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Autor
  • Juan Carlos Godoy Herrera, MSc.
    Director Asociado de Relaciones Externas para Centroamérica, y
    Representante Legal en Guatemala de The Nature Conservancy (TNC)
    jcgodoy@TNC.ORG
 
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El sistema de áreas protegidas de Guatemala. Progreso a pesar de las insuficiencias y las presiones.

INTRODUCCIÓN

Guatemala (del náhualt Quauhtlemallan, “lugar de muchos árboles”), posee una superficie territorial de 108 889 km2, y sus límites están enmarcados al norte y oeste con México, al sur con el Océano Pacífico, al este con Belice y el Mar Caribe, y al sureste con las Repúblicas de Honduras y El Salvador.

Guatemala es un país con un 60% de relieve montañoso, con una variabilidad orográfica que va desde el nivel del mar, hasta los 4 211 msnm en el Volcán Tajumulco, que es la cima de mayor altitud en Centroamérica. La cadena volcánica en el país registra un total de 37 volcanes de los 68 que posee la región centroamericana. Climáticamente posee una variación de precipitación que va de los 400 mm de promedio en la zona semiárida, hasta aproximadamente 5 000 a 6 000 mm anuales en la zona norte del país. Considerada como parte del “Hot spot” de Mesoamérica, Guatemala posee siete ecoregiones terrestres además de cuatro comunidades costeras (manglares) y 1 151 comunidades lacustres. (Godoy, 2010).

Esta diversidad geomorfológica y ecológica, en un pequeño territorio de apenas 0,5% de la superficie del planeta, hacen de Guatemala un país muy biodiverso. Posee más de 10 300 especies de flora y más de 1 988 especies de fauna. Se reporta que aproximadamente el 15% de la flora es endémica. Se pueden contabilizar más de 706 especies de aves, 142 de anfibios, 651 de peces, 245 de reptiles y aproximadamente 244 de mamíferos. Respecto a la fauna invertebrada, los insectos cuentan con más de 100 000 especies. En síntesis, Guatemala es un país mega-biodiverso muy rico en recursos naturales.

EL CRECIMIENTO DEL SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS EN DOS DÉCADAS

A pesar de haber comenzado a declarar áreas protegidas, incluso antes del año 1955, no fue hasta avanzados los procesos de cambios de uso del suelo en las décadas de los 70´s y 80´s que se concretó institucional y legalmente el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas –SIGAP. Hoy, está conformado por el conjunto de todas las áreas legalmente protegidas e integra a todas aquellas instituciones y organizaciones, públicas y privadas, que las administran. La Ley de Áreas Protegidas (Decreto 4-89 y sus reformas, Decretos 18-89, 110-96, y 117-97 del Congreso de la República de Guatemala), y la Estrategia Nacional de Biodiversidad, reconocen al Sistema Nacional como la herramienta fundamental para la conservación de la diversidad biológica y los recursos forestales del país. Desde su creación, el Sistema ha ido evolucionando e incorporando cada vez más superficie de terreno bajo diferentes esquemas de conservación. (Godoy y Utrera, 2012)

Para mediados del año 2012, el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas cuenta ya con 312 áreas protegidas, que suman la cantidad de 3 482 815 hectáreas. De esta superficie, 3 380 226 corresponden a la parte terrestre lo cual representa el 31,04% de la superficie del país (Figura 1). Las restantes 102 589 hectáreas corresponden a la parte marina del Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique.

Figura 1. Unidades del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas
Figura 1. Unidades del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas


Los bosques húmedos subtropical cálido, pluvial montano bajo, muy húmedo tropical, muy húmedo subtropical, y muy húmedo montano subtropical se encuentran bien representados en el sistema nacional de áreas protegidas. Sin embargo, los bosques secos subtropical y tropical, y el monte espinoso subtropical prácticamente no se encuentran representados en el actual Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas.

