Autor
  • Jorge Recharte
    Instituto de Montaña, Perú
 
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LA FUNCIÓN CLIMÁTICA DEL TERRITORIO EN ÁREAS PROTEGIDAS, MUNICIPIOS Y COMUNIDADES DE LA RESERVA DE BIOSFERA HUASCARÁN, ANCASH, PERÚ

INTRODUCCIÓN

Este estudio de caso en la Cordillera Blanca se refiere a actividades del Programa “Cumbres-Costa” 1, que el Instituto de Montaña implementa en alianza con la Red de Municipalidades Rurales de Perú. Con ello se buscan mecanismos de conservación enraizadas en la gestión del territorio en los gobiernos locales, como estrategia de adaptación al retroceso de glaciares y otros impactos de la creciente variabilidad y cambio del clima.

La perdida acelerada de los glaciares del país, es un factor que fuerza a las áreas protegidas a conocer más a fondo y reconocer las instituciones comunales de manejo del territorio comunal y fomentar los roles ambientales y de conservación que tienen los gobiernos municipales rurales. Existen profundas brechas de conocimiento, confianza y cultura institucional entre estas esferas de gestión del territorio que hace falta acortar con urgencia. El presente documento explora esta situación en el ámbito de la Reserva de la Biósfera Huascarán en la Región Ancash, en el norte del Perú.

El Parque Nacional Huascarán, fue establecido en tiempos de la reforma agraria sobre tierras expropiadas a las haciendas, con una categoría que restringe por diseño el acceso de las comunidades campesinas a los pastizales, bosques, lagunas y glaciares. Estos recursos fueron históricamente “ejido” o tierra de acceso y manejo común de las comunidades indígenas durante la colonia y en las primeras décadas de la nueva república (Thurner, 1997). La república criolla favoreció la formación y desarrollo económico de las haciendas expulsando a los grupos étnicos locales de estos territorios altos, territorios cuyo uso les permitía contar con ingresos para pagar el impuesto indígena. Cortada esta posibilidad de ingreso, la población indígena se vio forzada a trabajar para la hacienda. Desde su establecimiento, la gestión del territorio del Parque Nacional Huascarán llevó a una relación en unas ocasiones de conflicto y en otras de cooperación, pero basada en todo caso en maneras distintas de entender el manejo del territorio y los derechos de las comunidades.

Las comunidades rurales del Perú, vecinas del Parque Nacional Huascarán, son una institución con raíces ancestrales. Son una forma de organizar relaciones sociales, trabajo, la gestión del territorio y las relaciones políticas con los vecinos y el Estado. En el caso de comunidades coloniales antiguas, territorios extensos que solían ocupar secciones enteras de cuencas andinas, se han ido fragmentando en unidades menores. En el caso de territorios de hacienda, estos fueron convertidos en comunidades pequeñas luego de la reforma agraria. Resuelto por la reforma agraria el tema del acceso a la tierra, las comunidades han sido vistas por los gobiernos de los últimos veinte años como espacios económicamente no-viables, y han estado marginadas de la escena política, económica y cultural del país (Bonilla, 1987). En los últimos años vuelven las comunidades a tomar el escenario político bajo presión de industrias extractivas o de energía, que requieren acceso a sus territorios. Las comunidades son las propietarias de los territorios de páramo, jalca y puna y el contexto de crisis ambiental activa su rol como actores políticos. El contexto de la globalización, el acceso directo a empresas, información y agencias nacionales e internacionales, refuerza el rol de la comunidad como actor político y permite su continua reproducción institucional. Es así un hecho evidente que la conservación y el uso de los territorios altos de los Andes asociados con la regulación del agua está en las manos de comunidades andinas y que la importancia de este recurso coloca a las comunidades en el centro del escenario político.

