitoreo, control y sanción frente al incumplimiento. Para lo anterior es necesario promover las investigaciones y la difusión de sus resultados.

· Desarrollar formas de gobernanza adecuadas al contexto de cada área. Con base en las particularidades de cada área, se requiere establecer enfoques innovadores de gobernanza que garanticen la participación de los pobladores locales y de las autoridades responsables de la administración.

· Garantizar recursos suficientes para una gestión efectiva y oportuna. En las áreas de categoría VI se debe asegurar una gestión permanente donde se monitoree el cumplimiento de las regulaciones de uso de recursos naturales y la zonificación. Por ello se requiere contar con recursos humanos, económicos y operativos, en cantidad y calidades suficientes.

· Fortalecimiento de capacidades de los administradores de las áreas protegidas. Es necesario que las autoridades responsables de la gestión promuevan el desarrollo de capacidades de los administradores y guardaparques, así como la generación o adaptación de adecuadas herramientas para la planificación y el manejo.

· Promover incentivos y otros mecanismos económicos que favorezcan el cumplimiento de las regulaciones de manejo. Resulta indispensable promover incentivos económicos y no económicos que beneficien a las comunidades, haciéndolas aliadas de la conservación. La exención de impuestos a la propiedad, certificación de origen, promoción del biocomercio constituyen algunas alternativas.

· Desarrollar un marco acordado de políticas y normativas para la aplicación adecuada de las categorías. Cada país debe valorar la claridad y aplicabilidad del marco de políticas y normativo actual relacionado con la categoría VI y promover su fortalecimiento, precisando conceptos, enfoque, lineamientos y responsabilidades para la conservación de estas áreas.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Biocolombia, 1997. Criterios para la declaración de áreas protegidas de carácter regional y municipal. Bogotá, Colombia. 71 p.

Dudley, N. (Editor) (2008). Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas. Gland, Suiza: UICN. x + 96 p.

Fandiño_Lozano, M. y W. van Wyngaarden, 2005. Prioridades de Conservación Biológica para Colombia. Grupo ARCO, Bogotá, Colombia. 13-27 p.

FAO-REDPARQUES. 2006. Conclusiones y recomendaciones foro electrónico sobre la categoría VI UICN.

FAO. 2006. Compilación de Informes Nacionales preparados para el seminario – taller de Categoría VI de la UICN Área Protegida con Recursos Manejados en América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Uruguay.

FAO. 2008. La Categoría VI de la UICN en América Latina: Área protegida para el Manejo de Recursos. Programa FAO/OAPN. Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Santiago, Chile. 52 p.

Locke H. and Dearden P. 2005. Rethinking protected area categories and the new paradigm. Environmental Conservation 32(1):1-10

Oltremari, J. y Thelen, K. 2006. La Categoría VI de la UICN y su Aplicación en los Sistemas de Áreas Protegidas de América Latina. Cuadernos FODEPAL, Biblioteca Virtual. Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

Ponce, C. 2006. Documento Base para el Foro Electrónico sobre la Categoría VI de la UICN: Área Protegida con Recursos Manejado (10-28 de abril de 2006). Documento de trabajo de la REDPARQUES. Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Santiago, Chile. 4 p.

World Database on Protected Areas (WDPA) Annual Release 2009 (web download version), February 2009. The WDPA is a joint product of UNEP and IUCN, prepared by UNEP-WCMC, supported by IUCN WCPA and working with Governments, the Secretariats of MEAs and collaborating NGOs. For further information: protectedareas@unep-wcmc.org