Los administradores de las áreas protegidas que conforman el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas son múltiples. El ente rector es el Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP), quien administra el 79,29% del Sistema y funge como el ente rector en áreas protegidas y biodiversidad; el Instituto de Antropología, Arqueología e Historia (IDAEH) el 1,26%; el Instituto Nacional de Bosques (INAB) el 0,03%; de una manera conjunta CONAP/IDAEH el 1,48%; CONAP/Ministerio de Agricultura el 0,50%; CONAP/MAGA/INAB el 0,32%; CONAP con otros coadministradores el 11,7%; el INAB con otros coadministradores el 0,05%; el Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad Nacional de San Carlos el 2,78%; 25 Municipalidades con otras formas de gobiernos locales el 1,04%; y el sector corporativo o propietarios privados el 1,7 % con 164 unidades registradas (Godoy y Utrera, 2012) A pesar de que el porcentaje mayor en número de áreas protegidas (60%) corresponde a Reservas Naturales Privadas, éstas representan sólo el 1.7% del área total del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (33 250 ha. aproximadamente). Las áreas administradas por CONAP y las dadas en co-administración o delegación a ONG’s, representan las mayores áreas de protección, incluyendo cinco Reservas de la Biosfera (Cuadro 1).

Cuadro 1. Áreas Protegidas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) por categoría de manejo y sus superficies (ha)

TIPO DE CATEGORÍA SEGÚN UICN

Categoría de Manejo

N° deÁreas Protegidas

Superficie del SIGAP (excluye áreas protegidas dentro de las propias áreas)

% de la superficie del SIGAP
(excluye áreas protegidas dentro de las propias áreas)

Superficie del SIGAP bajo el tipo de categoría de manejo (todas las áreas)

% de la superficie del SIGAP por tipo de categoría de manejo (todas las áreas)

I

Parque Nacional, Reserva Biológica

22

94 295, 3

2, 7

797 313,3

22,9

II

Biotopo Protegido, Monumento Natural, Monumento Cultural

13

73 734,4

2,1

186 205,4

5,3

III

Refugio Vida Silvestre, Área Uso Múltiple, Reserva de Manantiales, y Reserva Forestal

14

550 682,5

15,8

550 682,5

15,8

IV

Parque Regional Municipal, Parque Recreativo

58

45 744

1,3

47 878,3

1,4

V

Reserva Natural Privada

164

33 250,8

0,95

61 597,3

1,77

VI

Reserva de la Biosfera

5

2 591 806,5

74,4

2 591 806,5

74,4

ZV

Zona de Veda

36

93 302

2,7

123 167

3,5

TOTALES

 

312

3 482 815,5

100%

4 358 650,3

125

Nota: Las Reservas de Biosfera contienen parques nacionales, parques municipales y reservas privadas que se contabilizan por separado cuando se hace por categoría de manejo.


LA EFECTIVIDAD DE MANEJO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEJA AÚN MUCHO QUE DESEAR

De las 312 áreas protegidas que integran el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, únicamente 72 cuentan con una plan maestro aprobado por el Consejo Nacional de Areas Protegidas, y 238 áreas protegidas no cuentan con plan maestro aprobado. Sin embargo, las 72 áreas protegidas que cuentan con dicho plan aprobado representan el 92% de la extensión del sistema nacional.

Actualmente la efectividad de manejo de las áreas protegidas se determina por medio del Sistema de Monitoreo del Manejo de las Áreas Protegidas (Revisión y Actualización), documento que fue aprobado por el Consejo Nacional de Areas Protegidas en julio del año 2011. Las mediciones de efectividad de manejo en el sistema nacional se realizan desde el año 2000, con el sistema mencionado, el cual fue adaptado a partir de la Estrategia de Monitoreo de Áreas Protegidas de Centroamérica desarrollada por PROARCA/CAPAS/TNC. En total, entre los años 2009, 2010 y 2011 se evaluó la efectividad de manejo para 71 áreas protegidas de distintas categorías de manejo, y se llegó a determinar lo siguiente:

Ninguna de las áreas protegidas evaluadas se encuentra en el nivel de manejo Satisfactorio (0%); 11 áreas protegidas se encuentran en un nivel de manejo Aceptable (15,5%); 22 áreas protegidas se encuentran en un nivel de manejo Regular (31%); 28 áreas protegidas se encuentran en un nivel de manejo Poco Aceptable (39,5%); y 10 áreas protegidas se encuentran en un nivel de manejo No Aceptable (14%) (Godoy y Utrera, 2012)

EL APORTE DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN GUATEMALA

Para lograr una red de áreas protegidas manejada efectivamente y con representación ecológica integral, se requerirá de la creación de nuevas áreas protegidas, en lugares donde existen presiones humanas mayores por la tierra, el agua, y otros recursos. Allí será necesario, demostrar que las áreas protegidas ofrecen un grupo de beneficios que se extienden más allá de la conservación tradicional de la naturaleza.