Los municipios rurales son la última instancia de gobierno en el estado peruano, la esfera de gobierno territorialmente más cercano a las comunidades campesinas y al Parque Nacional Huascarán. Son espacios donde la población elige su gobierno local por medio del voto desde hace aproximadamente tres décadas, desde la década de 1980, luego de concluido el periodo de reforma agraria. La reforma transformó las relaciones de poder entre las elites rurales asentadas en los pueblos y pequeñas ciudades andinas, en el piso de los valles, y las comunidades en las laderas y terrazas encima de estos poblados (Caballero, 1981; Cotlear, 1989). Siguen a estas grandes transformaciones sociales y de poder en la relación entre el campo y la ciudad rural de la sierra, más de una década de violencia armada entre el grupo rebelde Maoísta Sendero Luminoso y el Estado. Se trata entonces de un período relativamente corto de ejercicio de la democracia y no es de sorprender por tanto que entre el municipio y comunidad persistan brechas de participación ciudadana plena. Adicionalmente, el manejo estatal de las áreas protegidas, está basado en maneras distintas de entender el ordenamiento del territorio y los derechos de los comuneros como ciudadanos.

Es en este escenario de relaciones socio-políticas y culturales entre, de un lado comunidades rurales que son las gestoras directas de los ecosistemas de montaña y del otro lado las instancias del Estado más cercanas a ellas—la autoridad del área protegida y sus gobiernos locales—que corresponde explorar la conservación de estos ecosistemas como estrategia de adaptación al cambio climático. El territorio como espacio político de gobierno, formal o consuetudinario de las comunidades, tiene que conciliar los usos (o las opciones de no-uso) con la dinámica de ecosistemas y en el caso del agua también con la geografía física y política de las cuencas. La partición de antiguas grandes comunidades y distritos y su nueva conformación, sin cuidar su referencia a las cuencas, resulta en que típicamente los ríos desde el nivel de micro cuencas “dividen” espacios comunales.

Las cuencas andinas, de toda escala, son una trama de variadas instituciones de gestión del agua, sujetas de un lado a las normas del Estado y del otro a normas consuetudinarias o tradicionales. Así, los actores rurales perciben a grupos de la costa y sectores empresariales (como agro-exportación, hidroelectricidad y minería) con más capacidad que ellos de influir sobre las agencias del Estado. De esta manera han empezado a surgir de manera sistemática y en todo el país, conflictos violentos en torno al agua, cuando se percibe que se han tomado decisiones sobre el territorio de comunidades, sin inclusión de sus intereses (IPROGA, 2009). Los municipios rurales, en la medida que son espacios de representación política, empiezan a articularse a estos procesos de conflicto.

En síntesis, en este trabajo se exploran los retos y oportunidades que los impactos del cambio climático en la pérdida de glaciares crea para la conservación de ecosistemas como estrategia de adaptación al cambio climático. Se describen las condiciones de estos cambios sustentando la necesidad de que las instancias de gobierno de áreas protegidas y los municipios rurales conozcan a profundidad la dinámica del manejo comunal del territorio, los intereses locales y sus instituciones de gestión territorial. También se analiza la manera de adaptar la conservación de ecosistemas y la gestión de las cuencas a dichos aspectos.

EL ESCENARIO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL RÍO SANTA

La Cordillera Blanca, fuente de las aguas del Río Santa, es la última y más grande cordillera glaciar del país. La cuenca del Río Santa se extiende en 12 200 km2, y constituye la cuenca más grande y regular en abastecimiento de la costa del Océano Pacífico en Perú. Alimentan al Río Santa veinte sub-cuencas de la Cordillera Blanca y dos de la Cordillera Negra. El territorio de nevados, pastizales y lagunas glaciares está protegido por el Parque Nacional Huascarán, aunque la población de las comunidades vecinas mantiene derechos consuetudinarios de acceso a los pastizales o a la pesca dentro del Parque. Estos derechos tienen su origen lejano en lo que Platt (1982) denomina el “Pacto Colonial” y Thurner (1997) las “Dos Repúblicas” por el cual el Estado español reconocía un nivel de autonomía de gobierno a las etnias andinas. Estos derechos se truncaron por la hacienda y sobre este territorio expropiado se formó el Parque Nacional Huascarán.

