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Autor
  • José Ramón Delgado
    Fundación Caribe Sur, Caracas, Venezuela
  • Juan Carlos Fernández
    Fundación Caribe Sur, Caracas, Venezuela
  • Rafael Evelio García
    Consultor para Áreas Protegidas
  • Edgard Alberto Yerena
    Fundación Caribe Sur, Caracas, Venezuela
    Universidad Simón Bolívar, Departamento de Estudios Ambientales,Sartenejas, Venezuela
    E-mail contacto: eyerena@usb.ve
 
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El proyecto transfronterizo corredor ecológico “Islas del Caribe Sur”: una perspectiva desde Venezuela

INTRODUCCIÓN

El Mar Caribe es una región de extraordinaria biodiversidad marina, uno de los grandes destinos turísticos del mundo y espacio de congestionadas rutas marítimas con gran importancia estratégica. Esta confluencia de características obliga a diseñar e implementar con prontitud estrategias efectivas de conservación y desarrollo sostenible de su biodiversidad. Por otra parte es sabida la carencia de áreas protegidas marinas y la necesidad de expandir su cobertura en espacios marino-costeros a lo largo y ancho del mundo, y más aún, garantizar que exista una conectividad de los procesos ecológicos que permita mantener tal biodiversidad.

Una iniciativa interesante es la del Sistema Arrecifal Mesoamericano, parte del cual ha sido reconocido como Sitio del Patrimonio Mundial Natural, y que aglutina esfuerzos de conservación entre varios países que comparten esa ecorregión marina, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales (WWF, 2012). Otro caso importante es la voluntad manifestada por los gobiernos de Republica Dominicana, Haití y Cuba, por crear un corredor biológico entre las islas de Cuba y La Española (Sánchez, 2008).

En este contexto destaca, por su alta diversidad y su relativo buen estado de conservación, el complejo de ecorregiones del sur del Mar Caribe, denominado “Caribe Sur”, compartido entre el Reino de los Países Bajos (Aruba, Curazao y Bonaire) y Venezuela. En el presente artículo se analiza esta interesante iniciativa, que podría vincular y estrechar los lazos entre ambos países y generar un gran espacio de conservación dentro de un esquema de conectividad ecológica. Esta iniciativa posee un importante potencial para ser incluido en la Lista del Patrimonio Mundial Natural de la UNESCO, y en concordancia con las Metas de Aichi y el Pacto de los Océanos (Naciones Unidas, 2012), lo cual sería un paso significativo hacia la sostenibilidad de esta ecorregión de relevancia mundial.

ASPECTOS OCEANOGRÁFICOS Y ECOLÓGICOS

El Caribe es considerado un mar de carácter oceánico. En su porción adyacente a la costa norte del continente sudamericano se le denomina Caribe Sur y presenta una profundidad promedio de 2 700 m, caracterizada por diversos accidentes fisiográficos: cadenas insulares, bancos, depresiones, fosas y planicies (Olivo, 1989). Esta porción posee depresiones y fosas en la plataforma y talud continental, particularmente a lo largo de una estrecha banda latitudinal centrada en los 10º N, la cual es tectónicamente muy activa. En particular destaca la “cadena” de islas oceánicas, que no forman parte de la plataforma continental, que discurren en sentido este-oeste y que comprende a Curazao, Bonaire, Archipiélago de Las Aves, Archipiélago de Los Roques y Archipiélago La Orchila. Esta cadena es parte de una unidad fisiográfica autónoma denominada “Cumbre de Curazao”, que posee un basamento de rocas ígneas y metamórficas del Cretácico Temprano y Tardío, sobre el cual se formaron desarrollos coralinos y depósitos de sedimentos calcáreos (Méndez, 2007). Aruba no es parte de esta unidad por ser una isla perteneciente al margen de la plataforma continental, y tampoco lo es la isla La Blanquilla, por considerarse ésta última parte de la “Prominencia de Aves”, que discurre en sentido norte-sur.