En Guatemala, se han identificado beneficios fundamentales del sistema nacional, tales como:

• Agua, esencial para el consumo humano y animal e importante para usos comerciales y no comerciales (agricultura de subsistencia, riego para cultivos de agro-exportación, plantas embotelladoras de agua potable, industria diversa, minería y generación de energía hidroeléctrica).

• Biodiversidad, con la flora y la fauna, y la producción de bienes y servicios naturales, como medicinas, fibras, tintes, y resinas que los ecosistemas generan para la supervivencia de la población.

• Alimentos, incluyendo plantas alimenticias silvestres (zapotes, aguacates, chiles y otros muchos), caza y pesca en categorías de manejo permitidas.

• Valores culturales y espirituales, en sitios sagrados, arqueológicos, construcciones históricas, rutas de peregrinaje, y de sistemas milenarios de expresiones culturales y espirituales ligados al uso de la tierra.

• Salud y recreación, con lugares esenciales para mantener y mejorar la salud física y mental, y también como, recursos recreativos importantes para los conglomerados urbanos. Los valores para la salud también pueden derivarse directamente de recursos medicinales que se obtienen de las áreas protegidas.

• Conocimiento, las áreas protegidas utilizadas para apoyar la investigación y el desarrollo del conocimiento y para la educación, proporcionando sitios extraordinarios de enseñanza de jóvenes y adultos.

• Materiales, muchos de ellos utilizados como generadores de empleo en la construcción, producción de artesanías (madera, leña, coral, conchas, resinas, hule o goma, ratán y lianas).

• Mitigación y adaptación al cambio climático, con áreas protegidas donde se secuestra carbono (principalmente en áreas boscosas o marinas) y se mitigan impactos de cambio climático local y global (controlando la variabilidad climática, evitando la degradación de los suelos, reteniendo agua, y regulando la temperatura).

• Disminución de riesgo, donde las áreas protegidas son esenciales para mitigar los impactos de eventos meteorológicos y sísmicos extremos, estabilizando el suelo al evitar avalanchas y derrumbes; evitando inundaciones (cobertura vegetal en pequeñas cuencas, protección en llanuras aluviales y humedales), y con la protección costera (con la presencia de manglares, dunas de arena o arrecifes de coral como barreras).

• Servicios de polinización: las áreas protegidas también juegan un papel esencial al ayudar en el ciclo ecológico de insectos polinizadores (y controladores naturales de plagas) (Ariano y Alvarado, 2011)

LAS AMENAZAS Y EL DETERIORO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES

El ritmo de crecimiento de la población en Guatemala se ha mantenido relativamente constante en 2,5% anual y, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), para el año 2010 el país cuenta con más de 14,4 millones de habitantes. La tasa de crecimiento anual poblacional nacional es muy superior a la media latinoamericana de 1,1%, e incluso es superior a la tasa centroamericana de 1,4% (promedio, sin incluir Guatemala, según datos del año 2009 de CELADE y CEPAL).

Las cifras oficiales indican que para el año 2011, el 53,75% de la población guatemalteca está en condiciones de pobreza y el 13,33% de pobreza extrema. En la realidad de los países latinoamericanos se plantea que la pobreza es la que tiene mayor impacto en el acceso a alimentos, medios de vida (viviendas seguras, por ejemplo), seguridad económica y oportunidades en general. Es por ello que, para el año 2009, se reportó que el 1,4% de los niños menores de cinco años padecía de desnutrición aguda y casi el 50% de desnutrición crónica.

Durante el período de 1989 a 2006, la economía informal creció casi un 7%, y las industrias extractivas de minería y el desarrollo de hidroeléctricas han aumentado significativamente en esta última década, al igual que la expansión de cultivos tales como la caña de azúcar y la palma aceitera o africana.

La deforestación es creciente y ha llegado a cifras de más de 132 000 hectáreas anuales y ha alcanzado dimensiones críticas, inclusive, dentro de áreas legalmente protegidas. No hay políticas públicas explícitas y menos instrumentos de política económica en relación con la gestión y conservación del agua, lo cual favorece usos dominantemente extractivos y contaminantes. La sobreutilización de los suelos se intensifica y la consecuente erosión de estos compromete, cada vez más, a uno de los activos clave para la seguridad alimentaria.

