Autor
  • Atencio López Martínez
    Abogado – Pueblo KUNA
    demardule@gmail.com

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Pueblos Indígenas y áreas protegidas en Panamá

Introducción

 Mucho se ha teorizado sobre si los territorios indígenas son parte de áreas protegidas de acuerdo a las leyes que los crean o simplemente son territorios autónomos que su existencia data desde hace mucho antes que los mismos Estados, es decir en el continente de Abya Yala (continente Americano en lengua del Pueblo Guna – Panamá). No se puede negar que a pesar de haber existido grandes construcciones e inclusive imperios, prevaleció siempre junto a esas soberbias obras, la naturaleza exuberante en todo su esplendor, producto de la tesonera tarea de hombres y mujeres indígenas que la han conservado. Y la han conservado como un legado para sus futuras generaciones, sabiendo además que esa naturaleza era su mundo donde conseguían todo, desde alimentos, medicina, ropa y hasta considerar además animales del bosque o mar como sus hermanos.

A través de toda la historia latinoamericana los territorios indígenas han sido trofeos de guerra, que los invasores extranjeros se repartían en grandes extensiones luego de cometer lo que se conoce como el genocidio más grande habido en la historia de la humanidad. Con la llegada de esa cultura, allende del océano, esos bosques fueron arrasados sin ningún control.

Las pocas tierras que las comunidades indígenas pudieron conservar, siguiendo el legado de sus ancestros, pudieron mantener el equilibrio ecológico, gracias a la herencia también de los conocimientos tradicionales milenarias de cómo vivir en plena armonía con la Madre Naturaleza. Por esa razón cuando se comenzaron a crear los parques nacionales o áreas protegidas, los indígenas no respaldaron tales ideas conservacionistas, porque si los estados no estaban en la capacidad de reconocer sus territorios de manera legal, aquello podía ser interpretado como el segundo acaparamiento de sus reservas naturales. Todo ello para que después los gobernantes lo negociaran al mejor postor, al momento de descubrir reservas naturales renovables y no renovables, como está ocurriendo en la actualidad.

Cabe destacar que una de las banderas de lucha de los pueblos indígenas siempre ha sido la recuperación de sus tierras y la legalización de las mismas. No que se les declare simples reservas ecológicas o parques nacionales, debido a que al final los Estados siempre terminan negociando esas áreas protegidas al mejor postor, sin importarles la suerte de los que en ellas viven mucho antes de la existencia de esos mismos Estados.

En el caso panameño ocurre lo mismo. El Estado crea las áreas protegidas en territorios indígenas, en la mayoría de los casos sin el consentimiento previo de los afectados, imponiendo restricciones de uso más que políticas de entendimiento y desarrollo para los indígenas. Pero cuando tiene que ceder esos territorios a las transnacionales o simplemente para la construcción de grandes infraestructuras como hidroeléctricas, se olvidan de las leyes conservacionistas que ellos mismos han creado, todo en detrimento de esos mismos pueblos indígenas, política de nunca terminar en esta época de neoliberalismo campante y altanera.

Los pueblos indígenas de Panamá

Según los censos nacionales del 2010, en Panamá hay un 8% de la población indígena comparado al resto del país, que a su vez se divide en siete pueblos: Buglé, Bri-Bri, Emberá, Kuna, Naso, Ngäbe y Wounan. Un 20% del territorio panameño pertenece a territorios indígenas, teniendo la República de Panamá una superficie de 75.517 km2 y las comarcas (territorios) indígenas legalmente reconocidas están dentro un aproximado de 15 103 km2.

Hasta 2007 han sido reconocidas legalmente cinco comarcas o territorios indígenas:

• Ley N° 16 del 19 de Febrero de 1953,1 por la cual se organiza la Comarca de

San Blas, actualmente conocida como la Comarca Kuna Yala.2

• Ley N° 22 del 8 de noviembre de 19833, por la cual se crea la Comarca Emberá.

• Ley N° 24 del 12 de enero de 19964, por la cual se crea la Comarca Kuna de

Madungandi.

• Ley N° 10 del 7 de marzo de 19975, por la cual se crea la Comarca Ngöbe-Bugle.

• Ley N° 34 del 25 de julio de 20006, por la cual se crea la Comarca Kuna de

Wargandi.

Cabe destacar que hay cuatro pueblos (comunidades) que están pidiendo aún reconocimiento legal de sus territorios. Dos están con anteproyectos de Ley en la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Legislativa: los Nasos, para crear el Territorio Naso-Tjër Di y las comunidades Emberá y Wounan (que están fuera de la Comarca Emberá), para el reconocimiento de lo que llaman Las Tierras Colectivas. Estos últimos tienen mucha posibilidad para que dentro de unos años se hagan realidad sus exigencias.

