Autores
  • Elisa Corcuera Vliegenthart
    Presidente de ASI Conserva Chile A.G.
  • David Tecklin
    Candidato a Ph.D., Universidad de Arizona e Investigador Asociado del Centro de Estudios Ambientales Transdisciplinarios de la Universidad Austral de Chile.
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Asociatividad gremial como adaptación a la precariedad institucional de la conservación en Chile: el surgimiento de Así Conserva Chile, A.G.

Introducción

Chile destaca por la gran diversidad, cantidad y superficie cubierta por iniciativas no-gubernamentales de conservación ecológica. Según las últimas estimaciones existirían más de 370 iniciativas que cubrirían aproximadamente 1,5 millones de hectáreas (MMA, 2011), situándose como líder en Latinoamérica. Sin embargo, tales figuras no son tan claras y transparentes como inicialmente parecen. A pesar de diferentes esfuerzos fallidos por regular las áreas voluntarias de conservación, aún no existe un marco legal específico, y por lo tanto no existe una definición oficial de qué constituye un área de protección de propiedad privada, indígena o comunitaria (en adelante reservas voluntarias) y por lo tanto tampoco existen datos fidedignos de su envergadura y características actuales. La mera "auto-declaración" o comunicación de intenciones de conservar es hasta ahora la única forma de definición.

Una característica notable de las reservas voluntarias chilenas es que han experimentado un crecimiento acelerado desde el inicio de los 1990, en la ausencia de un marco regulatorio específico. Este contexto de laissez faire es un factor determinante en diferenciar a Chile de otros países que son importantes referentes en conservación privada, como lo son Costa Rica, Colombia o Sudáfrica, en los cuales el fenómeno emerge con legislación específica y con variados incentivos.

En el contexto de precariedad legal, los gestores de las reservas voluntarias han buscado estrategias para superar los desafíos interrelacionados que enfrentan - de reconocimiento, permanencia, financiamiento, y gestión - y una de las claves ha sido la asociatividad. El más reciente y hasta ahora más intenso esfuerzo de esta naturaleza es la creación de la Asociación Gremial de Iniciativas de Conservación en Áreas Privadas y de Pueblos Originarios de Chile - "ASI Conserva Chile A.G." - (ASICCh). La importancia de la asociatividad entre iniciativas no gubernamentales ha sido ampliamente reconocida en la práctica y en la literatura de la conservación, y ha tomado cuerpo con experiencias en América Latina de creación de redes nacionales desde inicios de los 90.

En este contexto, sin duda que la asociación chilena, formada recién en 2010, se da en forma tardía. Sin embargo, el caso de la asociación en Chile es relevante, entre otras razones, por su conformación como una adaptación a un contexto donde el accionar del Estado en los temas ambientales es muy constreñido política e institucionalmente, entendiendo lo institucional en su sentido amplio como el complejo de reglas, prácticas y estrategias relativamente estables (Ostrom, 2005). Por lo tanto, el surgimiento y accionar de ASI Conserva Chile ofrece una ventana para entender la problemática, desafíos y oportunidades que enfrentan los gestores de la conservación en Chile. Los autores, como participantes activos en el movimiento de conservación en Chile, desde la década de 1990, buscaron conexiones explicativas entre los escollos comunes enfrentados por las iniciativas no gubernamentales en Chile en las últimas dos décadas, y el contexto actual donde la asociatividad gremial está contribuyendo a abrir espacios hacia la superación de aquellas barreras.

Caracterización de la conservación voluntaria en Chile

Al inicio de los años 1990, cuando comienzan a surgir las reservas voluntarias en Chile, estas muestran una gran diversidad en términos de gestores, motivaciones y lógicas de acción, niveles de implementación y tamaño de áreas afectadas. Mientras los casos más conocidos son las reservas grandes, vinculadas a fortunas personales, empresas o fundaciones con apoyo internacional, la gran mayoría de las iniciativas corresponden a pequeños propietarios (Cuadro 1 y Sepúlveda 2004). Las iniciativas de ONGs son relativamente formalizadas, en el sentido de que pertenecen a organizaciones dedicadas a la conservación y/o han buscado asegurar la protección legal con las pocas herramientas disponibles, particularmente la figura de Santuario de la Naturaleza (CODEFF, 1999). Las iniciativas individuales o familiares, por el contrario, suelen ser menos formalizadas y buscan el reconocimiento en su trayectoria.

