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  • Gisela Paredes Leguizamón
    Zootecnista M.Sc. Desarrollo Rural
    Miembro Comité Mundial de Áreas Protegidas UICN.
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Análisis de los avances en la implementación del programa de áreas protegidas (PoWPA) en siete países de sudamérica. Fundamento para toma de decisiones hacia el cumplimiento de las metas de Nagoya

Introducción

Desde el V Congreso Mundial de Áreas Protegidas en Durban (2003), se reconoció a las áreas protegidas como una de las estrategias más contundente para la conservación in situ de la naturaleza. Asimismo, la necesidad de evolucionar en la planificación y gestión en un contexto de paisaje más amplio, es decir más allá de las fronteras de las áreas, mediante procesos sociales de participación más incluyentes que contribuyan al reconocimiento y respeto de los derechos de la gente, la reducción de la pobreza, la regulación del uso de los recursos naturales, la prevención y resolución de conflictos intersectoriales a partir de la conservación del patrimonio natural. Para tal fin, el trabajo sinérgico, complementario y coordinado entre las escalas internacional, regional, nacional, sub-nacional y local es esencial.

Con base en lo anterior, la Conferencia de las Partes adoptó en la Decisión VII-28 de 2004 el Programa de Trabajo de Áreas Protegidas PoWPA –por sus siglas en inglés- como instrumento de orientación que se estructura en cuatro elementos: i) Dirigir acciones para la planificación, selección, creación, fortalecimiento y gestión de sistemas y sitios de áreas protegidas, ii) Gobernabilidad, participación, equidad y participación en los beneficios, iii) Actividades favorables y iv) Normas, evaluación y supervisión.

A finales de 2009, el secretariado del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) adelantó la evaluación mundial de los avances en el cumplimiento del programa, con base en los reportes nacionales presentados por los responsables de las áreas protegidas y las conclusiones y recomendaciones producto de talleres realizados en todos los continentes. Para el caso de América Latina y el Caribe, la reunión se llevó a cabo en Bogotá, donde se socializaron los avances y se identificaron retos en la gestión. Fue evidente que existen avances sustanciales, aunque heterogéneos entre los países, pero que también existen vacios en algunos campos de la gestión y se requiere fortalecer el trabajo conjunto.

Durante el año 2010, el CDB tomó las conclusiones y recomendaciones de los eventos continentales y elaboró dos documentos, el “Examen a fondo de la aplicación mundial del programa de trabajo sobre áreas protegidas” y el Addendum “Resumen y recomendaciones sugeridas” los cuales fueron la base para discusiones en el SBSTTA1 en mayo de 2010 en Nairobi y luego en Nagoya.

El presente documento retoma y analiza de manera detallada las 144 preguntas de los informes presentados por Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Chile y políticos y sociales existentes, que aunque son comunes a los países, se manifiestan de manera específica en cada uno de ellos y que requieren para su gestión de tiempos particulares. Asimismo, plantea la urgencia de partir en el relacionamiento y apoyo a iniciativas de conservación de las necesidades detectadas y aprendizajes obtenidos en el desarrollo de sistemas de áreas protegidas, de tal manera que se potencialice el impacto de acuerdos de cooperación en temas de incidencia política y pertinencia social. También aborda el fortalecimiento de temas como conservación transfronteriza, buenas prácticas y relacionamiento con sectores productivos y la necesidad de gestionar nuevas oportunidades de financiamiento y capitalizar el conocimiento y la experiencia de las personas que, en el día a día, efectivamente administran áreas o sistemas de áreas protegidas y que requieren un espacio de encuentro para socializar, analizar o intercambiar experiencias.

A continuación se presentan los resultados del estudio, sistematizados por cada uno de los elementos del PoWPA2:

Elemento 1: dirigir acciones para la planificación, selección, creación, fortalecimiento y gestion de sistemas y sitios de áreas protegidas

Los siete países están evolucionando de Sistemas de Parques Nacionales a la estructuración o consolidación de Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas. Sin embargo, sus avances son diferenciales debido a la particularidad de organización político administrativa, tipo de gobierno (federal, centralizado o en proceso de descentralización), reformas políticas y constitucionales, diversidad cultural y contextos sociales e institucionales específicos, entre otros. Ello se refleja incluso en las denominaciones de los sistemas de áreas protegidas así: Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SNAP- en Argentina, Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP- en Colombia, Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado3-SNASPE- en Chile, Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SNAP- en Ecuador, Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE- en Perú, Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SNAP- de Bolivia y Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SNAP- en Uruguay.

