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Derechos indígenas, áreas protegidas y otras superposiciones en Perú

Introducción

La superposición de derechos que experimentan los pueblos indígenas en Perú sobre sus territorios no es únicamente consecuencia de la creación de áreas naturales protegidas. Hay otras más y más graves. Por el contrario, en algunas ocasiones las organizaciones indígenas recurren a la figura de área protegida para salvaguardar sus derechos territoriales. Si esta estrategia funcionase sería provechosa tanto para los indígenas como para el Estado, quien, sobre el papel es responsable de proteger el megadiverso patrimonio natural de la Nación.

Como ya el lector habrá percibido, las cosas no funcionan así. Mostrar el por qué es el propósito de las páginas que siguen.

Superposición de derechos y arbitrariedades

La “ley de comunidades nativas”, promulgada en 1974 y modificada en 1978, fue el primer intento republicano en Perú para reconocer la propiedad territorial de los indígenas amazónicos1. En términos generales, una comunidad nativa comprende, además del centro poblado, las área que sus pobladores usan para desarrollar labores agropecuarias (que incluyen chacras en producción y “purmas” o barbechos) y áreas aledañas de bosques que pueden estar en suelos de capacidad de uso principalmente agropecuaria o forestal; estos últimos, a su vez, pueden ser de producción o de protección. La distinción es importante desde el punto de vista legal porque ella origina la primera superposición de derechos en tierra indígenas: mientras que el Estado les reconoce la propiedad sobre los suelos calificados como agropecuarios, los forestales se los entrega bajo contratos de cesión en uso.

En la Amazonía peruana, la extensión territorial de las comunidades es muy variable, hecho que tiene que ver con diversos factores. Uno de ellos es la disposición de tierras, la cual es escasa en las antiguas zonas de colonización. Esto ha dado como consecuencia que allí se les haya titulado reducidas extensiones de tierras. Pero la extensión de ellas también depende de cuestiones subjetivas. Entre las más conocidas: la disposición de los funcionarios encargados de realizar el proceso de demarcar los límites y aprobar los títulos (si son o no “buena gente”) y la proyección al futuro de la comunidad y su fortaleza para reclamar espacios amplios. Cuando se aprobó la ley, en la medida que se trataba de un proceso nuevo (la titulación no hacía parte de su bagaje cultural), las comunidades solían conformarse con extensiones reducidas, más o menos limitadas que usaban para cultivar. Con el paso de los años (que han implicado dificultades crecientes por aumento de inmigrantes y agresiva presencia de empresas extractivas), la idea de la titulación ha ido tomando cuerpo en la dinámica de las comunidades y organizaciones representativas, y ahora pelean no sólo por los espacios cultivados y las “purmas” sino por extensiones grandes que les garanticen su sobrevivencia como pueblos. (Chirif y García, 2007.)

La nueva comprensión de las comunidades y sus organizaciones relacionada con el tema de la titulación territorial, las llevó a generar muchas estrategias para buscar que el Estado les garantice espacios amplios, que asegurasen su crecimiento demográfico y posibilidades desarrollo futuro. Una de ellas (la más antigua) ha sido buscar la titulación contigua de territorios comunales, de tal manera que la suma de ellos dé como resultado territorios amplios con asentamientos (“comunidades”) de una misma identidad étnica. La idea era también cerrar áreas para evitar que se instalen colonos en los espacios intermedios. Otra estrategia ha sido la asociación de comunidades para solicitar un título único. Son frecuentes los casos de una comunidad central con una serie de anexos, es decir, de comunidades satélites. Esta estrategia ha sido llevada a su clímax por el pueblo Matsés (del tronco Pano asentado en la frontera con Brasil) que ha hecho que todos sus asentamientos sean inscritos como una única comunidad2 y han gestionado un título unitario de más de 400 mil hectáreas.

Por último, otra estrategia de los indígenas para garantizar territorio ha sido gestionar la declaración de áreas naturales protegidas de diversas categorías, lo que se tratará más adelante.

En teoría (y en la práctica hasta hace cierto tiempo) la cesión en uso de los suelos de aptitud forestal no ha significado problema alguno para la seguridad jurídica de las comunidades. En la medida que los contratos no tienen (no tenían, porque han dejado de darse) plazo de caducidad ni imponen requisitos a las comunidades, se entendieron como una forma distinta de reconocimiento legal de los territorios indígenas. A la luz del Convenio 169 de la OIT, la posesión no implica menor garantía que la propiedad.