Esta cadena es un alineamiento de estructuras geológicas que separa la “Cuenca Venezolana” del Caribe, por el norte, de la “Fosa” de Bonaire”, al sur, formada por una serie de grandes columnas que se elevan desde las profundidades del mar (2 000 m) hasta la superficie, y cuyos topes constituyen las actuales islas y archipiélagos antes referidos. Entre una y otra de estas columnas insulares existen gargantas profundas, que corresponden a estrechos o canales de circulación de corrientes marinas. Las mejores conocidas de estas estructuras columnares, de paredes frecuentemente cuasi-verticales, son las de los archipiélagos de Los Roques y Las Aves.

La cadena de islas posee atolones en evolución, que son ­­estructuras de ocurrencia excepcional en el océano Atlántico en general y en esta zona geográfica del Caribe en particular. Durante el Terciario y Cuaternario estuvieron sometidas a fluctuaciones en el nivel del mar, lo que permitió la formación de arrecifes coralinos cuando el nivel de las aguas se mantuvo estable, los cuales generaron formas de terrazas planas al variar el nivel del mar, bien sea por hundimiento o por alzamiento de las islas (Olivo, 1989).

Las corrientes superficiales del Mar Caribe están constituidas fundamentalmente por dos grandes masas: las primeras provenientes del Atlántico Ecuatorial, influidas por las aguas de los ríos Amazonas y Orinoco (Corriente de las Guayanas), que penetran a través de los pasajes de Trinidad-Tobago-Grenada-Venezuela y, las segundas provenientes del Mar de los Sargazos, a través de los pasos de Los Vientos (entre Cuba y Haití) y La Mona (entre Santo Domingo y Puerto Rico). La primera corriente, que penetra por Boca de Dragones, entre Trinidad y el continente, presenta una muy definida estacionalidad: durante los meses de descarga máxima (agosto-noviembre), las aguas del río Orinoco prácticamente inundan toda la plataforma continental del nororiente de Venezuela, viajando luego en sentido noroeste hacia más altas latitudes en el Mar Caribe (Méndez, 2007). Cualquier transporte de biodiversidad marina y nutrientes, realizado por estas corrientes, beneficia a las regiones aguas abajo de la fuente de origen, contribuyendo con el mantenimiento del banco genético y la sostenibilidad de los recursos biológicos.

En esta porción del Caribe Sur ocurren además importantes fenómenos de “surgencia” (upwelling), que consiste en el ascenso de aguas profundas, frías y ricas en nutrientes, hacia la superficie, lo cual se suma a importantes aportes provenientes de los ríos que desembocan desde de la costa norte del continente. Estos dos factores, agregados a la existencia de una amplia plataforma continental, explican la alta productividad biológica del medio marino adyacente a la costa norte continental de Sudamérica (Méndez, 2007).

Desde una perspectiva biogeográfica, la porción más meridional del Mar Caribe, paralela a la costa de Venezuela, ha sido definida como la ecorregión “Caribe Sur” (Spalding et al., 2006). Dentro de ella se reconocen al menos 12 sub-ecorregiones marinas (Miloslavich et al., 2003), destacándose especialmente la denominada “ecorregión insular”, estructurada por la cadena de islas que van desde Curazao a La Orchila, y que se extiende hasta la isla La Blanquilla (Figura 1).

Figura 1. Propuesta de Corredor Ecológico “Islas del Caribe Sur”, que comprende la cadena de islas y archipiélagos desde Curazao hasta La Orchila.
Figura 1. Propuesta de Corredor Ecológico “Islas del Caribe Sur”, que comprende la cadena de islas y archipiélagos desde Curazao hasta La Orchila.