Las comunidades vecinas al Parque ofrecen servicios de arrieraje en las principales rutas de caminata y escalada y acceden al uso de pastizales bajo acuerdos de uso controlado. De este modo, la relación comunidad-área protegida continúa siendo de suma importancia para la reproducción de familias y comunidades, solo que bajo otras formas de organización. Uno de los impactos mayores en la economía regional y de las comunidades es la reducción paulatina del turismo a la zona, conforme se van perdiendo atractivos clásicos como el nevado Pastoruri.

El paisaje de la zona alta de la Cordillera, dentro del Parque, es una combinación de pastizales sin cerco (42%) usados por las comunidades vecinas, cumbres nevadas (32%), bosques nativos, (15%), arbustos (6%), lagunas y humedales de la zona alpina (2%). La zona alta es en suma un paisaje de agua almacenada en glaciares, lagos y suelos de la puna (Chang, 2002). La zona debajo del Parque Nacional y los pastizales son espacio de residencia agrícola de pobladores, cuya matriz cultural es el quechua. Sin embargo es una población hispano-hablante dedicada a la agricultura de subsistencia, pero insertada en los mercados de productos y trabajo locales, regionales, nacionales e internacionales.

En la región se han establecido algunas de las principales minas del Perú. Por ejemplo se encuentra Antamina, que es una de las mayores productoras de cobre y zinc en el mundo. También existen minas productoras de oro a tajo abierto como Pierina y diversas exploraciones y desarrollos mineros más pequeños, incentivados por el precio alto de los metales, el desarrollo de carreteras, nuevas líneas de electricidad y el avance en los servicios especializados en este sector de la economía regional.

El retroceso de glaciares es el cambio más visible que afecta la Cordillera Blanca, una de las 19 cordilleras de glaciares del Perú (2 041 km2 de área total en 1970 y en rápido retroceso en todo el país). En la Cordillera Blanca, el área de glaciares ha disminuido de 723 km2 a 527 km2 entre 1970 y 2003. Los macizos más grandes como Huascarán-Chopicalqui, perdieron 22,4 % de su área glacial, pero otros más pequeños, que son la mayoría perdieron un volumen mayor o desaparecieron. Estos cambios ya tienen y tendrán efectos enormes en las sub-cuencas de pequeños glaciares donde el aporte de estos llega a ser el 45 % en promedio, y casi la totalidad del flujo en la época seca, donde el agua es valiosa para la agricultura.

Una señal de esta crisis hídrica en formación es que el número de glaciares de la cuenca del Río Santa aumentó debido a su fragmentación, de 516 a 549 entre 1970-2003. Más pequeños glaciares significa una pérdida aún más rápida del agua en estos “bancos” de capital hídrico que están a punto de quebrar.

La situación hídrica de la cuenca ya es crítica en la actualidad puesto que a pesar de tener el volumen anual mayor de la costa peruana (4 443 millones de metros cúbicos), el caudal promedio del Río Santa en los últimos treinta años ha estado justo por debajo del nivel crítico mínimo (47 m3/segundo), caudal que se requiere para satisfacer la demanda en la estación seca (junio a octubre). Este déficit se debería a una menor precipitación promedio en la región, la cual es aparentemente ocultada por el derretimiento de los glaciares, cuyo nivel de aporte no es renovable y durará solo mientras se pierden los nevados.

Otro peligro importante que se está configurando como consecuencia del retroceso de los glaciares es la formación de lagos glaciares que incrementan el peligro de inundaciones por ruptura de los diques naturales (GLOF por las siglas en inglés de glacial lake outburst). El número de dichos lagos ha aumentado de 223 a 452 entre los años 1953 y 2009. Los casos de GLOF en la zona de la Cordillera Blanca han tenido como resultado una triste secuela de destrucción y muertes. En 1941 5 000 personas murieron en la ciudad de Huaraz, 500 en el pueblo de Chavín en 1945, 200 en Cañón del Pato en 1950, 4 000 en el valle de Ranrahirca en 1962, y 15 000 en la ciudad de Yungay en 1970.

