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Una experiencia de gestión compartida con pueblos indígenas de un área protegida de Bolivia

Introducción

Con la promulgación en 1992 de la ley 1333 del Medio Ambiente se sientan las bases para el desarrollo del sector ambiental en Bolivia, creándose la Dirección Nacional de Conservación de la Biodiversidad dentro del entonces Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. Para el funcionamiento e implementación de las líneas de acción de la Dirección se creó el Proyecto de Conservación de la Biodiversidad de Bolivia, que contó con financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente.

Entre 1995 y 2005 el enfoque que se institucionaliza es el de conservación y mantenimiento a perpetuidad del patrimonio natural de Bolivia, con aprovechamiento de los recursos naturales para la mejora de la calidad de vida de la población. Este enfoque prevalece en el presente.

La Ley 13 333 establece la creación formal del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las bases normativas para su gestión. Plantea los objetivos de las áreas protegidas y los lineamientos para su administración. Por ejemplo, que en la gestión de las áreas protegidas podrán participar pueblos indígenas y que la declaratoria de áreas protegidas es compatible con la existencia de comunidades tradicionales (Art. 62 y 64).

Para la gestión del Sistema Nacional se creó el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), institución que adopta el paradigma de "Áreas con Gente", a partir del cual se desarrolla la primera propuesta de co-administración, que supone la delegación por parte del Estado a entidades civiles (organizaciones sociales, ONGs ambientalistas) de responsabilidades de gestión de las áreas protegidas (Pacheco, 2009). Más que un modelo la propuesta de co-administración plantea los siguientes lineamientos generales:

• Privilegiar la participación y construcción de consensos con los diversos actores involucrados en las áreas protegidas tomando en cuenta los contextos socio- políticos.

• No sólo lograr mayores niveles de eficacia en la gestión, sino también contar con mayores niveles de sensibilidad social integrando una ética de la conservación con equidad social e interculturalidad.

• Establecer alianzas con los actores locales para mejorar la gestión de las áreas protegidas.

La evolución del marco institucional y normativo en estos veinte años ha supuesto la configuración de un aparato legal y normativo mucho más complejo, en función de la diversidad de problemas concretos que se presentaron en el territorio nacional. De una ley inicial establecida en 1992 se fueron derivando nuevas leyes específicas, reglamentaciones, decretos supremos y resoluciones ministeriales, que han contribuido a la definición de un marco jurídico internamente coherente y cada vez más adecuado a la realidad socio-ambiental y territorial del país1. No obstante y como se verá más adelante, esta coherencia no se da en el escenario jurídico intersectorial.

Actualmente se cuenta con un Anteproyecto de Ley del SERNAP y un proyecto de decreto supremo para la Gestión Territorial con Responsabilidad Compartida, propuestas que fueron construidas con amplia participación de los actores involucrados (organizaciones indígenas y campesinas, SERNAP, personal de las áreas protegidas y de la cooperación internacional).

La Constitución Política del Estado vigente, ratifica el marco jurídico del sector ambiental y profundiza el enfoque de participación de los pueblos indígenas en la conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad (Landaeta, 2009). No obstante, se considera que no resuelve la falta de coherencia jurídica intersectorial.

Desde la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en 1992 hasta la fecha, la superficie total de las áreas protegidas de importancia nacional ha crecido en más de 1 000%. (REDESMA/SERNAP, 2007). El Sistema tiene 69 áreas protegidas, conjunto que cubre el 19% del territorio boliviano, dentro del cual las áreas protegidas nacionales, que ascienden a 22, son las más grandes. De estas el 42% corresponde a territorios y espacios de vida de pueblos indígenas originario campesinos (PIOC). En estos viven aproximadamente 200 000 habitantes, de los cuales 78% son PIOC, distribuidos en más de 800 comunidades, y que corresponden a 17 pueblos y naciones indígenas de las 36 reconocidas en la Constitución. En las áreas de amortiguación habitan aproximadamente dos millones de personas, el 80% pertenecientes a comunidades indígenas originario campesinas (Pacheco, 2009).

En las regiones amazónica y chaqueña estas áreas protegidas se sobreponen total o parcialmente con catorce Tierras Comunitarias de Origen y colindan con 30, las cuales tienen algún tipo de relación o influencia sobre sus recursos naturales. En la región andina casi la totalidad de estas áreas protegidas se sobrepone a las Tierras Comunitarias de Origen.