Una característica distintiva del fenómeno ha sido la importancia de iniciativas que mezclan el interés en generar beneficios privados (sean de uso propio o inversión) con intenciones más altruistas de proveer bienes públicos, algo que ha sido caracterizado como una "fórmula chilena de la conservación" (Sepúlveda et al., 1998). En particular, los proyectos "eco-inmobiliarios" y las innovadoras compras colectivas de tierras llamadas "comunidades de conservación" son notables ejemplos de esta fórmula mixta, que comparten el modelo de generar un área destinada al desarrollo inmobiliario y recreativo, con un área mayor mantenida en común para la conservación (Corcuera, et al., 2002).

Las reservas voluntarias gestionadas por comunidades indígenas y agrícolas aumentan aún más la diversidad del movimiento (Aylwin y Cuadra, 2011). Ellas suelen ser parte importante de su gestión territorial y generalmente están asociadas a proyectos ecoturísticos.

Algunas iniciativas privadas similares pero menos integradas al movimiento de las reservas voluntarias incluyen los terrenos pertenecientes al Ministerio de Bienes Nacionales, que han sido concesionadas a privados para su conservación y explotación turística ("bienes nacionales protegidos"). También se encuentran los remanentes de bosque nativo dentro de la matriz forestal industrial, con una clasificación de Áreas de Alto Valor para la Conservación y reconocidas en los compromisos de certificación forestal.

El avance de la conservación voluntaria en Chile

El inicio de los noventa fue marcado por el "descubrimiento" por parte de la sociedad civil del surgimiento de iniciativas de conservación en tierras privadas, indígenas y comunitarias como un fenómeno que - sin ser inédito - ahora ocurría con un alcance distinto y en resonancia con las tendencias globales en conservación. Las ONGs nacionales (Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora - CODEFF - y Centro de Investigación y Planificación del Medio Ambiente - CIPMA - en particular) lideraron una serie de esfuerzos para caracterizar, visibilizar y apoyar lo que estaba ocurriendo. Esto incluyó el primer esfuerzo por conectar las áreas protegidas privadas en una red nacional (Red de Areas Protegidas Privadas-RAPP), que en su período activo logró identificar y catastrar un gran número de iniciativas.

Cuadro 1. Panorama y ejemplos de reservas voluntarias en Chile
Rango (ha)Comunitarios e indígenasIndividuales y familiaresONG y universidadesFormulas mixtasEmpresas
1 a 499 APP Valdivia A.G (40 socios),
Red Contulmo (21 socios), Conservación Cochamó (4 socios), Parque Katalapi, APP Senderos del Bosque
Senda Darwin, Punta Curiñanco, Humedales de ChepuNamuncai, Madreselva, Cerro el Boldo de ZapallarParque Eólico Lebu, Parque Oncol
500 a
10 000
Red de Parques Indígenas Mapu Lahual, Territorio Indígena Protegido QuinquenHacienda el Durazno, Proyecto Pichimahuida, Las CardillasSan Pablo de Tregua, Nasampulli, Huemules de Niblinto, El Cañi,
Parque Omora
Ahuenco, Oasis la Campana, Parque del Estuario (ex-Factoría), La Invernada, Las CenizasCliffs Preserve
10 000 a 49 000Comunidad Agrícola Estero DerechoParque Futangue, Parque Andino Juncal, Altos de CantillanaHuinay, Melimoyu/Isla MagdalenaAlto Huemul, Valle California (Patagonia Sur). 
49.000+Comunidad Agrícola los HuascoaltinosReserva Biológica Huilo Huilo*Parque Pumalin, Hacienda Chacabuco, Estancia Yendegaia, Karukinka, Reserva Costera Valdiviana Parque Tantauco**
*Esta categoría representa la característica mayoritaria de la propiedad, pero también tienen porciones de la Reserva con mayor grado de formalización de la protección y un proyecto inmobiliario.
**Empresa Bancard en lo formal, pero adquirido y gestionado por Sebastián Piñera (Presidente de Chile).

La década de los noventa fue de un creciente reconocimiento en Chile de la importancia de las áreas voluntarias de conservación, ante la evidente incapacidad del sistema público de lograr metas y compromisos internacionales en materia de biodiversidad, durante un período además marcado por grandes conflictos asociados a la pérdida de los bosques nativos. Hacia fines de la década coincidió además con la apertura de nuevos espacios para las áreas protegidas privadas, en foros como los de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el aumento de vínculos y canales de financiamiento internacionales.