CONECTIVIDAD

Mantener y promover la conectividad ecológica es un objetivo primordial de la gestión territorial sostenible y de la conservación de la naturaleza (Martínez et al., 2009). La conectividad es la propiedad del paisaje que hace posible el flujo de materia, energía y organismos, entre diversos ecosistemas, hábitats o comunidades. Por tanto, ella depende tanto de aquellos elementos que favorecen el flujo ecológico como de aquellos que lo impiden. Es decir, la conectividad está caracterizada por una permeabilidad, que es a su vez función de la estructura del paisaje, de la distribución espacial de sus elementos, de aspectos físicos y funcionales.

En los ecosistemas marinos el flujo de materia y energía, así como las interacciones entre los diferentes ecosistemas, se realizan fundamentalmente en la matriz del medio acuático. En este contexto, la conectividad tiene características particulares, en su mayoría asociadas a una dinámica de interacción entre factores bióticos y abióticos, donde las corrientes marinas (verticales y horizontales) y la fisiografía del lecho marino son factores fundamentales.

En el mar la conectividad comprende: i) la conectividad genética o evolutiva: intercambio de organismos y genes; ii) la conectividad demográfica: intercambio de individuos entre grupos locales - en el caso de animales a través de dispersión larval, reclutamiento de juveniles que sobreviven hasta la edad reproductiva, o cualquier movimiento a gran escala de juveniles y adultos entre localidades y; iii) la conectividad oceanográfica, que incluye el flujo de materiales y patrones de circulación y la variabilidad que sustentan gran parte de estos intercambios (Grober-Dunsmore y Keller, 2008; Sale et al., 2010).

En los años de 1990 el Gran Caribe fue considerado como una sola unidad biogeográfica, donde las poblaciones de organismos animales marinos estaban conectadas por la gran dispersión de sus larvas. Investigaciones recientes sobre la circulación oceánica y la dispersión larval han demostrado que ésta es más restringida que lo que se pensaba y han aportado importantes conocimientos sobre cómo operan las barreras biológicas y oceanográficas y los vínculos biológicos y poblacionales en el Gran Caribe (Bustamante y Paris, 2008).

Este conocimiento sugiere que una estrategia de conservación marina debe estar basada en el conocimiento y utilización de la conectividad como herramienta esencial para diseñar y manejar redes de áreas protegidas en el Caribe. Para ello es necesario, además, establecer mecanismos eficientes de cooperación a través de las fronteras, que involucren a investigadores, manejadores de recursos y de áreas protegidas, gobiernos y comunidades.

ÁREAS PROTEGIDAS MARINAS EN VENEZUELA

Desde la década de 1960 la necesidad de crear y manejar efectivamente áreas protegidas marinas ha sido destacada por los especialistas en conservación. Esto se consideró como tópico de relevancia, de manera formal, por vez primera en la Primera Conferencia Mundial sobre Parques Nacionales celebrada en Seattle (año 1962). Para la Segunda Conferencia Mundial, realizada en Yellowstone y Grand Teton (año 1972), el establecimiento de áreas protegidas marinas se tornó en tema de aún mayor preocupación y relevancia.

Como manifestación de apoyo a las recomendaciones de la Primera Conferencia, Venezuela acudió a la Conferencia de Yellowstone informando sobre la declaratoria de su primera área protegida marina: el Parque Nacional Archipiélago Los Roques (Garcia, 1983). En consecuencia, durante los años siguientes a 1972 se establecerían una serie de áreas protegidas en ecosistemas marino-costeros e insulares terrestres, a lo largo del Caribe venezolano, a fin de proteger enclaves de alto valor paisajístico y de biodiversidad. Es de destacar que la primera área protegida de este país (Parque Nacional Henri Pittier, establecido en 1937) y el Parque Nacional Península de Paria (establecido en 1978) tienen linderos a la orilla del mar, sin extender su cobertura hacia espacios marinos. En el marco de la expansión del sistema de áreas protegidas, iniciada en los años 1980, se designaron nuevas áreas protegidas marino-costeras, ampliando la cobertura hacia el Océano Atlántico, incluyendo la declaratoria de la Reserva de Biósfera “Delta del Orinoco” (1991).