Algunos de los avances informados a noviembre de 2009 en este componente del programa de trabajo son:

  • Creación de instancias sociales y/o interinstitucionales para el diseño y planificación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Algunos países han conformado un grupo o comité asesor para la implementación del PoWPA. En Chile se constituyó un comité multisectorial público denominado “Comité técnico de la política de Áreas Protegidas” y en Colombia se han generado diferentes instancias una de nivel nacional, otras regionales y otras al interior del Sistema Regionales de Áreas Protegidas, Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el
    Grupo Sistema Nacional de Áreas Protegidas).

  • Instrumentos de planificación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La mayoría de los países han elaborado de manera participativa un plan para la aplicación del Programa con un horizonte de mediano o largo plazo: Plan de gestión de Parques Nacionales de Argentina, Plan de Acción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia, Políticas y Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador 2007-2016 adoptado mediante acuerdo interministerial, Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas de Perú 2009-2019, Plan de mediano plazo para el SNAP de Uruguay 2010-2014 y Plan Director en Chile .

  • Organismo responsable de liderar la aplicación del PoWPA. En Chile se ha definido esta competencia en la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA)4, en Ecuador en el Ministerio de Ambiente, en Perú en el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en Uruguay en la Dirección Nacional de Medio Ambiente, en Colombia en la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, en Argentina en la Administración de Parques Nacionales, y en Bolivia en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas.

Redes de áreas protegidas

Todos los países están desarrollando análisis de representatividad e identificación de vacios ecológicos como insumo para la declaratoria, manejo o ampliación de áreas protegidas, utilizando diferentes metodologías (planificación ecoregional, planificación sistemática de la conservación, prioridades y urgencias de conservación, entre otras). Sin embargo, la mayoría de los análisis son de escala nacional y están concentrados en ambientes terrestres principalmente. Al momento de este reporte, solo habían establecido metas nacionales de conservación los países de Ecuador, Perú y Uruguay.

Para incrementar la representatividad de los sistemas de áreas protegidas los países han adoptado varias estrategias:

  • Declaratoria de nuevas áreas protegidas en los Sistemas de Parques Nacionales (por ejemplo, 64 áreas protegidas en Chile, siete en Ecuador, 10 en Colombia), promoción y declaratoria de áreas protegidas regionales y/o locales y promoción de conservación privada, en la cual propietarios de predios han decidido contribuir con reservas naturales de la sociedad civil.

  • Ampliación o reconfiguración de los límites de áreas protegidas existentes de los sistemas nacionales (Ecuador, Colombia y Uruguay).

Algunos países han recurrido a reformas jurídicas sobre tipos de gobernabilidad en las áreas protegidas existentes. En Ecuador la nueva Constitución reconoce que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, está conformado por cuatro subsistemas: áreas del Estado, áreas de Gobiernos Seccionales, áreas privadas, áreas protegidas y territorios indígenas originarios campesinos se realizará gestión compartida.

Adicionalmente los países han dado por inicio a procesos de reformas de Decretos o Leyes sobre áreas protegidas: Se han realizado estudios técnicos y jurídicos para la actualización o complementación de instrumentos normativos y legislativos en Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay.

También se tiene claro que el proceso de ajuste de categorías de áreas protegidas debe contemplar la diversificación en el tipo de gobernanzas en las escalas nacional, regional y local y heterogeneidad de actores públicos, privados, comunitarios y étnicos, lo que determina que este paso sea toda una reforma política que debe pasar por muchas instancias de los poderes ejecutivo y legislativo.

Conectividad e integración de las áreas protegidas

Si bien existen algunos inventarios preliminares sobre corredores de conservación e iniciativas de gestión de corredores, en términos generales el tema de conectividad es incipiente en la región. Son muchas las discusiones conceptuales, operativas y normativas sobre el tema de los corredores. Surgen interrogantes como ¿son los corredores parte de los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas y cómo?, ¿las áreas de conectividad serán consideradas áreas protegidas?, ¿se incluirán los corredores o conectividades como una categoría de áreas protegidas?, ¿cómo gestionar los corredores o conectividades?, ¿cómo articularlos en los proceso de ordenamiento del uso del suelo y en la planificación de las áreas protegidas?, ¿ante tantas denominaciones: corredores biológicos, corredores de conservación, corredores de gestión, conectividades, de que estamos hablando?.