Adicionalmente, se mantienen los ritmos de deterioro de las zonas marino-costeras y sus poblaciones naturales de flora y fauna. Se intensifica la extracción descontrolada de bienes del subsuelo (minas y petróleo) y con ello se incrementa también el conflicto rural. La generación de desechos sólidos y líquidos de origen industrial y doméstico alcanza altas proporciones, y los niveles de manejo son prácticamente insignificantes, lo cual explica la contaminación de suelos y agua en todo el territorio. Además, las emisiones de gases con efecto invernadero muestran un incremento acelerado, lo cual, unido a la pérdida de bosques naturales, acentúa la condición de país emisor neto de tales gases.

Al analizar algunos de estos indicadores acerca del ambiente natural, en el marco del Índice de Desempeño Ambiental Global (EPI), desarrollado por el Centro de Política y Legislación Ambiental de la Universidad de Yale, los resultados son vergonzosos. De 163 países analizados en el año 2010, Guatemala ocupó la posición 104 con un valor del EPI de 54%, con tendencias a la baja (Gálvez, 2012). Pese a esa imagen, las autoridades del ejecutivo y del legislativo, no han encontrado formas que les permitan ver la importancia de colocar más presupuesto y apoyo político en la gestión del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas.

LA NECESIDAD FINANCIERA

Estimaciones hechas hace una década muestran que el valor de las áreas protegidas podría alcanzar cifras que constituyen un equivalente de alrededor el 6% del presupuesto general del Estado, y una proporción cercana al 0,8% del Producto Interno Bruto estimado para el año 2006. A pesar de que las áreas protegidas del país constituyen aproximadamente un 32% del territorio nacional, el presupuesto asignado por el Estado en los últimos años a las instituciones relacionadas con el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (CONAP, INAB, IDAEH, CECON, entre otras), alcanza solamente, entre un 0,4% a un 0,6% del presupuesto total anual del país (entre 18 y 23 millones de dólares aproximadamente). Con los escasos recursos financieros asignados, las instituciones gubernamentales apenas alcanzan a cubrir gastos de salarios del personal necesario para el funcionamiento mínimo de algunas áreas protegidas y algunos gastos operativos. Ello ha generado, entre otros, un clima de debilidad, y por lo tanto, su parcial deterioro con los problemas que estas áreas afrontan actualmente (invasión de tierras, incendios forestales, contrabando de mercancías, tala inmoderada de bosques y caza ilegal de animales silvestres, entre otros fenómenos).

Adicionalmente, las ONG´s internacionales y los programas de manejo de cuencas, desarrollo forestal y conservación de la biodiversidad, funcionando con apoyo de la cooperación externa, han aportado una cifra adicional promedio entre 15 y 20 millones de dólares anuales a los recursos financieros que destina el Estado a través de su presupuesto anual y de algunos programas especiales como el Fondo de Conservación de Bosques Tropicales. Estimaciones hechas en los últimos años, y dependiendo de la metodología utilizada y la muestra de análisis, indican que la brecha financiera para gestionar adecuadamente el sistema nacional está entre los 50 y los 90 millones de dólares anuales. Esto muestra la urgente necesidad de ampliar la cobertura y la profundidad de la gestión financiera de las unidades del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (Godoy, 2010).

EL FUTURO PRÓXIMO DE LA EXPANSIÓN HACIA LO MARINO

En seguimiento al desarrollo de la valoración, y la nueva política para el manejo integral de las zonas marino costeras (Acuerdo Gubernativo N° 328-2009), se ha identificado según el análisis de vacíos marinos del sistema de áreas protegidas, la necesidad de buscar oportunidades de conservación en once sitios prioritarios (de los cuales 10 están en la costa del Océano Pacífico): 1 Las Lisas mar adentro: 92 km2; 2 Ocós - Manchón Guamuchal: 731 km2; 3 La Candelaria mar adentro: 57 km2; 4 El Carrizal mar adentro: 126 km2; 5 Iztapa – Monterrico: 289 km2; 6 Barra Madre Vieja-Tecojate: 548 km2; 7 Sipacate - El Nance - El Paredón Buena Vista: 7 km2; 8 San José mar adentro: 7 km2; 9 El Maguey - Barra El Jiote: 123 km2; 10 Estero Cuchuapán - El Tulate: 1 045 km2; y 11 Río Sarstún - Punta de Manabique: 318 km2 sobre el Mar Caribe (Figura 2).