Considerando la definición de área protegida internacionalmente aceptada (IUCN, 1994), es importante señalar que en la actualidad Venezuela posee sólo cinco figuras jurídicas que coinciden con tal concepto: “parque nacional”, “monumento natural”, “refugio de fauna silvestre”, “reserva de fauna silvestre” y “santuario de fauna silvestre”. Esto no coincide con lo que algunos autores han considerado como área protegida para este país (ej. Hernández, 2007; Castillo, 2012), por lo que es frecuente que en los documentos técnicos se sobreestime su número y cobertura.

Para la fecha actual, Venezuela ha declarado en el Caribe Sur 16 áreas protegidas marinas y/o costeras, excluyendo las del estuario del Lago de Maracaibo. A pesar de este importante número de áreas protegidas, sólo seis de las 11 ecorregiones marinas del Caribe Sur adyacentes a la costa continental de Venezuela están representadas en las áreas protegidas marinas. El Cuadro 1 detalla las áreas protegidas actuales de Curazao, Bonaire y Venezuela, comprendidas dentro de la propuesta del Corredor.

Cuadro 1. Áreas Protegidas actuales de Curazao, Bonaire y Venezuela comprendidas dentro de la propuesta del Corredor Ecológico “Islas del Caribe Sur”

País

Isla(s)

Nombre

Categoría IUCN

Superficie (ha)

Ámbito

Reino de los Países Bajo

Curazao

Parque Nacional de Christoffel

II

2 000

Terrestre y costero

Parque Nacional de Shete Boka

II (en discusión)

200

Marino y costero, adyacente al PN Christoffel, hasta la isóbata de 60 m.

Parque Nacional Marino de Curaçao

II

1 300

Marino, hasta la isóbata 60 m. Sitio Ramsar

Bonaire

Parque Nacional Washington Slagbaai

II

5 643

Terrestre y costero. Sitio Ramsar

Parque Nacional Marino de Bonaire

II

2 700

Marino y costero (bordea toda Bonaire) hasta la isóbata 60 m, abarcando íntegramente el cayo Klein Bonaire. Sitio Ramsar

Reserva Privada Santuario de Flamingos

I

550

Terrestre y costero

Venezuela

Archipiélago de Los Roques

Parque Nacional Archipiélago Los Roques

II

221 120

Marino y abarca todo el conjunto archipelágico, enmarcado en una poligonal cerrada. Sitio Ramsar

Fuente: Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) 2012
http://wordpress.iworklab.com/dcna/ e Instituto Nacional de Parques, Venezuela


Una evaluación de 2007 determinó cuáles son las “áreas prioritarias” para la conservación de la biodiversidad dentro de este conjunto ecorregional del Caribe Sur, en función de un análisis ambiental de sensibilidad, vulnerabilidad y considerando su estado conservación (Klein et al., 2007). Entre sus conclusiones destaca que la totalidad de las islas y archipiélagos de la unidad ecorregional “insular” (con sus correspondientes espacios circundantes) fueron catalogados como de máxima prioridad. Lamentablemente el estudio no evaluó el espacio correspondiente a Curazao y Bonaire, pero el patrón observado sugiere que es probable que al menos Bonaire hubiese sido incluido con la misma prioridad. Entre las “áreas prioritarias” venezolanas tan sólo el Parque Nacional Archipiélago de Los Roques posee en la actualidad un estatus de área protegida, por lo que resalta la obvia conveniencia de proteger legalmente las restantes “áreas prioritarias” (Yerena et al., 2007). Ante esta perspectiva resulta evidente la pertinencia de generar un gran espacio de conservación que abarque toda o parte de la ecorregión “insular”, dentro de una visión de conectividad.