Pero las cosas han ido cambiando desde hace más de una década, y funcionarios públicos, alegando que los suelos forestales no pertenecen a las comunidades han alentado invasiones de colonos. Frente a éstas, luego de agotar las vías legales, los indígenas, en muchos casos, han tenido reacciones violentas que han dejado como resultado numerosos muertos y heridos en ambos lados. Otro cambio es que desde el año 2000, cuando se promulgó una nueva ley forestal3, el Estado ha paralizado la entrega de estos contratos. Alega que esa ley no desarrolla normas específicas para hacerlo, cuando la razón de fondo es satisfacer la creciente voracidad de empresas forestales. Ante la ausencia de un catastro se han otorgado concesiones forestales en tierras indígenas poseídas o tituladas, que en realidad están sirviendo para “legalizar” madera extraída de cualquier lugar. (Cornejo, 2007.)

Otra superposición de derechos es la que se da con relación a los cuerpos de agua que el Estado declara como propiedad pública. Otra vez, la figura no sería negativa si, al mismo tiempo, se reconociera el derecho de uso de los moradores que los aprovechan. Esto es particularmente importante en el caso de lo que en Perú se conoce como “selva baja”, es decir, la parte del llano amazónico regado por grandes ríos, región de topografía casi plana y suelos inundables. En ella es precisamente el agua el principal recurso natural renovable, no sólo por la capacidad productiva de peces y otros animales relacionados con el agua, sino también de flora directamente acuática o de ambientes inundables. Más de un tercio de los 47 millones de hectáreas que comprende esta región corresponden a humedades y a otros ecosistemas acuáticos, como los “aguajales” (lugares dominados por el agua en los que predomina la palmera “aguaje”, Mauritia flexuosa), pantanos, complejos de orillares (bosques inundables con vegetación diversa) y, finalmente, ríos y “cochas” y “tipishcas” (diferentes tipos de lagos). Si a esto se añade la capacidad del agua, mediante las inundaciones anuales, de fertilizar los suelos, dispersar semillas, controlar la proliferación de malas hierbas e insectos nocivos para las plantas y servir de vías de comunicación, la importancia de los cuerpos de agua se entiende en su plena magnificencia. (Álvarez, 2010)

El Estado peruano entrega esos cuerpos de aguas a quienes lo soliciten para realizar extracción pesquera. Como cada vez lo entregado es más pequeño (órdenes del FMI y Banco Mundial), el Estado no tiene ninguna posibilidad y, lo que es más evidente, ningún interés de cuidar el buen uso de esas aguas que en la práctica se han convertido en zona de nadie. Con permiso o sin éste los pescadores comerciales extraen recursos y perjudican a los pobladores de asentamientos vecinos (indígenas o no) que dependen de ellos. Una asociación entre ellos y el Estado sería lo lógico, porque aseguraría la calidad de su alimentación y normaría el manejo del recurso. Pero el Estado sigue enfrascado en su ilusorio poder.

Una superposición más de desastrosas consecuencias para los territorios indígenas está relacionada con los recursos mineros, sean éstos de superficie (placeres auríferos) o de profundidad (hidrocarburos y minas). Los casos más dramáticos que se conocen son la explotación de lavaderos de oro en el río Madre de Dios y afluentes, en la Amazonía sur del país, cuyo inicio se remonta por lo menos a 50 años atrás, aunque desde hace unas tres décadas las cosas han empeorado con la operación de grandes dragas. En lo que respecta a hidrocarburos, la explotación más antigua y bien documentada es la de los ríos Corrientes y Pastaza, iniciada a comienzos de la década de 1970. Esta historia comenzó a cambiar en 2006 cuando los indígenas de la cuenca, principalmente achuares, pero también urarinas y kichwas, articulados en la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO), organizaron un formidable levantamiento que terminó con la toma de varios campamentos petroleros y la paralización de pozos y del bombeo del crudo por el oleoducto que lo transporta hasta la costa norte, en reclamo de su medio ambiente y de su salud. Recién entonces el gobierno tomó en cuenta sus justos reclamos y, obligado por las circunstancias, suscribió un documento memorable (el Acta de Dorissa –nombre del campamento donde se realizó el acuerdo-), en el cual se comprometió, junto con la empresa petrolera Pluspetrol, a remedir la situación ambiental, atender los problemas de salud de la gente afectada por la contaminación y poner en marcha estrategias de desarrollo para mejoras la economía local. (La Torre, 1998; Chirif, 2011.)