Esta primera etapa de las reservas voluntarias fue marcada en particular por la controversia mediática centrada en el caso del Parque Pumalin, el mayor y más puramente "preservacionista" de las iniciativas de conservación hasta entonces conocidas en Chile, desarrollada por el empresario norteamericano Douglas Tompkins y sus colaboradores. Por lo tanto, entre los cuestionamientos de diversa índole - y a menudo sin fundamento - se instaló entre algunos sectores un discurso duradero de cuestionamiento a las reservas voluntarias como impedimentos potenciales al desarrollo económico.

A pesar de continuos y diversos esfuerzos desde la sociedad civil por involucrar al gobierno en el encauzamiento del naciente movimiento social de conservación voluntaria, el gobierno en general se mantuvo al margen de la actividad. Este hecho no es de sorprender, si se considera que incluso el sistema público de áreas protegidas se ha mantenido en un estado de precariedad legal y financiera (Pauchard y Villarroel, 2002). Si bien es cierto que las áreas protegidas privadas fueron reconocidas en la legislación ambiental marco del país en 1994, hasta el día de hoy ésta no se ha hecho efectiva debido a la incapacidad de promulgar su reglamentación.

Hacia fines de los noventa e inicios de los 2000 ocurrió un cambio cualitativo en el movimiento de conservación, en la cual las reservas voluntarias adquirieron un mayor grado de estabilidad, legitimidad social y profesionalización. En parte esto se debió a los esfuerzos de ONGs, como un proyecto del Centro de Investigación y Planificación del Medio Ambiente (CIPMA) con apoyo del Global Environmental Facility (GEF). Este proyecto generó experiencias piloto de manejo y organizó dos redes de áreas protegidas provinciales (Valdivia y Chiloé), constituidas por pequeños propietarios. Junto con esto, un núcleo de profesionales se fue especializando y familiarizando con modelos internacionales, gracias a la participación periódica en los encuentros estadounidenses de Land Trusts y en Congresos organizados por la Alianza Latinoamericana de Reservas Naturales Privadas. En Chile, se organizó el primer Congreso Nacional de Conservación en Tierras Privadas en 2002. Además, en 2002-2003, aumentó dramáticamente la superficie de áreas protegidas privadas protegiendo bosques templados lluviosos, gracias a la creación de la Reserva Costera Valdiviana liderada por WWF y TNC, el Parque Karukinka por parte de Goldman Sachs con Wildlife Conservation Society (WCS), el Parque Tantauco por el empresario Sebastián Piñera y la Reserva Biológica Huilo Huilo de la familia Petermann Reifschneider. Así, en poco más de una década, se empezó a desarrollar una masa crítica de proyectos, profesionales y consolidados ejemplos de distintas formas de gestión.

Desafíos del precario contexto institucional

Las reservas voluntarias en general requieren de un rango de habilidades científicas, educativas, en el ámbito de la construcción, de los negocios, entre otros, que rara vez se juntan en un solo proyecto. Así, la falta de conocimientos técnicos ralentiza todo desarrollo e impide la consecución de altos estándares de manejo y sustentabilidad financiera. Subyacente, por lo tanto, existe una sensación de ineficiencia ante el hecho que cada iniciativa tenga que aprender por si sola los mecanismos para protegerse y sustentarse, sin haber instancias de intercambio de experiencias y aprendizajes.

Otro desafío compartido es el de la sustentabilidad en el tiempo. Normalmente, las personas que se involucran en un proyecto de conservación lo hacen a conciencia que su propia vida es un abrir y cerrar de ojos en la escala del tiempo de la naturaleza. Por ello sus proyectos deben contar con protección legal y fuentes de financiamiento que superen la escala del tiempo propia, para llegar a ser realmente transcendentes. Sin embargo, el financiamiento para las áreas protegidas suelen ser ingresos personales de otras fuentes, sujetas a vaivenes económicos y por lo tanto inciertos.

Por otra parte, las opciones de protección legal son escasas o inexistentes. Una de las opciones de los proyectos de conservación ha sido ignorar el problema a través de la auto-declaración sin protección legal (voluntaria), en la esperanza que existan mejores alternativas legales a futuro. Otra opción ha sido el reciclaje creativo de herramientas legales creadas con otros fines, proceso innovador, pero también desgastante de recursos y energías al no tener alternativas claras. Además, deja en los gestores un residual de incertidumbre respecto de la efectividad y continuidad en el tiempo de las herramientas adoptadas.