INICIATIVAS INTERNACIONALES EN EL CARIBE SUR

Las áreas marinas y costeras no están suficientemente bien representadas en la lista de Sitios del Patrimonio Mundial Natural de la UNESCO. Para corregir esta situación se efectuó el “Taller de Biodiversidad Marina Patrimonio Mundial” en Hanoi, Vietnam (2002), para “llenar los vacíos críticos y promover las nominaciones compartidas por varios países en los ecosistemas de costa tropical, marinos y de pequeñas islas”. Uno de los espacios marinos identificados y catalogado como de alta prioridad fue el denominado “Islas del Caribe Sur”, que comprende el espacio entre Archipiélago de Los Roques y Curazao. (UNESCO-WHC, 2003).

Esta recomendación promovió un proceso de evaluación que se inició en junio de 2002 con una reunión de trabajo realizada en París, con la participación de representantes de los gobiernos de Venezuela, Reino de los Países Bajos, y miembros del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, para examinar la posibilidad de preparar la propuesta de nominación. Lamentablemente se acordó excluir al Archipiélago de La Orchila, por tener esta un apostadero militar venezolano.

En un subsiguiente encuentro realizado en Caracas, en 2003, se discutió la posibilidad de elaborar un proyecto de cooperación bilateral con el objeto de establecer un plan de manejo coordinado, en un marco donde Venezuela podría declarar al Archipiélago de Las Aves como “reserva de fauna silvestre”, incluyendo algunos lugares de dicho archipiélago como “zonas de patrimonio histórico y cultural”, de acuerdo a la legislación venezolana. Uno de los elementos que le da gran relevancia arqueológica a este archipiélago son los restos del naufragio de la flota del almirante francés Jean D’Stress, del siglo XVII.

Posteriormente, en abril de 2003, se celebró en Bonaire un taller en el que participaron expertos no gubernamentales y especialistas gubernamentales de ambos países, que acordaron apoyar la creación del Archipiélago Las Aves como área protegida, así como la propuesta de nominación a la lista de Patrimonio de la Humanidad ya realizada en Hanoi. Se concluyó que esta iniciativa establecería un laboratorio de cooperación y manejo ambiental inédito en el Caribe.

En 2004, durante la conferencia internacional “White Waters to Blue Waters-WW2BW” (http://www6.miami.edu/ww2bw/index.html), la ONG venezolana “Fundación Caribe Sur”, lideró la creación de la “Iniciativa de la Ecorregión del Caribe Sur”, con el objetivo de coordinar esfuerzos conjuntos de conservación ambiental y desarrollo sustentable en esta ecorregión. Esta alianza respaldó la idea de la nominación de Sitio del Patrimonio Mundial transfronterizo de las “Islas del Caribe Sur”. Esta iniciativa fue impulsada por dicha Fundación, quien a su vez introduce la noción de “corredor” como elemento de integración de la propuesta. El establecimiento de este corredor marino, facilitaría adicionalmente la conservación de especies protegidas y la lucha contra su tráfico ilícito, empleando el marco jurídico internacional provisto en el Protocolo sobre Áreas y Especies Silvestres Especialmente Protegidas (SPAW - Convenio de Cartagena) y del Convenio CITES. Posteriormente, en diversos foros internacionales y venezolanos, esta ONG ha llevado el planteamiento del corredor y de la nominación de Sitio del Patrimonio Mundial (Fernández, 2005; Bacci et al., 2011).

Entre las especies amenazadas que estarían favorecidas en este marco de conservación resaltan las tortugas marinas Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata, Caretta caretta y Dermochelys coriacea. Entre las especies vulnerables estarían la “concha reina” o “botuto” (Strombus gigas), la “langosta” Panulirus argus y los “caballitos de mar” (Hippocampus spp.), al igual que las especies sometidas a explotación intensiva (sobre las que se desconoce su estado actual de conservación) como es el caso de los “pepinos de mar” (Holoturoideos). De igual forma mamíferos marinos como la “orca falsa” (Pseudorca crassidens) y los delfines Stenella frontalis y S. longirostris encontrarían allí un espacio importante de conservación.