El otro caso de explotación de hidrocarburos es también antiguo, ya que se remonta a 1958 cuando se inició la extracción de petróleo en el campo de Maquía (provincia de Requena, Ucayali). En 1994, la empresa Maple Gas (Texas) suscribió contrato de licencia con Petroperú S.A. para el lote 31-B, de 62 500 hectáreas. Su impacto es menor que en el caso del Corrientes por su pequeña producción (293 barriles diarios) y tratarse de un emprendimiento focalizado que sólo afecta a la comunidad de Canaán de Cachiyacu, aunque con un nueve pozos. (Wheemals, 2006.)

En los últimos años, el gobierno peruano ha realizado una carrera febril para licitar lotes petroleros. El año 2009 existían 64 lotes licitados sobre una extensión de 490000 km2, que corresponde al 72% de la Amazonía peruana. Sin embargo, en 2005 los contratos abarcaban sólo el 15% de esa extensión. Del total de lotes en 2009, 20 se

superponen a once reservas comunales (ocho creadas y el resto solicitadas) y a zonas reservadas, mientras que 58 de ellos se traslapan con territorios titulados de comunidades nativas. Aunque no se puede precisar el número, considerando la amplitud de los lotes, es probable que sean más de 1 000 las comunidades afectadas. Finalmente, 17 lotes se yuxtaponen a áreas donde existen propuestas para crear reservas territoriales para protección de grupos indígenas en aislamiento voluntario. (Surrallés, 2009; Finer y Orta.Martínez, 2009). En ningún caso el Estado ha realizado consultas previas a la firma de dichos contratos, como lo dispone el Convenio 169. Ni siquiera los levantamientos indígenas de los achuares en el Corrientes en 2006 ni los dos que tuvieron por escenario principal la provincia de Bagua, en 2008 y 2009, lo han movido a cumplir un Convenio que está vigente en Perú desde 1995.

Frente a estos tres tipos de superposiciones sobre territorios indígenas por parte de un Estado que se reserva los derechos sobre recursos forestales, acuáticos y mineros se puede afirmar, llevando las contradicciones al absurdo, que los territorios indígenas reconocidos se superponen sobre los derechos de los pueblos indígenas y que, en este contexto, la superposición de las áreas naturales protegidas es para ellos, sin lugar a dudas, la de menor impacto. Mejor dicho, lo sería si las áreas protegidas, a su vez, no fuesen con frecuencia declaradas sólo para allanar el camino de las explotaciones mineras.

Dos experiencias, dos traiciones

Sin pretender realizar ahora una revisión exhaustiva de las posibilidades y contradicciones entre las diferentes categorías de áreas protegidas y los derechos territoriales indígenas, porque esta tarea tomaría mayor espacio4. Sin embargo se analizarán dos casos que tienen dos características comunes. La primera es que se trata de propuestas de organizaciones indígenas que combinan las mismas categorías de áreas protegidas (parque nacional y reserva comunal) como estrategia de defensa territorial. La segunda es que las dos fracasaron por traición del Estado, quien terminó cediendo a presiones de empresas mineras. Los casos son los de las zonas reservadas Santiago-Comaina y Güeppí.

El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado de Perú incluye actualmente 10 diferentes categorías de áreas protegidas, tres de las cuales son de uso indirecto (parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos), seis de uso directo y una que tiene carácter transitorio hasta que se realicen estudios que permitan establecer su categorización definitiva (zona reservada). El uso indirecto se refiere a cuestiones como estudios científicos y actividades turísticas, aunque el desarrollo de ambas está circunscrito a determinadas zonas y sujeto a estrictos controles. La ley prohíbe en estas áreas cualquier tipo de actividad extractiva de carácter industrial y sólo permite el aprovechamiento de recursos con fines de consumo de la población indígena que allí habita. Por estas características, las organizaciones indígenas suelen considerar que los parques nacionales son favorables para su estrategia de defensa territorial, dado que les garantizan acceso a determinados alimentos y contar con un medio ambiente sano.