Debido a este escenario de retroceso glaciar y cambios que se perciben en el clima, los diferentes grupos sociales de la cuenca estarían más dispuestos a cooperar para conservar los servicios ambientales de los ecosistemas. Ello sin embargo requiere conocer mejor a los actores, sus valores últimos así como encontrar mecanismos que faciliten la cooperación entre ellos.

EL ESCENARIO DEL AGUA Y LA SOCIEDAD EN LA CUENCA DEL RÍO SANTA

Aproximadamente 1,7 millones de habitantes, incluyendo los usuarios de ciudades como Trujillo, dependen del agua que suministra el Río Santa. Es un escenario de actores y relaciones de poder complejo. La mayoría de la población vive en la costa (74%) y el mayor número de usuarios minifundistas de riego está en la cuenca media y alta (70% de usuarios) donde se riegan 54 000 hectáreas. El 30% restante de los usuarios está en los valles costeros de Ancash, donde se riegan 30 000 hectáreas y en La Libertad, donde se riegan 48 000 hectáreas. Los agricultores de la costa dependen del agua de riego de manera absoluta. En su mayoría son pequeños agricultores, pero es un conjunto pequeño de once empresas agro-exportadoras que poseen 36 910 hectáreas en el proyecto CHAVIMOCHIC. Sin embargo, aunque los agricultores de la costa dependen casi enteramente del agua que baja de los Andes, el riego en la zona media y alta de la sierra, aunque es complementario, es también indispensable para que la agricultura sea viable en esa zona de alto riesgo climático.

Aunque la población ubicada en las cabeceras de cuenca, es, en términos relativos, la cola en la demografía de la cuenca (2,6%), tiene sin embargo capacidad de resistir y alterar iniciativas para la cuenca entera cuando sus intereses son afectados. Por ejemplo, en el caso de la laguna Parón, la población rural defendió sus intereses de riego local ante los de desarrollo eléctrico de la empresa Duke Energy. Reaccionando al cambio climático, las comunidades de la zona alta, que controlan el territorio donde están las fuentes de agua y tienen instituciones de trabajo y acción colectiva, se han abocado a rescatar canales pre-hispánicos de riego. También se han dedicado a abrir nuevas rutas, con o sin permiso, con o sin recursos del Estado central (se han contabilizado aproximadamente 200 obras de este tipo)2.

La falta de planificación territorial y de inclusión de los diversos actores (comunidades vecinas a la zona, usuarios de la cuenca, entre otros) incrementa las posibilidades de conflicto, como recién ocurrió en la laguna de Conococha, naciente del Río Santa en la Reserva de Biosfera Huascarán. En esa zona compiten por el uso del territorio una propuesta de exploración de un proyecto minero (empresa Chancadora Centauro SAC) con los usuarios de la cuenca media y baja, e incluso de cuencas vecinas que se sienten afectados por la falta de consulta.

En suma, la gestión de los ecosistemas en el Parque Nacional y los servicios ambientales deben necesariamente involucrar a las comunidades campesinas, gobiernos locales y los múltiples actores y sectores de la cuenca del Río Santa. El territorio es enorme y los sistemas sociales son complejos, que exceden la misión y recursos de las organizaciones públicas y privadas orientadas a la conservación. Sin embargo, las organizaciones de conservación pueden al menos actuar estratégicamente, apoyando políticas y acciones que tiendan a fortalecer las capacidades y la cooperación entre los diferentes grupos sociales, fomentando el flujo de información, los espacios de diálogo e interacción entre estos diversos actores sociales (Axelrod, 1984; Axelrod y Cohen, 2000).