El litoral costero de Guatemala se extiende a más de 402 km. La región costera del país incluye un total de siete departamentos, 17 municipios y cerca de 300 comunidades asentadas directamente en dicha zona. Esto implica una influencia directa sobre cerca de 300 mil personas asentadas en los municipios costeros e indirectamente sobre cerca de tres millones de personas.

Figura 2. Vacios y conectividad propuesta para el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, incluyendo los 11 sitios marino-costeros prioritarios
Figura 2. Vacios y conectividad propuesta para el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, incluyendo los 11 sitios marino-costeros prioritarios


FRENTE A LA AMENAZA DEL CAMBIO CLIMÁTICO: LOS CORREDORES

Frente a las amenazas y la vulnerabilidad, y las expectativas de desarrollo económico, Guatemala ha apoyado el avance del concepto de los corredores ecológicos. La iniciativa original del Corredor Biológico Mesoamericano, firmada por los Presidentes de Centroamérica en 1997, le da una dimensión ecológica y socio-económica más amplia a la propuesta conservacionista de Paseo Pantera, desarrollada por Wildlife Conservation Society (WCS) y Caribbean Conservation Corporation (CCC), con el fin de promover el mantenimiento y restablecimiento de la cobertura boscosa en la costa atlántica de Mesoamérica.

Dicha iniciativa elaborada por la IUCN en sus inicios, se enmarca en el Convenio Centroamericano de Biodiversidad, firmado por los Presidentes de los seis países de la región en 1992, y la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, en 1994, la cual da el mandato de diseñar el Corredor Biológico Mesoamericano, el cual, de acuerdo a su dimensión mesoamericana, incluye a México y Belice.

El Corredor Biológico Mesoamericano se definió como “un sistema de ordenamiento territorial compuesto de áreas naturales bajo regímenes de administración especial, zonas núcleo, de amortiguamiento, de usos múltiples y de interconexión; organizado y consolidado, brindando un conjunto de bienes y servicios ambientales a la sociedad centroamericana y mundial, proporcionando los espacios de concertación social para promover la inversión en la conservación y uso sostenible los recursos naturales” (XIX Cumbre de Presidentes Centroamericanos, 1997). La iniciativa se insertó en el marco institucional de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), y en el caso de Guatemala, tiene como punto focal político al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

En la Figura 2, mostrada con anterioridad, se pueden visualizar los “corredores” conceptuales a partir del análisis de cobertura natural y otros factores modelados en el “Gap Análisis”. Sin embargo en la parte operativa, los corredores están teniendo distintas expresiones incipientes tales como:

· Corredor del Bosque Nuboso, entre el Biotopo del Quetzal y la Reserva de la Biósfera Sierra de las Minas, ubicado en el departamento de Baja Verapaz, impulsado inicialmente por el Centro de Estudios Conservacionistas (CECON) de la Universidad de San Carlos, la Fundación Defensores de la Naturaleza y el Programa Las Verapaces de GIZ, el cual es el más consolidado institucionalmente, a través de una asociación local que ha liderado su implementación. Esta iniciativa está compuesta básicamente por reservas privadas y plantaciones forestales.

· Corredor del Caribe, el cual ha servido como el marco de trabajo para la consolidación de la red de áreas protegidas del departamento de Izabal, impulsado principalmente por la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO). Este corredor consiste en unir reservas privadas, bosques comunales y fincas con ganadería ecológica.

· Los corredores entre zonas núcleo de la Reserva de la Biósfera Maya (Parque Nacional Tikal, Parque Nacional Mirador y Parque Nacional Laguna del Tigre), los cuales no han sido concesionados como el resto de la Zona de Usos Múltiples, en cuya selva se ha contemplado permitir acciones de ecoturismo y de extracción de productos forestales no maderables (xate, pimienta, bayal, entre otros).

· La iniciativa del Corredor Biológico del Café, que fue liderada por el Ministerio de Ambiente y la Asociación Nacional del Café (ANACAFE), con el propósito de mejorar la gestión ambiental de esta actividad agrícola, contribuyendo a mejorar la conservación de la biodiversidad sobre 270 000 hectáreas.