Doce de las catorce eco-regiones de Bolivia están representadas en áreas protegidas que poseen la mayor diversidad natural y biológica del país.

GESTIÓN CON PARTICIPACIÓN SOCIAL EN ÁREAS PROTEGIDAS DE BOLIVIA

A continuación se presenta una reflexión general de la experiencia de implementación de la propuesta de participación social en la gestión de áreas protegidas, inspirada en una de las experiencias más importantes y emblemáticas de gestión compartida entre el Estado y un pueblo indígena de tierras bajas de Bolivia2. En este sentido, más que la presentación de un caso concreto, se trata de enfocar un conjunto de lecciones aprendidas que se consideran representativas, en la medida que se desarrollan en un escenario institucional, político e histórico. Se trata de los intentos de promover dos perspectivas a nivel de políticas de desarrollo en Bolivia: la del medio ambiente y la de la “inclusión” de los pueblos indígenas en la gestión pública del sector ambiental.

Dos décadas de ensayo en la perspectiva de implementar el modelo gestión de áreas protegidas con participación social y de pueblos indígenas en particular, ha supuesto avances considerables en las formulaciones teóricas y jurídicas, sin el mismo correlato en el plano de su aplicación, existiendo un rezago a este nivel.

Son varios los factores que determinaron el curso de las experiencias de co-gestión en áreas protegidas. Las lecciones aprendidas en este campo permiten destacar como limitantes un conjunto de factores que se presentan a continuación.

Condiciones estructurales

En Bolivia la institucionalización pública del sector ambiental se da en el marco de un modelo de desarrollo hegemónico de vieja data, y en un momento histórico caracterizado por la radicalización del enfoque liberal del capitalismo (el neoliberalismo). A la luz de este fenómeno el desarrollo del sector ambiental responde a una política de control de la biodiversidad vía una regulación supeditada a intereses mercantiles transnacionales.

Es ya de consenso la definición de este modelo de desarrollo hegemónico como una formación social, en la que se encuentran articuladas en relación de subordinación formas pre-capitalistas, “intermedias” entre lo pre-capitalista y lo capitalista y un sector moderno, capitalista primario exportador dependiente (Landaeta, 2009). La articulación de Bolivia al mercado internacional como país periférico, establece la dominancia de formas económicas determinadas por la lógica de acumulación capitalista. La hipótesis de muchos pensadores críticos es que la superación de esta configuración, definida por Zabaleta Mercado como “abigarrada”, no podrá darse nunca por la vía del crecimiento económico, del desarrollo capitalista ni de la modernización.

Las diferentes formas de dependencia económica que se sucedieron a lo largo de la vida Republicana, desde la colonial hasta la actual periférica capitalista, han dejado y continúan profundizando una honda y larga huella de destrucción ambiental y de despojo y deterioro social. No obstante, por las particularidades de la articulación de Bolivia al mercado mundial, a partir de enclaves, amplios “espacios de vida”3 de lo que hoy corresponde al territorio nacional quedaron al margen de la explotación colonial y preservados4.

Con la revolución del 52 (“la marcha al oriente”) se inicia una acelerada ocupación de las tierras bajas, que a lo largo de seis décadas ha supuesto una rápida alteración de los ecosistemas. Ello ha causado un grave deterioro ambiental y de los pueblos indígenas locales, generándose complejos procesos en los sistemas de vida locales. Estos se agudizaron a partir de la aplicación del modelo neoliberal5, con la expulsión de grandes contingentes de mano de obra de los centros mineros, la cual se fue asentando en otros territorios, provocando procesos de reconfiguración social de los mismos. Tal es el caso Trópico de Cochabamba, en el que los colonizadores han introducido nuevos sistemas de vida, no necesariamente compatibles con el medio ambiente ni con las formas de relación sociedad-naturaleza de las poblaciones locales.

A pesar de esta tendencia histórica, según algunos autores, Bolivia continúa siendo un país muy conservado, gracias a su relativo aislamiento debido al bajo desarrollo de la infraestructura vial.

En el contexto brevemente descrito, las áreas protegidas y la gestión compartida tuvieron sistemáticas limitaciones para llevar a la práctica los logros obtenidos en el plano de la proposición jurídica y conceptual. A continuación se mencionan algunos datos que ejemplifican estas limitaciones.

En la creación de áreas protegidas no se tomó en cuenta la existencia de operaciones mineras activas e inactivas. El 67% de las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas cuenta con concesiones mineras. Los efectos ambientales de éstas en operación son considerables, particularmente de las que trabajan a cielo abierto en la Amazonía (Boletín OBIE, 2008).