UN RACIMO DE COOPERACIÓN: MUNICIPIO-COMUNIDAD-ÁREA PROTEGIDA

El proyecto Cumbres-Costa, implementado por el Instituto de Montaña, se planteó el objetivo de fomentar la cooperación entre comunidades y municipios de cabecera de cuenca. Esta es una sección de la cuenca de gran importancia, porque allí se encuentran los glaciares en retroceso y los ecosistemas de la puna húmeda. Estos son importantes en la regulación del ciclo hídrico, emblemas de la necesidad de promover acciones de conservación que protejan la provisión de agua en la cuenca. Se describe a este como un racimo de cooperación entre otros que se deben generar de igual forma en diferentes secciones de la cuenca.

El proyecto se apoyó en iniciativas previas de cooperación entre los municipios de la cuenca alta, iniciados desde hacia varios años, pero que no habían logrado consolidarse. Apoyándose en la legislación de mancomunidades municipales, el proyecto inició un proceso en alianza con la Red de Municipalidades Rurales del Perú, para explorar con los gobiernos locales las ventajas de establecer una alianza entre ellos, que tuviera como eje la conservación y el manejo de los recursos naturales y el agua en la cabecera de cuenca con el objetivo de apoyar el desarrollo económico local. Eventualmente dos municipios provinciales (Bolognesi y Recuay) y tres distritos (Catac, Aquia y Huasta) apoyaron la iniciativa y se constituyeron en mancomunidad. La unión de estos municipios llevó, en primer lugar, tanto por la naturaleza objetiva de su espacio físico como por el interés de sus autoridades, a definir (y nombrar) a la mancomunidad como cabecera de tres cuencas (Ríos Santa, Fortaleza y Pativilca). Los alcaldes, por propio interés ya venían explorando relaciones de cooperación y de apoyo con empresas agrarias y de energía usuarias del agua en la cuenca baja. De igual manera se interesaron en desarrollar una relación de cooperación con el Parque Nacional Huascarán, porque parte de sus territorios esta dentro del ámbito del área protegida y por su necesidad de contar con apoyo técnico para sustentar sus proyectos de inversión pública.

El proceso seguido por el proyecto Cumbres-Costa para establecer la mancomunidad municipal en las cabeceras de la Reserva de Biosfera Huascarán está aún en marcha. El primer paso fue asegurar la confianza inicial basada en una comprensión de la visión de la institución. Luego continuó para constatar que existía voluntad política para cooperar entre las cinco autoridades municipales, en respuesta al reto de gestionar mejor el territorio, por su relación con el agua y el clima en general. El proceso obtuvo aprobación de los respectivos consejos municipales, uno de ellos demorado por el inicio del conflicto minero en la vecindad de la laguna Conococha. El proceso legal tiene luego que seguir algunos pasos adicionales para el reconocimiento de la mancomunidad ante el gobierno central. Adicionalmente, se requiere fortalecer las capacidades de la mancomunidad, para la gestión efectiva e inclusiva de su territorio, con un enfoque de ecosistema.

Debido a las brechas históricas entre municipio y comunidad, el proyecto diseñó la ejecución de acciones para fortalecer las capacidades de las comunidades para participar como ciudadanos en el gobierno municipal. Este proceso se inició en paralelo al de cooperación entre municipios. Este ciclo de fortalecimiento de capacidades sigue un conjunto de pasos que se inician con el conocimiento mutuo de la visión que se tiene como organización dedicada a la conservación y el desarrollo económico local. El Instituto de Montaña sintetizó su visión en este programa de adaptación al cambio climático con el lema “Cuidar la Vida”. El concepto integra el cuidado del territorio (mi tierra, la buena vida del campo) y la naturaleza, con los derechos de reconocimiento e inclusión de estos valores de vida rural y la responsabilidad hacia la vida propia de otros, que se asocia con el cuidado de la naturaleza y el agua. Establecida esta visión siguen luego varios momentos de reflexión y reconocimiento del territorio y de planificación de sus proyectos de vida, con la finalidad de incidir en la inversión pública de sus gobiernos municipales (etapas que aún están en proceso de implementación en el proyecto Cumbres-Costa).