· Corredor Bio-Cultural y de Desarrollo Sostenible Zunil-Atitlán-Balam-Juyu, con una conceptualización avanzada, ahora tratándose de institucionalizar. Constituye prácticamente el corazón de una franja de bosques latifoliados, gestionado por Vivamos Mejor, cuyo asidero más territorial es la propuesta del Corredor Biológico del Café, a lo largo de la cadena volcánica central y occidental, desde el volcán Tacana, en la frontera con México, hasta el volcán Tecuamburro, en el Departamento de Santa Rosa. (Secaira, 2012)

· Propuesta de Corredores Biológicos en la zona trinacional de la Reserva de la Biósfera Trifinio - Fraternidad (entre Guatemala, Honduras y El Salvador).

CONCLUSIONES

Luego de un poco más de dos décadas de trabajo intenso de las instituciones del gobierno central, de las Municipalidades, de la cooperación internacional y de las asociaciones de productores y propietarios privados, se puede concluir lo siguiente respecto al Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas:

· Opera con marcos legales estables y de largo plazo para gestionar los ecosistemas terrestres, de agua dulce y marino-costero, haciendo esfuerzos por llenar los vacíos de representatividad.

· Cuenta con estructuras acordadas de gobernanza destinadas a cumplir con una amplia gama de requisitos y características socioculturales (regionalización, co-manejo, alianzas con comunitarios y privados).

· Reconoce los valores sociales y culturales de las áreas protegidas y tiene experiencia en el desarrollo de enfoques asequibles que involucren a las personas en la gestión de una forma legítima y eficiente (gestión con productores, pueblos indígenas y Municipalidades).

· Se basa en un compromiso de permanencia y eficiencia en la gestión a largo plazo de los recursos naturales y de los ecosistemas (sistema de monitoreo de la eficiencia).

· Cuenta con planes de gestión (lineamientos y aprobación de planes de manejo) para facilitar respuestas ante nueva información o condiciones sociales o financieras nuevas.

· Ha desarrollado formas de almacenamiento de información y formas de comunicación modernas tales como su Sistema de Información Geográfica, su centro de análisis de información ambiental (CEMEC), sus páginas web, y otros instrumentos.

· Cuenta con límites definidos, que puede utilizarse para medir los servicios ecosistémicos y de almacenamientos de carbono, entre otros, como base de nuevos mecanismos financieros, además de FONACON y el FCA (canje de deuda).

· Cuenta con equipos y recursos personales dotados de conocimientos técnicos y de capacidad de gestión, inclusive para entender cómo gestionar ecosistemas para generar determinados servicios ecosistémicos, vitales para la disminución del riesgo y la adaptación al cambio climático (política nacional e institucional para mitigar los efectos del cambio climático).

· Ofrece oportunidades de compartir la experiencia desarrollada en la planificación y la gestión de áreas protegidas, con el fin de desarrollar enfoques alternativos de uso del suelo, en amplias escalas de los paisajes terrestres y marinos (conservación en tierras comunales y reservas privadas en corredores y áreas de uso múltiple).

· Respaldado por redes de expertos y ONG’s internacionales dispuestos a proporcionar asesoría y asistencia técnica y financiera.

· Apoyado con mecanismos de financiación permanentes y temporales, incluyendo asignaciones presupuestarias gubernamentales, canjes de deuda y financiamiento externo (GEF-UNDP, USAID, LifeWeb, Países Bajos, Cooperación Alemana, BID, entre otros).

· Asociado a convenios y acuerdos internacionales de apoyo (CDB, CITES, Patrimonio Mundial, Ramsar, Programa del Hombre y la Biosfera –MAB, entre otros).

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Ariano, D. y Alvarado, L. 2011. El Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas: base fundamental para el bienestar de la sociedad guatemalteca. CONAP-ZOOTROPIC Guatemala. 357 p.

Gálvez, J. et al. 2012. Perfil Ambiental de Guatemala 2010-2012: vulnerabilidad local y creciente construcción de riesgo. URL-IARNA. Guatemala. 468 p.

Godoy, C. y Utrera, L.P. 2012. Informe ejecutivo del SIGAP 2012. Consejo Nacional de Áreas Protegidas. CONAP. Guatemala. 42 p.

Godoy, J.C. 2010. El valor de los bienes y servicios que provee el Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas. TNC. Guatemala. 45 p.

Secaira, E. 2012. Corredor Bio-Cultural y de Desarrollo Sostenible Zunil-Atitlán-Balam Juyú. Definición Técnica y Plan de Manejo. Vivamos Mejor. Guatemala. 123 p.