En abril de 2010, el Parque Nacional Marino de Bonaire fue propuesto por el Reino de los Países Bajos, de manera independiente ante UNESCO, como Sitio del Patrimonio Mundial Natural, fuera del contexto de la propuesta conjunta de las “Islas del Caribe Sur”. Independientemente del resultado de este trámite, el planteamiento de la nominación conjunta de todo el espacio y la del corredor marino, no se ven afectados negativamente.

A la fecha, tras los resultados de los mencionados talleres, en donde los representantes del Reino de los Países Bajos han apoyado la propuesta original y han sido receptivos al establecimiento de mecanismos de cooperación bilateral, se espera por las respuestas del caso de parte de las autoridades oficiales de Venezuela.

Recientemente el Ministerio del Ambiente de Venezuela inició en 2010 un proyecto GEF/PNUD denominado "Fortalecimiento del Sistema de Áreas Protegidas Marino-Costeras de Venezuela", que tiene por objetivo incrementar la conectividad, la representatividad y la cobertura en áreas protegidas de ecosistemas marino-costeros prioritarios, fundamentado en gran parte en los resultados del estudio de Klein et al. (2007). En los términos de referencia de ese proyecto se propone la creación de 27 nuevas “áreas bajo régimen de administración especial” (ABRAE), de las cuales 15 serían verdaderas áreas protegidas. Se considera además un “corredor ecológico marino” para las llamadas “islas oceánicas”, el cual abarcaría de oeste a este a los siguientes archipiélagos e islas, en una extensión aproximada de 50 750 km2: Las Aves, Los Roques, La Orchila, La Blanquilla y Los Hermanos. Este corredor es un tanto diferente al Corredor “Islas del Caribe Sur”, que se analiza a continuación.

LINEAMIENTOS PARA La ESTRUCTURACIÓN Y MANEJO DEL CORREDOR ECOLÓGICO “ISLAS DEL CARIBE SUR”

El esfuerzo por obtener el reconocimiento de las “Islas del Caribe Sur” como Sitio del Patrimonio Mundial Natural ha sido el elemento emblemático en la búsqueda de una conservación integral de este espacio marino. Sin embargo, sin entrar en consideraciones sobre si este espacio coincide con los criterios exigidos por la UNESCO, tal reconocimiento pudiera no ser suficiente por sí mismo, y requerirá de medidas jurídicas adicionales por parte de ambos países para que se garantice un cumplimiento del objetivo.

El espacio marino entre el Archipiélago La Orchila y Curazao constituye una unidad fisiográfica con procesos oceanográficos interdependientes y con una clara identidad biológica. La noción de “corredor” está implícita en dicho espacio, no sólo como concepto de manejo sino como realidad de conectividad físico-biológica, que ha existido, existe y debe asegurarse hacia el futuro.

Más que un “corredor” para conservar a una especie, o grupo de ellas, se trata de conservar un conjunto de procesos ecológicos y oceanográficos, considerando la conectividad como un todo, y por ello se utiliza el adjetivo “ecológico” para el “corredor”, considerándolo como el más apropiado. En tal sentido, aquí se proponen algunas pautas y lineamientos para su estructuración y manejo.

El corredor como entidad de gestión implicaría un acuerdo bilateral entre dos estados (Reino de los Países Bajos y Venezuela), bajo una visión de ordenamiento territorial transfronterizo mutuamente convenido. Tal decisión se enmarcaría además en el espíritu del Tratado de Delimitación del año 1978 entre ambos países, particularmente en lo establecido en su artículo 10º. Sin embargo, cada país debería implementar un esquema de ordenación territorial y gestión de acuerdo a la legislación interna, cuidando que los mismos sean similares, análogos o complementarios, de manera que rindan un mismo resultado: favorecer y promover la conectividad, conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

Desde la perspectiva venezolana se considera que un esquema apropiado y factible es el de Reserva de Biósfera, figura promovida por la UNESCO y existente dentro de su legislación interna, la cual contaría con tres áreas protegidas como núcleos (La Orchila, Los Roques y Las Aves). Estas áreas estarían insertas dentro de una matriz de “amortiguación” y “transición”, siguiendo el esquema de ordenamiento clásico de esta figura. De estos tres “núcleos“, Los Roques ya existe como Parque Nacional, y los otros dos deberán tener una declaratoria formal como área protegida. En este sentido se propone que Archipiélago Las Aves sea catalogado como categoría II acorde a IUCN (parque nacional), con una extensión de 1 160 km2 y que el Archipiélago La Orchila se clasifique como categoría IV (refugio de fauna silvestre), con una superficie de 965 km2.