Pese a las inquietudes mencionadas, los sistemas de áreas protegidas están avanzando de manera diferencial en la participación en procesos de ordenamiento territorial, zonificación y reglamentación de zonas amortiguadoras, diseño de instrumentos para pago por servicios ambientales, sistemas productivos para mejorar condiciones de vida de la población y restauración ecológica, donde el tema de conectividad es clave.

Redes regionales de áreas protegidas y áreas transfronterizas

Los ejercicios de identificación de prioridades de conservación han sido nacionales y aun no se abordado el tema transfronterizo. Tampoco se han creado áreas transfronterizas. Sin embargo se ha avanzado en la articulación de acciones entre áreas protegidas de los Sistemas de Parques ubicados en zonas de frontera tales como: El Programa Trinacional de Conservación y Desarrollo Sostenible en el Corredor de Gestión de Áreas Protegidas Zona Reservada Güeppí (Perú), Reserva de Producción Faunística Cuyabeno (Ecuador) y Parque Nacional Natural La Paya (Colombia). También existen el Corredor Vilcabamba - Amboró (Perú - Bolivia) y el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (Ecuador-Colombia-Panamá-Costa Rica).

También se encuentran en diseño y/o inicio de implementación el proyecto Gran Ecosistema Marino Corriente Humboldt" (Perú - Chile), la creación de una Reserva Trasfronteriza en la región de Los Lagos (Chile-Provincia de Neuquén y de Río Negro en Argentina), Cooperación Ambiental entre la Provincia de Neuquén, República de Argentina y la Región del Bio-Bío, República de Chile, orientada a la creación de un corredor Ecológico transfronterizo entre el Área Natural Protegida Epu Lauquen (Argentina) y el Corredor Biológico Nevados del Chillán-Laguna del Laja (Chile).

Desde organizaciones no gubernamentales se han liderado procesos en la Cordillera del Cóndor (Ecuador, Perú) y Chocó-Manabí (Ecuador-Colombia).

Existen comisiones de vecindad e integración Colombo Peruana, Colombo Ecuatoriana, Plan de Buena Vecindad, Plan de Acción Ambiental Regional y mecanismos de coordinación multinacional como: Programa Trinacional Cuyabeno - Guepi - La Paya (con instancias directiva, técnica y operativa), coordinación permanente con la OTCA, CAN, Parlamento Andino. En el caso del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR) se estableció una Secretaría Pro Tempore y una estructura de coordinación de los cuatro países.

Planificación de la gestión de áreas protegidas

En promedio el 64% de las áreas que conforman los Sistemas de Parques de los países analizados han elaborado sus planes de manejo. Sin embargo, algunos de ellos están desactualizados o no se están aplicando. En algunos casos no se han elaborado planes de manejo a las áreas protegidas marinas y costeras. El nivel de participación social en la formulación de los planes de manejo, aunque ha incrementado, aun es insuficiente.

Se han diseñado guías o herramientas metodológicas detalladas para orientar la formulación y actualización de planes de manejo en Chile, Uruguay y Colombia, aunque no todas han sido adoptadas oficialmente. En otros países los responsables de las áreas protegidas tienen la responsabilidad de formular los planes de manejo, pero no tienen herramientas metodológicas. Los planes de manejo en estos casos están basados en la función que se les asigna en decretos y en el conocimiento y comprensión que tengan sobre la gestión de áreas protegidas, situación que genera diferentes estilos de los planes, ordenamientos y denominaciones.

De forma general la capacitación al personal encargado de áreas protegidas en formulación y aplicación de los planes de manejo no es sistemática y además se caracteriza por ser fragmentada temáticamente e intermitente. Persiste la debilidad en la generación de conocimiento, vinculación de redes y bases científicas para la planeación y administración de las áreas protegidas.

Amenazas a las áreas protegidas

La identificación, especialización y comprensión de las amenazas sobre las áreas protegidas aun es incipiente y se circunscribe al análisis de las presiones por cacería, tala, incendios, sobre explotación de recursos naturales, avance de frontera agrícola y ocupación al interior del área protegida o su entorno más cercano. Son recientes e incipientes los abordajes de análisis de amenaza desde un contexto regional o de paisaje y desde el conocimiento de impactos de temáticas sectoriales (minería, hidrocarburos, vías, portuarios).