Por otra parte, en las áreas naturales protegidas de uso directo está permitido el aprovechamiento y extracción de determinados recursos, principalmente por las propias poblaciones locales, en zonas que están determinadas en el plan maestro del área. De las seis categorías consideradas de uso directo, una de ellas tiene un régimen especial de administración. Es la reserva comunal, para la cual el reglamento de la ley establece que “su gestión es conducida directamente por los beneficiarios de acuerdo a sus formas organizativas” (Art. 56). La opción de los indígenas por las reservas comunales es precisamente porque pueden participar en su gestión. En realidad, se trata de un régimen mixto porque el Estado, además de mantener la propiedad del área, nombra un jefe de área que debe coordinar con la asociación que representa a los beneficiarios. La fórmula es complicada por su ambigüedad y, en general, no funciona bien por diversas razones: autoritarismo del Estado o debilidad de éste para controlar el área y protegerla; a veces existe pérdida de identidad y de cohesión social de los beneficiarios para impulsar una propuesta unitaria, y dificultades de coordinación entre las partes y otras. (Newing y Wahl, 2004.)

Los casos

La Zona Reservada de Güeppí fue creada el 7 de abril de 1997 (D.S. N° 003-97-AG), con una superficie de 625 971 hectáreas. Sus objetivos son conservar la diversidad biológica y sus paisajes prístinos, así como “promover el turismo, la recreación y actividades para la conservación y manejo sostenible de los recursos, involucrando a la población aledaña, tanto colonos como indígenas, para contribuir a mejorar su nivel socioeconómico” (Art. 1º). Está ubicada en la región de Loreto, en el extremo norte del país, en una zona colindante con Ecuador y Colombia, y abarca las partes altas de las cuencas de los ríos Napo y Putumayo. Las comunidades asentadas en ellas son de los pueblos Secoya, Huitoto y Quechua, y también hay algunas que se identifican como mestizas. La Zona Reservada de Santiago Comaina fue creada el 21 de enero de 1999 (D.S. N° 005-99-AG), con una superficie de 863 277 hectáreas, y ampliada el 6 de julio de 2000 a 1 642 567 has., a fin de incluir, hacia el norte, la Cordillera del Cóndor y, hacia el este, la Cordillera de Kampankiz, hasta la margen derecha del río Morona. En esta zona las comunidades son de los pueblos Awajun y Wampis, ambos del tronco jíbaro. La declaración de las dos zonas reservadas estuvo relacionada con el Plan Binacional formulado entre Ecuador y Perú, a raíz de los acuerdos de paz de 1988.

El Estado no consultó previamente su decisión de crear estas áreas naturales protegidas con la población, lo que le generó muchas tensiones con las organizaciones indígenas. Sin embargo, luego de analizar el panorama ellas llegaron a la conclusión de que las zonas tenían potencial para su estrategia de defensa territorial e iniciaron un diálogo con el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA, hoy absorbido por los Ministerios del Ambiente y de Agricultura), con la finalidad de negociar las condiciones y características de la categorización. En ambos casos, las organizaciones llegaron al mismo planteamiento: ampliar los territorios comunales hasta los límites de las zonas reservadas; declarar parque nacional la parte central de ellas, por ser zonas de cabeceras de fuentes de agua y lugares de reproducción de mamíferos y aves; y crear reservas comunales en los espacios intermedios entre las comunidades y los parques.

La opción por los parques nacionales, en el caso de la Zona Reservada de Güeppí, fue para evitar que esa zona fuese entregada en concesión para explotación de hidrocarburos, y, en la de Santiago-Comaina, para impedir la explotación de oro en la Cordillera del Cóndor. El INRENA, consciente también de la fragilidad de las áreas, concordó con las organizaciones e impulsó la propuesta de categorización en el mismo sentido.