La protección legal es considerada algo deseable, no sólo para asegurar que la voluntad del propietario de conservar sea respetada por las futuras generaciones, sino también para que sea respetada en vida frente a amenazas externas. Las reservas voluntarias son vulnerables, especialmente porque la legislación nacional fragmenta los derechos sobre los recursos naturales en mucho mayor grado que en la mayoría de los países, y crea regímenes de propiedad especiales para intereses mineros, geotérmicos, hidroeléctricas, zona intermareal, y otra infraestructura. Esta fragmentación y el acelerado crecimiento industrial hacen que una gran parte de las reservas voluntarias sientan amenazas latentes o activas y temen que sus esfuerzos sean aniquilados, sin existir los mecanismos para oponerse. Por lo tanto, la necesidad de elevar la discusión legal a nivel político era evidente, pero los espacios de discusión de políticas públicas en el Congreso y los ministerios, han sido relativamente cerrados a los actores externos al aparato público y la gran empresa, además de estar extremadamente centralizados en la ciudad capital, contribuyendo a una sensación de desinformación, impotencia individual y falta de canales de participación.

En un contexto político, en el cual ocasionalmente reflota un discurso anticuado que habla de las reservas voluntarias como escollos al desarrollo, en vez de centros de oportunidad para el crecimiento económico sustentable del país, la necesidad de dar a conocer proactivamente los importantes logros y aportes se vuelve evidente. Quienes poseen el fuerte convencimiento de estar contribuyendo al bien común, a un costo propio enorme y creando importantes bienes públicos y externalidades positivas, eventualmente buscarían en la asociatividad la posibilidad de abrir espacios presentándose como frente común.

Así, entre la gente ligada al tema de la conservación privada, se ha desarrollado paulatinamente conciencia de las problemáticas compartidas de gestión, permanencia, financiamiento y reconocimiento. Desde el 2000 en adelante, cada vez se hacía más evidente el doble imperativo de, por una parte, abordar los desafíos directamente desde el mismo sector, y por otra parte, promover en forma asociada un accionar del gobierno por medio del legislativo y los servicios públicos.

Así Conserva Chile (ASICCh) y la coyuntura actual

El catalizador que faltaba para gatillar la asociatividad de las reservas voluntarias vino en 2009 con la participación de sus gestores en encuentros auspiciados por el Ministerio de Medio Ambiente, con el apoyo del GEF, en un proyecto orientado a generar un sistema regional de áreas protegidas en las Regiones de los Ríos y de los Lagos. Los propietarios involucrados, representando aproximadamente al 60% del total de iniciativas del país, tomaron la decisión colectiva de crear una asociación de carácter nacional, que desde el sur convocara también a las otras regiones. La convocatoria nacional fue hecha con éxito, dado que la red social de los participantes incluía a muchos que habían participado en proyectos y encuentros a través de los años, que habían contribuido a crear confianza, amistades, y conciencia colectiva de los desafíos compartidos a nivel nacional.

Se empezó con la formación de un comité para la redacción de los estatutos con representación de los diversos estamentos. La ausencia de un liderazgo predominante de una ONG u otro actor en particular marcó el proceso, que a cambio fue caracterizado por múltiples liderazgos con diversas bases sociales, políticas y financieras. En esto, desde el inicio, se ha escapado a la tendencia de personalismo y dependencia en ONGs individuales que marcan muchas experiencias de redes en Chile y las Américas. El vacío legal en la definición de reservas voluntarias, que ha sido tan problemático para otros fines, en este caso reforzó la inclusividad de la organización, permitiendo la participación de muy diversas iniciativas, sin distinciones a priori en términos de quién calificaba como un área protegida "de verdad".