Las medidas adoptadas para enfrentar las amenazas son variadas y van desde aquellas operativas de avanzar en complementar la planta de personal requerida por las áreas protegidas para su administración, desarrollo de programas de control y vigilancia, sistemas de detección de incendios, o técnicas mediante el diseño de instrumentos para espacializar amenazas sectoriales y generar alertas ambientales. También se focalizan en la revisión y actualización de programas de monitoreo ambiental, implementación de metodologías de capacidad de carga o limites de cambio aceptable en programas de ordenamiento ecoturístico.

Elemento 2: gobernabilidad, participación, equidad y participación en los beneficios

Equidad, beneficios y gobernabilidad

En general la evaluación sobre los costos y beneficios de establecer áreas protegidas es una actividad que apenas se está iniciando. Sólo se informó en este ítem los estudios de factibilidad para el financiamiento de sistemas nacionales de áreas protegidas por parte de Chile y la valoración económica de bienes y servicios ambientales que realiza Ecuador.

En cuanto a participación equitativa de los beneficios entre hombres y mujeres, excepto Ecuador que menciona el programa socio-bosque, no se informaron avances en la elaboración de políticas o mecanismos compensatorios, o de acceso y participación en los beneficios, ni contribución al alivio de la pobreza. Sin lugar a dudas existe un gran rezago de gestión en éste tema.

Con relación a la evaluación de la gobernabilidad de áreas protegidas, todos los países han iniciado está tarea y desarrollan acciones en los siguientes campos:

  • Actualización o reforma de sistemas de categorías: Todos los países usan como referente las categorías de áreas protegidas de UICN, pero en la práctica salvo Uruguay, todos las denominan de manera diferente, situación que se explica por dos circunstancias: los países adoptaron en su legislación sobre áreas protegidas, las pautas sobre categorías de UICN de 1972, 1978 o 1994, vigentes al momento de la creación o reglamentación del Sistema de Parques, o bien los países adaptaron las categorías a sus realidades y por eso las denominaron de forma diferente. Hoy ante la nueva función de coordinación de Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas, todos los países identifican la necesidad de realizar procesos de revisión de sus sistemas de categorías y analizarlas a la luz de las nuevas directrices de UICN del 2004. Sin embargo, encuentran el dilema de tener que realizar estudios técnicos y jurídicos que sustenten propuestas técnico-jurídicas suficientemente sólidas que puedan ser presentadas y gestionadas en escenarios de los poderes legislativos y ejecutivo. Debido a la demora propia del trámite antes mencionado, a la necesidad de realizar procesos de concertación políticos con diferentes sectores sociales (fundamentados en el reconocimiento y respeto de derechos de comunidades locales y grupos étnicos, entre otros), a la aceleración de intereses sectoriales de explotación de recursos naturales no renovables, se ha hecho urgente y estratégica esta temática. Po ello todos los países se encuentran elaborando estudios técnico jurídicos de categorías.

  • Diseño, generación o reconocimiento de procesos o iniciativas de áreas protegidas con nuevos tipos de gobernabilidad. Se está avanzando en la conceptualización y establecimiento de sistemas regionales, municipales de áreas protegidas (todos los países), reconocimiento o firma de acuerdos de administración compartida y gestión compartida con pueblos indígenas y comunidades campesinas en Bolivia, gestión compartida en Uruguay, regímenes especiales de Manejo en Colombia, orientación y apoyo a conservación en tierras privadas o comunales (Perú). Todos están impulsando la conservación privada.

  • Modificación de leyes o políticas para facilitar nuevos tipos de gobernabilidad. Existen avances legislativos de reconocimiento de estos nuevos tipos de gobernanza en Colombia, con subsistemas regionales de áreas protegidas (conformados por áreas protegidas nacionales, regionales, locales, públicas o privadas) y subsistemas temáticos. En Chile la política de áreas protegidas reconoce la existencia de un subsistema público, uno privado y uno mixto. En Ecuador la Constitución establece los cuatro subsistemas en el sistema nacional (Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, Áreas Protegidas de Gobiernos Seccionales, Áreas Protegidas Privadas, y Áreas Protegidas Comunitarias, Indígenas y Afroecuatorinas). En Perú se reconocen las Áreas de Conservación Regional, Áreas de Conservación Privada y Régimen Especial de Reservas Comunales.