Sobre la construcción y operación del Gasoducto Bolivia-Brasil en el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Kaa Iya, un informe especializado estableció lo siguiente: “frente al tema de impactos integrados y estratégicos los principales problemas se presentan ante la situación de las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera y minera. En primer lugar porque los impactos directos de estas actividades son mayores que los del propio gasoducto, su distribución en el espacio y dinámicas en el tiempo son variables y la inversión en sistemas de control ambiental y social bastante más difíciles de implementar. A esto se suma la fragilidad y cruce de competencias y atribuciones entre las normas de los diferentes sectores y más aún ante la ausencia de procedimientos institucionales adecuados. Y por último ante la vulnerabilidad de las diversas instituciones ante gestiones interesadas de la empresa” (WCS, 2002).

Según Garnica (2008), en la realización del Estudio de Impacto Ambiental por la empresa y las organizaciones conservacionistas, el Estado estuvo prácticamente ausente. Frente a la omnipotencia de las empresas hidrocarburíferas y mineras, con políticas altamente favorables a este modelo de desarrollo, sin un respaldo contundente del Estado, que nunca destino más del 3% del Tesoro General de la Nación al Sistema Nacional y con grandes debilidades técnicas para ejercer control, las co-administradoras difícilmente podrían cumplir los grandes objetivos de gestión de las áreas protegidas y del Reglamento General de Áreas Protegidas.

En otro orden, la política de compensaciones a comunidades indígenas y campesinas con territorios afectados por las operaciones hidrocarburíferas, más allá de ser una medida justa, tuvo en la generalidad de los casos efectos colaterales perversos, ya que a raíz de estas compensaciones millonarias se generó una ola de corrupción en la dirigencia indígena y un debilitamiento del tejido social local. En muchos casos esta situación fue deliberadamente aprovechada por las empresas, como mecanismo de control de las comunidades y de contención de conflictos ambientales. En este sentido, la capacidad local para la protección de los territorios protegidos frecuentemente se vio debilitada y la autoridad de las co-administradoras erosionada

frente a infracciones frecuentes de las empresas a las normas ambientales (apertura de brechas y caminos, excesivo tráfico de motorizados de alto tonelaje, destrucción de bosques, interrupción de áreas de revegetación, caza de animales por empleados de las empresas, entre otros).

En el caso de Kaa Iya, los guardaparques, todos oriundos de las comunidades del área, ejercieron su trabajo de monitoreo a las actividades hidrocarburíferas bastante desprovistos de un respaldo Estatal contundente. No contaron con asistencia profesional para el monitoreo de impactos ambientales, ni respaldo para hacer prevalecer las leyes bolivianas frente a las petroleras. Este cuadro se vio agravado con el hecho de que las petroleras cumplieron roles de “financiadores de buena voluntad” de los medios de trabajo del Cuerpo de Protección (infraestructura, equipos y medios de sobrevivencia), lo que implicó que este personal dependiera de un actor que muchas veces infringía las leyes del área. En estas condiciones es claro que experimentaron una erosión de su autoridad.

Marco jurídico

En la legislación ambiental se observa un avance importante que contrasta con la falta de coherencia a nivel del marco jurídico global. Como señalan WCS y TINKER (2007), “la legislación ambiental es atravesada y superpuesta con y por jurisdicciones y competencias tales como las de hidrocarburos, minería, obras públicas, descentralización, gobiernos locales, estructuras de propiedad y concesiones”. Esta falta de coherencia en el campo jurídico normativo no sólo provoca problemas de superposición de competencias al interior de las áreas protegidas, sino que llega al punto de que “la prioridad de la agenda hidrocarburífera es tal que pasa por encima de las jurisdicciones ambientales, como las áreas protegidas relacionadas con derechos territoriales de los pueblos indígenas”.

Legalmente no existe ningún impedimento para otorgar concesiones mineras en áreas reservadas, según el Código de Minería: “Los concesionarios mineros pueden realizar actividades mineras en áreas protegidas, cuando un estudio de evaluación de impacto ambiental establezca que dichas actividades no afectan el cumplimiento de los objetivos de protección del área” (Boletín OBIE, 2008).