Otras dos comunidades que todavía no han llevado sus propuestas a la Asamblea Legislativa, pero que ya tienen como bandera de lucha la legalización de sus tierras son: las comunidades Kunas de Pucuru y Paya, para la creación de la Comarca de Takarkunyala (nombre tomado de la mítica montaña del mismo nombre), en la provincia del Daríen y, los Bri-Bri en la frontera de Panamá con Costa Rica. Una de las razones para que los gobiernos pongan obstáculo para el reconocimiento de esos territorios es que están dentro de áreas protegidas o parques nacionales (el primero dentro del Parque Nacional del Darién y el segundo en el Parque Internacional La Amistad o PILA).

Áreas Protegidas

En Panamá la mayoría de las áreas silvestres en el país son declaradas áreas protegidas, utilizadas y manejadas con objetivos variados, según las categorías de manejo que se le asignen. Su importancia se valora de acuerdo al uso y los servicios que prestan en la conservación de los recursos y su administración está bajo el mando de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), que es similar a lo que es un ministerio de ambiente.

Muchas de esas áreas protegidas en Panamá se localizan o se traslapan con territorios indígenas. Ejemplos son el Parque Internacional La Amistad y Reserva de la Biosfera (PILA), que se localiza entre las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, el Parque Nacional Darién, también Reserva de la Biosfera, y el Bosque Protector Palo Seco, en la provincia de Bocas del Toro, parte de la Comarca Ngäbe-Buglé.

Concepto de comarcas indígenas

En Panamá se han creado Comarcas Indígenas como parte de la política del Estado frente a las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas, cuyo fundamento se encuentra en el Artículo 5, al igual que en el artículo 127 de la Constitución Política. Este último garantiza las reservas de tierras necesarias a las comunidades indígenas y la propiedad colectiva de las mismas para el logro de su bienestar económico y social.

La Comarca es un régimen especial político-administrativo, que delimita jurisdicciones territoriales para amparar y proteger derechos a los pueblos indígenas. Ha habido evolución de este concepto en la Constitución Nacional, desde que se insertó en 1925, reformando la Constitución de 1904, a raíz de la revolución Dule o Kuna, como derecho incuestionable de los pueblos indígenas en Panamá.

La Comarca es un territorio demarcado físicamente, habitado por las poblaciones indígenas, dentro del Estado-Nación, bajo un régimen especial administrativo (autogobierno). Esta figura asegura el respeto a la identidad y derechos específicos de los pueblos indígenas y reconoce la colectividad de la tierra, a los Congresos como organismo tradicional, a las autoridades tradicionales (caciques y reyes), y a las costumbres y tradiciones del pueblo indígena. El modelo de la Comarca comprende la intersección de tres condiciones básicas para un auto-desarrollo de los pueblos indígenas: i) población cultural y socialmente homogénea. ii) área geográfica demarcada, y iii) estructuras administrativas político- legales.

Comarca Kuna Yala y su área protegida

Figura 1. Bosques del área protegida de Narganá en la Comarca Kuna Yala
Figura 1. Bosques del área protegida de Narganá en la Comarca Kuna Yala

En el caso de la Comarca Kuna Yala, existe el Área Silvestre de Narganá, declarada por el Congreso General Kuna (máxima autoridad de la Comarca), mediante Resolución Nº 3 del 7 de noviembre de 1987, celebrada en la comunidad de Achutupu. Posteriormente, el 2 agosto de 1994 la Junta Directiva del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENARE), mediante Resolución JD Nº 022-94 (Gaceta Oficial 25 116 de 7 de septiembre de 1999), declara al Corregimiento de Narganá N° 1 como Área Silvestre ubicada dentro de la Comarca Kuna Yala, con una extensión de 99 414,78 hectáreas.

Narganá es la única área protegida establecida en Kuna Yala y su extensión es casi un tercio (31%) de la superficie total del territorio comarcal continental. Se llega desde la Ciudad de Panamá en hora y media por la Carretera Panamericana, pasando por Chepo, para luego entrar a la Carretera El Llano-Cartí. También se llega por vía aérea, en unos 25 minutos, desde el aeropuerto Marcos Gelabert en la ciudad de Panamá a la pista de El Porvenir.

Esta área protegida tiene la particularidad de que está administrada por las autoridades indígenas, en este caso por el Congreso General Kuna. Con la apertura de la carretera, los impuestos que genera el uso de la misma son de aprovechamiento exclusivo de las autoridades y comunidades indígenas del área silvestre.