La condición actual de zona militar de éste último archipiélago no debe considerarse como un obstáculo, por cuanto se plantea una situación similar a la del actual Refugio de Fauna Silvestre Isla de Aves (categoría IV, ubicado al norte del mar territorial venezolano, fuera de la ecorregión Caribe Sur y limítrofe con Puerto Rico). Allí existe una comprobada compatibilidad y armonía entre la presencia militar y la conservación de la biodiversidad. Desde la perspectiva del Reino de los Países Bajos es posible que pueda adoptarse una solución similar a la de Reserva de Biósfera, tomando como “núcleos” sus actuales áreas protegidas.

Un aspecto de no poca importancia es la definición de los límites del corredor. Si bien esto será el producto de consideraciones técnicas y políticas, se proponen dos opciones: la primera, que el corredor sea transversal a la frontera marítima entre ambos países; la segunda, que el polígono mínimo que lo defina siga aproximadamente la isóbata de 1 000 m y la secuencia de líneas tangentes que tocan los extremos más externos de los espacios encerrados por dicha isóbata y que bordean cada isla o archipiélago. Esta opción genera un polígono cerrado de 17 793 km2, con 383 km de largo por 56 km en su porción más ancha, el cual define el corredor ecológico transfronterizo.

Una vez legalizada la existencia del corredor marino, los usos y actividades humanas deberán estar regulados por un plan de manejo coordinado, en especial la pesca, el turismo y la navegación comercial. Algunos componentes importantes para la gestión de este espacio deberán estar orientados hacia inventarios de los recursos biológicos, arqueológicos y la restauración ecológica. Ambos países deberán acordar mecanismos de cooperación que incluyan el intercambio de información, la cooperación en guardería ambiental y la lucha contra los ilícitos ambientales, en especial el tráfico de especies marinas protegidas.

La eventual designación del Parque Nacional Marino de Bonaire como Sitio del Patrimonio Mundial Natural sería una excelente señal de que es posible lograr similar reconocimiento para los archipiélagos de Las Aves y Los Roques. Ello daría aún mayor sostenibilidad política al corredor marino y a la cooperación transfronteriza que se requiere.

CONCLUSIONES

El Corredor Ecológico “Islas del Caribe Sur” es una consecuencia lógica y complementaria al planteamiento original de nominar como Sitio del Patrimonio Mundial Natural a esta importante y biodiversa ecorregión marina. El concepto de corredor le proporciona concreción y viabilidad técnica y política al objetivo que se persigue. Su eventual establecimiento formal como gran área protegida transfronteriza entre el Reino de los Países Bajos y Venezuela constituiría un gran aporte para la conservación de la biodiversidad en todo el Gran Caribe. Se trata de un proyecto viable, que concuerda con los lineamientos de la ONU para reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y la promoción del uso sostenible de las zonas marinas, en concordancia con las Metas de Aichi y Pacto de los Océanos, donde la conectividad de las áreas juega un papel preponderante. Por lo demás, constituiría un paso trascendente de avance en las ya excelentes relaciones históricas y políticas entre ambos países vecinos.

AGRADECIMIENTOS

Al Departamento de Estudios Ambientales y al Laboratorio de Areas Protegidas de la Universidad Simón Bolívar, en la persona del Lic. Juan Papadakis quien realizó la investigación cartográfica necesaria para elaborar el mapa que acompaña este artículo.

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