Comunidades indígenas y locales

En los sistemas nacionales se está evaluando la participación de las comunidades locales e indígenas en las decisiones sobre áreas protegidas, a fin de mejorar su participación. Las siguientes iniciativas se encuentran en desarrollo:

Se están utilizando los mecanismos de participación establecidos legalmente.

  • Se están desarrollando los procesos de consulta previa acorde con los lineamientos del Convenio 169 de la OIT.

  • Se han diseñado o establecido directrices específicas en Uruguay, Régimen Especial de Manejo en Parques Nacionales en Colombia y Régimen Especial de Reservas Comunales en Perú, contempladas en la Ley 26.834.

  • Se han Identificando fases, instancias, metodologías y procedimientos que han propiciado la participación de comunidades locales y pueblos indígenas en los diferentes momentos de la elaboración de planes de manejo de las áreas con las cuales están relacionados.

  • Se han elaborado y aplicado instrumentos metodológicos que promueven la participación y la comunicación en el análisis de la efectividad del manejo de áreas protegidas, monitoreo ambiental, sistemas de producción sostenibles y estrategias de restauración.

Elemento 3: actividades favorables

Contexto político, institucional y socio-económico favorable para las áreas protegidas

Se están iniciando algunos análisis sobre el contexto político en el cual se crean y administran las áreas protegidas. Sin embargo, la regla general es un incipiente relacionamiento, armonización e incidencia de las áreas protegidas en políticas y leyes sectoriales. Las reacciones ante los megaproyectos de desarrollo se caracterizan por ser reactivas.

Se mencionan como algunos avances la política del “buen vivir” de Ecuador, la participación del sistema nacional de Colombia en la formulación de políticas estratégicas ambientales, hidrocarburos, minería y reforma de instrumentos de regulación de sectores productivos, la coordinación interinstitucional en Uruguay, diálogos con el sector hidrocarburos en Bolivia, el desarrollo de un proyecto GEF/CONAMA/PNUD para la creación de un sistema nacional integral de áreas protegidas para Chile.

Aún se está a medio camino de integrar los valores de los servicios ecológicos de las áreas protegidas en las economías nacionales, aunque los países informan avances en la identificación y valoración de bienes y servicios ambientales, y en la elaboración de propuestas de pago por servicios ambientales. Similar situación acontece con el diseño y aplicación de incentivos para la conservación privada. Sin embargo, exceptuando Ecuador, que manifiesta que ha terminado la evaluación de la contribución de las áreas protegidas a la economía nacional, el resto de países está iniciando esta gestión.

En cuanto a la cooperación con países vecinos, la acción no es sistemática. Sin embargo, existen avances en el plan de trabajo binacional Parque Katíos (Colombia) – Parque Darién (Panamá), en el plan de acción y monitoreo entre Colombia y Brasil para la cuenca binacional del rio Puré/Purue y el rio Caquetá/Japurá, también en el plan “Frontera Verde” entre Colombia Brasil dirigido a establecer acciones conjuntas con el objeto de lograr la consolidación de un corredor verde en la zona de frontera y la creación de áreas protegidas con zonas de uso sostenible. Otras iniciativas incluyen el programa trinacional de conservación y desarrollo sostenible en el corredor de gestión de áreas protegidas “Zona Reservada Güeppí (Perú), Reserva de Producción Faunística Cuyabeno (Ecuador) y Parque Nacional Natural La Paya (Colombia)”. También existe la iniciativa de la Cordillera del Cóndor entre Ecuador y Perú.

Aunque existen algunas campañas de comunicación sobre áreas protegidas, aún son insuficientes las acciones desarrolladas. En general, la sociedad no conoce el papel que desempeñan las áreas protegidas ni las valoran como se merecen. Se ha elaborado de manera puntual algún material divulgativo en el marco de proyectos en ejecución y el diseño de algunas guías técnicas que son socializadas vía Internet.

Capacidad, tecnología y educación relativas a las áreas protegidas

La evaluación sobre las necesidades de capacidad para la administración o coordinación de sistemas nacionales de áreas protegidas, más allá de los Sistemas de Parques, es una actividad que apenas está iniciando. Pese a que algunos países han realizado la identificación de necesidades de aprendizaje, e incluso han elaborado programas de capacitación para el personal que administra las áreas protegidas de los sistemas de parques nacionales, debido a los déficit de financiamiento para la conservación la actividad de capacitación siempre ha sido la primera afectada por los recortes presupuestales. Debido a esto la capacitación es esporádica, no sistemática, dependiente en su mayoría de la inclusión de talleres o cursos cortos en los proyectos de cooperación y por tanto no cubre a todo el personal. Esto permite prever que aún está lejos la profesionalización del personal de áreas protegidas y que son débiles las capacidades institucionales para enfrentar el nuevo reto de formar a los nuevos actores comunitarios, sociales e institucionales que conforman los sistemas de áreas protegidas.