Actualmente las autoridades Kunas están siendo presionados por diversas organizaciones nacionales e internacionales para que las casi 100 mil hectáreas de bosques de esa área protegida puedan ser negociadas como parte de los créditos de carbono. Ello se realiza en las mesas de negociación de lo que actualmente se conoce como programas de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD).

A pesar de que el tema REDD está siendo muy discutido en los foros internacionales, apenas su presencia se siente en las comunidades indígenas y en el caso de Panamá todavía no entienden porqué les favorecería. Las consultas con los indígenas son muy incipientes.

Situaciones de conflicto

Figura 2. Ambiente del área protegida de Narganá en la Comarca Kuna Yala
Figura 2. Ambiente del área protegida de Narganá en la Comarca Kuna Yala

En Panamá, estos últimos años ha sido de gran nerviosismo para los pueblos indígenas, luego de que el Estado ha declarado enfáticamente la creación de áreas silvestres en sus territorios. Poco a poco ha ido cambiando el ordenamiento territorial de esas áreas protegidas para dar paso a megaproyectos, en su mayoría hidroeléctricos, que ha traído conflictos, como lo ocurrido con la construcción de la Hidroeléctrica Chan 75, en el Bosque Protector Palo Seco, que este año ha desplazado cuatro comunidades indígenas en el sector llamado Charco La Pava. También en los límites del Parque Internacional La Amistad (PILA), en el territorio de la comunidad Naso Tjër-Di, se está construyendo la Hidroeléctrica Bonyick, lo cual ha traído conflictos internos entre las autoridades Nasos. Sin embargo, estos proyectos están contando con las grandes extensiones de bosques indígenas para negociar REDD sin haber dado soluciones verdaderas a quienes viven en armonía con la naturaleza desde tiempos inmemoriables. Por ello los pueblos indígenas no están convencidos si les sirve o no vivir en áreas protegidas o si en algo los protege de que sus territorios sean declaradas áreas protegidas.

Pareciera ser que las áreas protegidas y los territorios indígenas no son compatibles, cuando los Estados tratan de imponer políticas de desarrollo que a futuro empobrece más esas comunidades y cuando esas decisiones se hacen sin tomar en cuenta el consentimiento previo, libre e informado. Esa duda se da porque estando las áreas protegidas en territorios indígenas, sus guardianes no están satisfechos con el avance del “desarrollo” que en parte también atenta contra los recursos naturales. Debe haber más consulta con los pueblos indígenas y no sólo hablar de ellos como simples guardianes sin derechos.

Las políticas de manejo o co-manejo de las áreas protegidas, cuando se habla de pueblos indígenas, se mira desde una óptica errada, los Estados creen que están haciendo favores a esas comunidades, sin embargo deciden sobre esos recursos sin su consentimiento y cuando se habla de co-manejo la balanza se inclina más hacía los aspectos financieros dejando a un lado el concepto holístico de los pueblos indígenas. Por eso creemos que los mecanismos de colaboración entre los indígenas y organismos estatales debe ser más de consulta, respetando los principios de consulta previo, libre e informado.

Para los pueblos indígenas la declaración de áreas protegidas no debería significar sobrevivencia por solo hecho que muchas veces son trasladados de esos territorios sin su consentimiento, porque importa más el supuesto desarrollo que significa al final mayor empobrecimiento. Sin embargo por respeto a la Madre Naturaleza sea área protegida o no los animales y los recursos naturales son nuestros hermanos.

Notas

1 Ley N° 16 del 19 de febrero de 1953.

2 Ley N° 99 del 23 de diciembre de 1998.

3 Ley N° 22 del 8 de noviembre de 1983.

4 Ley N° 24 del 12 de enero de 1996.

5 Ley N° 10 del 7 de marzo de 1997.

6 Ley N° 34 del 25 de julio de 2000.

Bibliografía citada

 

Ley N° 16 del 19 de febrero de 1953, publicada en la Gaceta Oficial N° 12 042, 7 de abril de 1953.

Ley por la cual se denomina Comarca Kuna Yala a la Comarca de San Blas. Ley N° 99 del 23 de diciembre de 1998, publicado en la Gaceta Oficial N° 23 701, 29 de diciembre de 1998.

Ley N° 22 del 8 de noviembre de 1983, publicada en la Gaceta Oficial N° 19 976, 17 de enero de 1984.

Ley N° 24 del 12 de enero de 1996, publicada en la Gaceta Oficial N° 22 951, 15 de enero, de 1996.

Ley N° 10 del 7 de marzo de 1997, publicada en la Gaceta Oficial N° 23 242, 11 de marzo de 1997.

Ley N° 34 del 25 de julio de 2000, publicada en la Gaceta Oficial N° 24 106, 28 de julio de 2000.