En su reunión constitutiva de 2010 ASICCh nace con 32 socios fundadores -representando a 14 reservas voluntarias y 3 redes de propietarios -, además de ONGs internacionales y nacionales, y representantes gubernamentales. Para afiliarse a la organización se decide cobrar una cuota diferenciada según la envergadura de cada iniciativa (2, 12, 24 Unidades de Fomento/anual).[1] Se tomó también la decisión participativa y largamente discutida, de dejar de hablar de áreas protegidas privadas y comenzar a considerar el movimiento como uno de Áreas Protegidas Privadas y de Pueblos Originarios, dado que este segmento de las reservas naturales no se identificaba en absoluto con el apelativo "privado", dada su tradición y cultura comunitaria. Fue también un hito el que la organización asumiera una misión integradora. A diferencia de los enfoques que valoran la conservación de la biodiversidad per se, se identificó además la protección de patrimonio cultural asociado, y un fuerte énfasis en el desarrollo económico y social del país y de las comunidades rurales con las cuales comparten el entorno. El formato de asociación gremial adoptado reflejaba no sólo la necesidad de encontrar un nicho dentro de las limitadas opciones legales en Chile, sino también una estrategia de apropiación de una forma de representación sectorial legitimada, que abre canales de participación y financiamiento, generalmente reservados a empresas de rubros más tradicionales.

El primer período, luego de la conformación de la Asociación en Octubre del 2010, estuvo enfocado en el establecimiento formal de la organización con todos sus típicos ámbitos de personalidad jurídica, definición de imagen corporativa, y el desarrollo de equipos de trabajo. El simple hecho de tener un costo de asociación marcó una diferencia con iniciativas anteriores, ya que la disposición a pagar muestra un compromiso con la asociatividad, y genera un piso mínimo de funcionamiento para la asociación gremial. En el período actual, el trabajo se ha enfocado en crear medios de comunicación y encuentro entre los socios, así como oportunidades de aprendizaje e intercambio. Esta articulación entre iniciativas en sí ha generado una sensación de avance colectivo que contrasta con la inamovilidad de las políticas públicas. La difusión de las iniciativas por una instancia distinta a la propia ha sido importante. Estos esfuerzos han incluido la publicación periódica de un boletín electrónico (ver www.asiconservachile.org), encuentros, y la organización durante el 2011 de una serie de giras técnicas a áreas protegidas de la red llamadas "Visitas detrás del Telón" (ASICCh, 2011). Actualmente ASI Conserva Chile A.G. cuenta con 54 socios (representando 33 reservas voluntarias o redes).

En el frente externo la Asociación ha realizado un meticuloso trabajo de representación gremial en seminarios y conferencias. A pesar de ser escasos los espacios de participación disponibles en el ámbito gubernamental, se ha logrado colocar representantes en el Consejo Consultivo del Bosque Nativo y el Consejo de Promoción Turístico, y participa actualmente en la Mesa de Trabajo público-privada para la reglamentación de la Ley de 1994. Se han hecho también eventos y presentaciones en el Congreso Nacional de la República. La presencia de las reservas voluntarias en los Consejos Consultivos, mesas de trabajo políticas, en el Congreso Nacional y en espacios académicos no había ocurrido antes, al menos en parte, por la ausencia de una entidad de representación. La existencia - por primera vez - de una contraparte creíble, viene a cambiar el escenario y las reglas del juego, algo conocido como "game changer", y así la Asociación ha comenzado a insertarse rápidamente en espacios de participación que no estaban siendo utilizados (ASICCh, 2011). Esto se da en un momento histórico marcado por esfuerzos de reestructuración de la institucionalidad ambiental pública del país.

El énfasis del gobierno actual ha sido el de terminar la instalación de los componentes faltantes de este proceso de reestructuración iniciado en 2006, especialmente con la instalación de tribunales ambientales, una superintendencia ambiental y los dos proyectos de ley prometidos: uno para dar carácter público al servicio forestal y el otro para una Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Tecklin, D. et al., 2011). Simultáneamente viene tramitándose en el Congreso desde el 2009, con el apoyo de The Nature Conservancy (TNC) y una red de abogados voluntarios, un proyecto de ley novedoso para Chile, que crearía un Derecho Real de Conservación, análogo a la legislación estadounidense para "conservation easements" o servidumbres de conservación. Se espera que esta iniciativa sea un buen aporte. No obstante, la impresión generalizada es que aborda sólo una pequeña fracción de los desafíos, mientras que la nueva institucionalidad gubernamental - por lo general - no reconocerá ni aportará a la realidad de las reservas voluntarias. El sentimiento de desaprovechar un momento político histórico por falta de capacidad de presencia y presión colectiva, ha estimulado los esfuerzos de asociatividad. Así, el trabajo de ASICCh de representar a las reservas voluntarias como un sector propio, con necesidades específicas, ha contribuido a elevar su visibilidad más allá de proyectos individuales.