Por otra parte, existen vacíos en la legislación. Un ejemplo es la falta de normatividad para construir caminos en áreas protegidas. Esta situación en la actualidad es fuente de conflictos en el Territorio Indígena y Área Protegida Isiboro Secure de Bolivia, que al no disponer de una reglamentación especial en este campo, queda a merced de la arbitrariedad del Estado en su empeño por consumar la construcción del segundo tramo de la carretera que unirá Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni). Este tramo atraviesa el área, violando disposiciones establecidas en el Convenio 169 a favor del derechos de los pueblos indígenas, y otras disposiciones ambientales (El Diario, 2011).

Como lo expresan algunos autores, otro problema es la sobreposición de derechos de uso. Por ejemplo, en Isiboro Secure se tienen Tierras Comunitarias de Origen, Tierras Comunitarias Campesinas (colonizadores), área protegida y concesiones hidrocarburiferas, sin que exista una clara delimitación de estos usos. El modelo de gestión compartida con participación local y particularmente indígena, permite abrir espacios de diálogo entre los actores involucrados y llegar a acuerdos consensuados

para la delimitación de usos. En este sentido, la experiencia de coadministración del Kaa Iya dejó lecciones muy interesantes, a nivel de la construcción de normatividad sobre el uso y aprovechamiento de especies, con participaron indígena.

Finalmente, la gran debilidad es la poca aplicación de las leyes y normas establecidas. No existe capacidad instalada para hacer cumplir las leyes.

Todas las deficiencias señaladas limitaron el desarrollo de la gestión compartida, afectando particularmente el desempeño de los comités de gestión.

Marco institucional

La multiplicidad de instituciones que operan en el campo de la biodiversidad constituye otra limitación. Diferentes sectores sin articulación intervienen en la administración de los recursos biológicos, manejando determinados componentes del ecosistema o tipos de ecosistemas. Así, existen autoridades diferentes para aguas, bosques, tierra, vida silvestre, pesca, lo que impide promover manejos integrales de ecosistemas, que contemplen el aprovechamiento de recursos que se encuentran gestionados por diferentes autoridades.

Una administración compartimentada de recursos de la biodiversidad no es apta para las poblaciones indígenas. “Esta forma sectorializada de gestión de los recursos biológicos frecuentemente entra en contradicción con los patrones de uso de las comunidades locales (indígenas, campesinas) que habitualmente practican un uso diversificado de recursos de fauna, plantas medicinales, frutos, fibras, madera, peces y otros elementos del ecosistema” (GTZ et.al., 2001).

Otra rasgo del marco institucional del sector, con fuerte gravitación en el desempeño de la gestión compartida, es la alta inestabilidad de las autoridades y personal a nivel del ministerio del ramo y del SERNAP. En la experiencia del Kaa Iya esta debilidad, junto con la falta de regularidad en el desembolso de recursos financieros comprometidos por el Estado, provocó la casi paralización de la gestión del área.

Finalmente, el 3% destinado por el Estado al Sistema Nacional demuestra que este sector simple y llanamente no tiene la importancia que aparenta tras los discursos de defensa de La Madre Tierra. Como en la década pasada, las áreas protegidas continúan siendo solventadas por la cooperación internacional, lo que no representa una garantía de sostenibilidad a largo plazo.

En un escenario institucional como el descrito difícilmente podría garantizarse el éxito de un modelo de gestión compartida con participación de pueblos indígenas.

Pese a los problemas mencionados, el Sistema ha tenido un crecimiento sostenido, tendencia similar a la experimentada a nivel de Latinoamérica (Barragán, 2008) y ha avanzado en el desarrollo de mecanismos de funcionamiento. Como dice Givois (2006) “El SNAP dispone cada vez de orientaciones más definidas para la operación del Sistema a largo plazo

Condiciones sociales de la gestión compartida

En más de cinco siglos de colonialismo y vida republicana, las sociedades indígenas han experimentado una sistemática erosión de su cultura, por ende de sus sistemas de vida, organización y control social. El largo proceso de mestizaje ha complejizado este tejido social reforzando “originarias”6 estructuras de estratificación interna y creando nuevas.

Por otra parte, el modelo de desarrollo hegemónico, brevemente caracterizado al inicio, provocó el desplazamiento (expulsión) de contingentes de población indígena de sus hábitats originales, por razones de perdida/usurpación de sus territorios (creación de latifundios) o por degradación de éstos (contaminación minera, hidrocarburífera, agroindustrial). Tales procesos tuvieron múltiples impactos. Entre ellos la complejización de los espacios de asentamientos (amazónicos y tropicales) de las poblaciones desplazadas. Estas, al experimentar un cambio de medios biofísicos, ligado a su mayor inserción en el mercado, desarrollaron en las zonas de asentamiento prácticas depredadoras del medioambiente y relaciones generalmente de conflicto con las poblaciones locales.