De manera paralela a este “racimo” de cooperación entre actores sociales del ámbito rural en la zona de cumbres, se inició uno similar en la zona costera, al extremo final de la cuenca, con pequeños agricultores y empresas, encontrándose igualmente interés en la cooperación. Esta experiencia (aún en proceso de implementación) ilustra que aún cuando hay motores de cambio económico, demográfico y cultural que impulsan la partición del territorio y la sociedad, también hay espacios para la cooperación entre actores para una gestión integrada de comunidades, municipios y área protegida. Esto en parte como reacción a los retos que crea el retroceso de los glaciares y otros impactos de la variabilidad y cambio climático.

CONCLUSIONES

  1. El cambio climático en ecosistemas de montaña y cuencas de envergadura como la del Río Santa magnifica el hecho que la gestión exitosa del territorio necesita cooperación. El entorno del área protegida es un sistema complejo: diversidad de intereses, actores, factores ambientales y culturales, agentes de cambio que mantienen relaciones tanto de competencia como de cooperación entre sí (ahora mayormente de competencia o neutralidad). Como todo sistema complejo, la incertidumbre es una característica de este tipo de sistemas, condición que aconseja la necesidad de descentralizar la gestión del territorio. Ello es posible formando “racimos” de cooperación que intercambian información, negocian y se ayuden entre sí para lograr objetivos compartidos, como es asegurar el agua en cantidad y calidad.
  2. Para operar de manera adecuada en sistemas complejos como es la cuenca del Río Santa, se deben fortalecer las instituciones locales. Es decir las reforzar las reglas que regulan la cooperación directa, cara a cara, entre los gestores del territorio o el agua. Instituciones efectivas son un pre-requisito para el diseño efectivo de soluciones sostenibles a los impactos del cambio climático, y su desarrollo es indispensable para la cooperación, basada en relaciones simétricas entre los actores o agentes sociales de la cuenca (Ostrom, 1992).
  3. La inclusión social, tanto en el marco de las instituciones de la comunidad como en los procesos de democracia participativa, es la piedra de toque que da sostenibilidad a toda iniciativa de gestión del territorio. Las áreas protegidas, si bien su misión última es conservar los ecosistemas, su dinámica y los servicios que brindan, necesitan intervenir estratégicamente en los sistemas complejos donde operan, participando y promoviendo de manera descentralizada la cogestión del territorio.

NOTAS

1Este documento, preparado en el contexto de dicho proyecto, se realizó gracias a TMI, organización global de conservación y al apoyo de USAID. Los contenidos reflejan la visión del autor y no necesariamente los de TMI, USAID o el gobierno de los EEUU.

2 J. Hendriks comunicación personal, 2009

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Axelrod, R. 1984. The Evolution of Cooperation. United States of America, Basic Books.

Axelrod, R. y Cohen, M. 2000. Harnessing Complexity: Organizational Implications of a Scientific Frontier. United States of America, Basic Books.

Bonilla, H. 1987. Comunidades indígenas y estado nación en el Perú. En: Oshige, F. Comunidades campesinas: cambios y permanencias. Chiclayo, Perú, Centro de Estudios Sociales Solidaridad. pp 13-28.

Caballero, J. M. 1981. Economía Agraria de la Sierra Peruana. Lima, IEP.

Chang, J. 2002. Forest fragmentation analysis using GIS and remote sensing techniques: the Polylepis forest case in the Peruvian high-Andes. Application of GIS techniques to forests ecosystems management. Tokyo, Japan: 27 p.

Cotlear, D. 1989. Desarrollo Campesino en los Andes. Cambio tecnológico y transformación social en las comunidades de la sierra del Perú. Lima, IEP.

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Platt, T. 1982. The role of the Andean Ayllu in the Reproduction of the Petty Commodity Regime in Northern Potosi (Bolivia). Ecology and Exchange in the Andes. D. Lehmann. Cambridge, Cambridge University Press: 27-69.

Thurner, M. 1997. From two republics to one divided. Contradictions of postcolonial nation-making in Andean Peru. Durham and London, Duke University Press.