[1] Un Unidad de Fomento (UF) tiene un valor de aproximadamente Ch$23.000 en 2012.

Proyecciones y conclusiones

La Asociación se ha planteado la necesidad de trabajar en dos frentes. Por un lado, y desde lo público, la de reconocimiento, fomento apropiado, y protección o por lo menos nivelación de las condiciones de juego en relación a otros usos y rubros. Desde lo privado o no gubernamental, busca responder al interés en la diferenciación y valorización de esfuerzos, reconocimiento mutuo, difusión de aprendizajes, creación de capacidades técnicas, articulación local para el desarrollo, y la captación de oportunidades de mercado nuevas. Como forma de superar las barreras sentidas por la falta de reconocimiento oficial, ha tomado fuerza el concepto de, en primer lugar, usar la Asociación y el procedimiento para el ingreso de nuevos socios como un primer nivel de diferenciación y posteriormente la generación de un estándar para reservas voluntarias que desde la sociedad civil ofrezca la posibilidad de certificar las categorías de protección y compromisos de las iniciativas.

Para lo público, las proyecciones en el contexto chileno descansan en efectivamente cambiar el paradigma donde las áreas protegidas privadas son vistas como un potencial obstáculo para el desarrollo, hacia uno donde sean valoradas como prestadoras de servicios esenciales, de actividades económicas y nuevas oportunidades, asociadas a la puesta en el mapa nacional e internacional de lugares antes poco conocidos. Mientras que el nuevo paradigma de áreas protegidas como motores y base del desarrollo, ya es visible en terreno gracias al trabajo local de varios proyectos con mayores inversiones y trayectoria, con un apropiado programa de fomento y difusión, se proyecta acelerar este cambio de visión. En la medida que esta visión más moderna se instale, se espera trabajar junto con el gobierno en la creación de mecanismos de pago por servicios ambientales, en instrumentos de desarrollo productivo focalizados (por ejemplo en el turismo) e incentivos para la conservación de la biodiversidad.

A pesar de los avances hacia el fortalecimiento del sector de las reservas voluntarias en Chile, y el crecimiento de la asociación gremial, siguen existiendo una serie de problemas subyacentes, los que se identifican como problemas de gestión, financiamiento, permanencia y reconocimiento. En algunos casos, las soluciones a ellos escapan a las posibilidades de los gestores no gubernamentales. Es necesario comprender también que el interés privado no siempre se alinea con el público, y que son necesarias políticas gubernamentales para incentivar la protección de los terrenos en áreas de interés público (sectores económicamente deprimidos, zonas urbanas y peri-urbanas, de biodiversidad amenazada, o claves para la producción de recursos ecosistémicos apropiables por terceros). Estos generalmente no atraen el interés de los gestores de iniciativas voluntarias de conservación, que tienden a ubicarse en zonas de belleza escénica, con costos alternativos del suelo relativamente bajos. A pesar de la aparición del "game changer" que es ASI Conserva Chile, que hace prever una aceleración en los avances en conservación voluntaria en el país, la respuesta a los temas mayores planteados en este artículo ineludiblemente requieren de una acción estatal mucho más decidida y eficaz de lo que se ha visto en las últimas décadas.

Bibliografía citada

ASICCh. 2011. Memoria Institucional 2010-2011. Asi Conserva Chile. Santiago, Chile

Aylwin, J. y Cuadra, X. 2011. Los Desafíos de la Conservación en los Territorios Indígenas en Chile. Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Temuco, Chile.

CODEFF. 1999. Las Áreas Silvestres Protegidas Privadas en Chile: Una herramienta para la conservación. Santiago, Chile.

Corcuera, E., Sepúlveda, C. y Geisse, G. 2002. Conserving land privately: spontaneous market for land conservation in Chile. In: Selling Forest Environmental Services: Market-based mechanisms for conservation and development. Paggiola, S., Bishop, J. & Landell-Mills, N. (Eds.). Washington, DC. USA.

MMA. 2011. Sistematización y recopilación de información directa de dos bases de datos pertenecientes a estudios sobre las iniciativas de conservación privadas. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile.

Ostrom, E. 2005. Understanding institutional diversity. Princeton University Press. Princeton. New Jersey. USA.

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Sepúlveda, C., Villarroel, P., Moreira, A. y García, D. 1998. Catastro de iniciativas privadas en conservación de la biodiversidad en Chile. CIPMA. Santiago, Chile.

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