Sin embargo, en ninguno de los casos fue fácil construir la propuesta conjunta, que sólo se logró mediante un proceso largo, tedioso y, con frecuencia, tenso al punto que en un momento pareció que las conversaciones se iban a cortar. Desde 1995, año en que entró en vigencia en Convenio 169 de la OIT en Perú, eran los dos únicos procesos reales de consulta previa realizados y que además alcanzaban la finalidad prevista de “llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (Art. 6). Su correcta culminación hasta la materialización de los acuerdos era una meta no sólo importante para esos casos, sino también para ganar experiencia que pudiera servir para futuros procesos de este tipo y para fundar espacios de confianza para el diálogo entre sociedad civil y Estado, algo inusual en Perú.

Para los secoyas asentados en Güeppí, la conservación no limitaba su mirada a los “recursos naturales” sino que los ampliaba a los culturales. En efecto, ellos querían conservar el área porque allí existe “yoko” (Paullinia yoco) y “yagé” (o “ayahuasca”, Banisteriopsis caapi), y es también el lugar de nacimiento de Ñañe, personaje primordial de su pueblo y creador de la civilización secoya, y además de entierro de antepasados y de ubicación de monumentos del Hombre de Piedra, otro ser de su propia tradición. Para los awajun, las cuevas de la Cordillera del Cóndor son importantes porque en ellas anidan “tayus” o “huácharos” (Steatornis caripensis), aves de gran importancia en su alimentación en determinadas épocas del año.

No obstante, la primavera democrática entre el Estado y las organizaciones indígenas fue ilusoria. El mismo año que las partes lograron consenso para categorizar la zona reservada de Güeppí, el Estado entregó el lote 117, con una extensión cercana al millón 100 mil hectáreas que se superponen tanto a ella como a las comunidades aledañas, a la empresa brasileña Petrobras.

En el caso de la zona reservada Santiago-Comaina, la minera canadiense Afrodita, que desde 2004 contaba con permisos del Ministerio de Energía y Minas para la exploración en tres concesiones, realizó presiones ante este Ministerio, el Comando

Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y la Cancillería para que el INRENA modificase su dictamen técnico desfavorable a la actividad minera y aprobase, en cambio, su proyecto minero. En agosto de 2007 la minera logró su objetivo y el Parque Nacional Ichigkat Muja fue reducido a 88 477 has, 56% de su extensión original. El resto fue entregado en concesiones mineras a la mencionada empresa y a otras.

Los vínculos de la empresa con personajes ligados al gobierno del presidente Alan García fueron determinantes para lograr estos cambios en la propuesta de categorización (ODECOFROC, 2009). Los acuerdos se cayeron completos porque no sólo no se creó el Parque Güeppí y se redujo el Parque Ichigkat Muja, sino porque las comunidades no fueron ampliadas ni tampoco creadas las reservas comunales. En opinión de la Cancillería no se deben reconocer reservas comunales en zonas de frontera por razones de “seguridad nacional”. Sin embargo, todas las fronteras de Perú han sido entregadas a empresas extranjeras, lo que está prohibido por la Constitución, salvo el caso de “necesidad pública” declarada mediante decreto supremo. Se desconoce si el gobierno ha realizado este trámite. De ser así, habría convertido la excepción en la regla, lo que querría decir, o que la norma está equivocada, o que se la usa de manera arbitraria. Pero si de seguridad nacional se trata, habría que mencionar la operación ilícita en el Putumayo de decenas de dragas colombianas y brasileñas; y la invasión cotidiana del territorio nacional por este río de madereros colombianos, en asociación –ilícita- con autoridades policiales y militares. O incluso proezas mayores, como la realizada durante los últimos meses del gobierno del presidente Fujimori, cuando se traficó armas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pagadas con dinero proveniente del narcotráfico. (Chirif, 2007.) 

Conclusiones

La legislación peruana sobre derechos indígenas ha quedado obsoleta y no se ha adecuado al Convenio 169, que por cierto no se cumple. Una disposición tan clara como la referida al carácter integral de los derechos territoriales (“la totalidad del hábitat”) es violada por la figura de territorios fragmentados por los derechos superpuestos. Con un Estado pequeño e ineficiente y, por lo general, con funcionarios corruptos, la apropiación de esos bienes se realiza en total desorden, con perjuicio para la población local y el patrimonio natural de la Nación. El más poderoso tiene patente de corso para cazar, pescar y extraer madera, e incluso para lavar oro en placeres auríferos, en el lugar y de la manera que mejor le parezca.