De esta manera, en los territorios protegidos suelen existir múltiples sistemas de vida y en posible contradicción socio-ambiental. Tal el caso de la zona del Trópico de Cochabamba e Isiboro Secure, donde coexisten en relación de conflicto sistemas de vida campesino-cocaleros con sistemas de vida de pueblos originarios Yuracares, Mojeños Chimanes y Yuquis. En el conflicto relacionado a la construcción de la carretera, las posiciones de ambos son contrapuestas: los primeros apoyan el progreso y los segundos están en la lucha por la defensa de su hábitat natural.

Lo anterior apunta a señalar varios aspectos de importancia estructural:

• El discurso de participación de poblaciones locales indígenas y campesinas que sustenta las propuestas de gestión compartida no toma en cuenta la complejidad de los tejidos sociales presentes en los territorios protegidos.

• Estos tejidos suelen estar atravesados por complejas relaciones jerárquicas o no inter-étnicas o inter-sociales (indígenas y campesinos colonizadores) e intra- étnicas.

• Generalmente los externos (Estado, ONGs) establecen relaciones con grupos o segmentos “privilegiados” de las poblaciones locales, los que tienen ventajas respecto a los grupos de base en su articulación con la sociedad hegemónica (urbana, criolla, mestiza de las ciudades)

La experiencia de co-administración en los casos estudiados muestra que intervenciones sin una comprensión solida de los tejidos sociales de las áreas protegidas, puede generar efectos contrarios a los objetivos de fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión compartida.

6 Diversos estudios etnohistóricos en tierras altas y bajas de Bolivia revelan la existencia de estructuras jerárquicas en varios pueblos indígenas antes de la Colonia y después. Es el caso del pueblo Isoseño del Chaco boliviano (guaraní – chané) y su organización, la Capitanía del Alto y Bajo Isoso (CABI). La CABI fue la primera organización indígena en co- administrar un área protegida con el Estado en el Parque Kaa Iya.

Entre los efectos no deseados observados cabe mencionar:

• La creación de cúpulas de gestión conformadas por sectores dirigenciales indígenas, organizaciones de cooperación y segmentos del gobierno, que imprimen modelos de gestión elitarios, donde unos cuantos usufructuaron de oportunidades económicas y políticas abiertas por los programas de las áreas protegidas.

• Conflictos en las sociedades locales por la creación y/o ahondamiento de privilegios internos, con el consecuente debilitamiento de sus tejidos sociales.

• Relegamiento de las comunidades de base de decisiones relativas a diferentes aspectos de la gestión compartida (programas de protección, de manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, de capacitación, de investigación, entre otros).

DESAFÍOS DE LA GESTIÓN TERRITORIAL CON RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

La promoción de las políticas ambientales, el fortalecimiento del Sistema Nacional y la implementación de un modelo que garantice la participación plena de los pueblos indígenas debe ser, en primer término, un desafío del gobierno de Bolivia. Este tiene como mandato del pueblo la responsabilidad de sentar las bases para un progresivo cambio de los patrones de producción y consumo, impulsando, como estipula la Constitución Política del Estado, un “desarrollo” sustentado en las potencialidades locales, aprovechando el inmenso patrimonio natural y cultural de la rica diversidad plurinacional.

La matriz extractivista del crecimiento económico, está demostrado a lo largo de la historia boliviana, con abundantes evidencias empíricas, que lejos de las promesas (incumplidas) de superación de la pobreza, ha provocado lo contrario. Más aún, lo sigue haciendo. Ello se refleja en el deterioro de la calidad de vida de los bolivianos, el ahondamiento de la dependencia, y la pérdida de las capacidades económicas por la fuga de excedentes en el proceso de intercambio desigual.

Ni las políticas ni las estrategias son las que definen el desarrollo y ahí están las grandes transnacionales imponiendo sus intereses a nivel mundial, viendo a la naturaleza como una fuente inagotable de usufructo privado. En este sentido, el desafío de la Gestión Territorial con Responsabilidad Compartida en Áreas Protegidas no pasa sólo por la resolución de problemas procedimentales, sino, ante todo, por cambios en los modelos de relación de la sociedad hegemónica7 con los pueblos indígenas. Es preciso emprender un camino en sentido contrario: en lugar de incorporarlos persistentemente a las formas sofisticadas de organización y gestión de la vida pública, aprender a actuar con ellos, para construir un modelo alternativo de sociedad.

En lo operativo, lo anterior debería traducirse en un primer paso básico. Se trata de la superación de las lógicas cupulares de organización y gestión, a partir de las cuales las decisiones sobre las “periferias rurales, indígenas y campesinas se toman siempre en los centros de poder (urbanos, criollos, mestizos, institucionales), donde también radican las dirigencias indígenas de más alto nivel. En esto el proyecto de Gestión Territorial con Responsabilidad Compartida no ofrece un cambio cualitativo, ya que la estructura de organización que plantea es en esencia vertical.

Una primera medida elemental para emprender el cambio de este modelo centro/periferia sería trasladar el centro de las operaciones y decisiones a las zonas de acción (las áreas protegidas), creando en éstas las condiciones adecuadas para ofrecer un servicio eficiente, oportuno y acertado a los requerimiento de implementación de los planes de manejo y protección. Este modelo básico, con seguridad tendría menor costo y mayores resultados.

NOTAS

1 Entrevista a Marcelo Escobar, Responsable Jurídico Ambiental del SERNAP. 2010.

2 Se trata de la experiencia de 10 años de co-administración del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Kaa Iya.

3 El concepto de espacios de vida tiene que ver con el de sistemas de vida que, según Ferreira forma parte de enfoques socio-ambientales que conciben lo ambiental y social como dos dimensiones indisociables, interdependientes y de determinación mutua.

4 Entrevista a Wanderley Julio Ferreira, Gerente General de RUMBOL SRL. Julio 2011.

5 El DS 21060 es el que da inicio a la implementación del neoliberalismo en Bolivia, con la liquidación del Estado del 52 que supuso, como primera medida, la desnacionalización del sector minero y la consiguiente expulsión de miles de trabajadores mineros bajo el termino de relocalización.

6 Diversos estudios etnohistóricos en tierras altas y bajas de Bolivia revelan la existencia de estructuras jerárquicas en varios pueblos indígenas antes de la Colonia y después. Es el caso del pueblo Isoseño del Chaco boliviano (guaraní – chané) y su organización, la Capitanía del Alto y Bajo Isoso (CABI). La CABI fue la primera organización indígena en co- administrar un área protegida con el Estado en el Parque Kaa Iya.

7 Bajo el concepto de sociedad hegemónica se incluye al Estado y las formas institucionalizadas de sociedad civil criollo-mestiza.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

· Barragán, L. 2008. Documento base preliminar del foro electrónico: “pueblos indígenas y áreas protegidas en América Latina”. FAO/OAPN y REDPARQUES. http://www.rlc.fao.org/foro/pueblos

· Boletín OBIE. 2008. Boletín Informativo del Observatorio Boliviano de IndustriasExtractivas. No 5, octubre 2008.

· El Diario. 2011. 05 de julio de 2011.

· Garnica, A.C. 2008. La alianza entre conservacionistas y empresas petroleras: el caso de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano en Bolivia. FLACSO. Ecuador.

· Givois, T. 2006. Diseño inicial del marco conceptual y operativo para el monitoreo y la evaluación de efectos a diferentes niveles de gestión del sistema nacional de aéreas protegidas.

· GTZ/FUNDECO/IE. 2001. Conservación de ecosistemas transfronterizos y protección y recuperación de especies amenazadas. Documento temático. La Paz, Bolivia.

· Landaeta, E. 2009. Implicaciones de la Nueva Constitución Política del Estado en el Desarrollo Agropecuario y Rural. GDRU. La Paz, Bolivia.

· Pacheco, D. 2009. Encuentro Andino-Amazónico sobre Participación Social en la Gestión de Áreas Protegidas. Diagnóstico Nacional Bolivia. La Paz, Bolivia.

· REDESMA/SERNAP. 2007. Revista Virtual Redesma. Áreas Protegidas. Vol. 1 (2) octubre 2007.

· WCS/PROYECTO KAA-IYA. 2002. Informe de Cierre Proyecto Kaa-Iya Fase IV. WCS- Bolivia. Santa Cruz, Bolivia.

· WCS y TINKER. 2007. Comités de Gestión. Sistemas de Gestión Integrada y Gobernanza en Áreas Protegidas de Bolivia, Ecuador y Perú: Desde la Visión de sus Comités de Gestión. Santa Cruz, Bolivia.