Aunque la gran explotación minera y de hidrocarburos no tiene las características caóticas de las otras actividades extractivas, incluyendo la pequeña minería aurífera, en la medida que actúa en zonas claramente determinadas y bajo contrato con el Estado, esto no implica que mediante ella se hayan superado todos los problemas inherentes a este tipo de actividad, como son la contaminación y destrucción de recursos importante para las economías locales, así como la afectación de la salud de las personas que allí viven.

Si bien existen conflictos entre comunidades y áreas naturales protegidas, creadas de manera inconsulta y que se superponen a sus territorios, el conflicto sería superable si el Estado actuara con honestidad e inteligencia y acordara con ellas las condiciones para su efectiva participación en los beneficios del aprovechamiento de sus recursos.

Por otro lado, la coordinación entre comunidades y organizaciones indígenas y Estado para la creación de áreas protegidas constituye una estrategia correcta para salvaguardar el patrimonio natural de la Nación y los derechos territoriales de la población indígena. No obstante, los casos señalados en el presente texto indican que dicha estrategia no ha podido madurar en la práctica por haber el Estado traicionado su propia palabra. 

Notas

1 Hasta entonces, los indígenas amazónicos eran considerados “tribus” o reservas silvícolas y ninguna ley contemplaba su derecho a la propiedad de las tierras que ocupaban y usaban. No era el caso de los andinos y costeños que tenían protección legal sobre sus tierras desde la Colonia. En el caso de estos dos últimos, la ley de Reforma Agraria de 1969 cambió el nombre de sus asentamientos de comunidad “indígena” por el de comunidad “campesina” por considerar que el término indígena era peyorativo y debía ser eliminado del lenguaje oficial. Huelga decir que lo peyorativo era el empleo que se hacía del adjetivo y no éste en sí mismo. El concepto fue recuperado, primero, por las organizaciones indígenas amazónicas y, más tarde, por las andinas y costeñas que nacieron como agrupaciones gremiales para luchar contra los impactos de la minería en sus territorios.

2 La definición de comunidad que hace la ley permite perfectamente este tipo de interpretación inclusiva.

3 En junio de 2011 ha sido reemplazada por otra.

4 Por ejemplo, existe un conflicto serio entre comunidades indígenas y “ribereñas” (mestizas) asentadas dentro o en el área de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. (Chirif y García, 2007.)

Bibliografía Citada

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Chirif, A. 2007. Petróleo y drogas en el Putumayo: Nuevas amenazas para el pueblo Secoya. Artículo difundido en Vol (www.viajerosperu.com) y en Servindi (www.servindi.org), en noviembre de 2007.

Chirif, A. 2011. Los achuares del Corrientes: el Estado ante su propio paradigma. En: Anthopologica, año XXVIII, Nº 28: 289-309.

Chirif, A. y García, P. 2007 Marcando Territorio, Progresos y limitaciones de la titulación de territorios indígenas en la Amazonía. IWGIA. Copenhague, Dinamarca.

Cornejo, C. 2007. Análisis situacional de concesiones forestales, tala ilegal y titulación de tierras forestales en la Amazonía peruana. IIAP. Documento de trabajo. Iquitos, junio. 62 p.

Finer, Matt and Orta-Martínez, M. 2010. A second hydrocarbon boom threatens the Peruvian Amazon: trends, projections, and policy implications. Evniron. Res. Lett. 5 (2010) 014012. 10p.

La Torre, L. 1998. ¡Sólo queremos vivir en paz! IWGIA. Copenhague, Dinamarca. Newing, H. y Wahl, L. 2004. Benefiting local populations? Communal reserves in Peru”, Cultural Survival Quarterly 28(1): 38-41.

ODECOFROC. 2009. Crónica de un engaño. Los intentos de enajenación del territorio fronterizo awajun en la Cordillera del Cóndor a favor de la minería. Informe Nº 5. IWGIA. ODECOFROC, Grupo de Trabajo racimos de Ungurahui. Copenhague, Dinamarca.

Surrallés, A. 2009. Entre derecho y realidad: antropología y territorios indígenas amazónicos en un futuro próximo. Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines. 2009, 38 (1): 29-45.

Weemaels, N. 2006. Informe de la misión de verificación de los impactos petroleros en el territorio de la Comunidad Nativa Canaan de Cachiyacu. Earth Rights International. (Disponible en www//ibcperu.org).