Exceptuando Argentina, que ha desarrollado de manera continua durante cinco años el curso regional para guardaparques de América Latina, con el apoyo de la JICA, y el caso de Perú, que estableció un programa de entrenamiento para el sistema en el periodo 2005-2014, las acciones de capacitación son de corto plazo.

Unido a lo anterior, aun es insuficiente el personal encargado del manejo de áreas protegidas de los sistemas nacionales. No obstante, Chile y Colombia informan que han aumentado sus plantas de personal. Sin embargo la tendencia es la contratación de personal por periodos de tiempo cortos, situación que afecta la efectividad de la gestión de las áreas protegidas y la consolidación de los sistemas de áreas protegidas.

Financiamiento sostenible

Todos los países se encuentran evaluando las necesidades financieras sostenibles para las áreas protegidas y varios países han avanzado en la creación de mecanismos financieros para la gestión de áreas protegidas. En Argentina este tema lo trata la Ley de Bosques, en Colombia se creó el Fondo Patrimonio Natural para el financiamiento del sistema nacional y se encuentra en creación un sistema de fondos regionales. En Ecuador existe un Fondo de Áreas Protegidas dentro del Fondo Ambiental Nacional para apoyar la gestión de las áreas y en Perú se promueve el Fondo Promoción de las Áreas Naturales Protegidas. En Bolivia existe la administración de fondos fiduciarios .

En términos generales ha mejorado la elaboración de planes administrativos de áreas protegidas a través de la inclusión de un componente de financiamiento en el plan de manejo de cada área, así como también en la elaboración de planes de sistemas locales o regionales de áreas protegidas. Sin embargo, aún no se ha logrado incidir en una mayor asignación presupuestal estatal para la gestión de áreas protegidas (excepto Ecuador y Perú).

Elemento 4: normas, evaluación y supervisión.

Prácticas idóneas y eficacia administrativa

Algunos países han evaluado la eficacia del manejo de sus áreas protegidas. En Colombia en 98% de las áreas se han diseñado o aplicado las metodológicas de análisis de la efectividad de manejo, en el marco de las cuales se evalúa la eficiencia en el manejo de recursos (financieros, físicos y humanos) y la eficacia en el logro de objetivos de conservación de las áreas. En Chile se ha aplicado a nivel regional. También existen iniciativas en Ecuador y en Perú.

Particularmente en el tema de ecoturismo en Argentina, desde el 2000 rigen los “Lineamientos Generales para el Desarrollo del Uso Público en las Unidades de Conservación de la Administración de Parques Nacionales”. En Colombia se han aplicado las metodologías de capacidad de carga y límites aceptables de cambio, se han desarrollado concesiones ecoturísticas y se han creado redes de turismo sostenible. En Ecuador se existe el Programa de Turismo Sostenible en cuatro áreas protegidas (Parque Nacional Galápagos, Reserva Marina Galápagos, Parque Nacional Machalilla y Reserva Ecológica Cayambe Coca), donde se diseñaron sistemas de manejo de visitantes. En Perú se promueve la aprobación de un reglamento para atención de visitantes, mientras que en Bolivia se elaboró el reglamento específico para turismo en cinco áreas protegidas y se implementaron actividades de control para el turismo en otras dos áreas protegidas.

En cuanto a la gestión de recursos naturales y culturales Argentina informa que desde 2007 posee un reglamento de recursos culturales, que junto con otras políticas están desarrollando acciones sobre manejo de especies exóticas y protocolo de quemas prescriptas. Bolivia informa que ha desarrollado planes de manejo para el aprovechamiento de lagartos, castaña, vicuña y para las actividades de pesca.

Supervisión e investigación

La investigación para el manejo de áreas protegidas, al igual que el tema de capacitación, se caracteriza por ser puntual, no sistemática y en muchas ocasiones descontextualizada de las necesidades de la gestión. Los sistemas nacionales apenas están iniciando la identificación de líneas de investigación o elaborando estrategias de investigación. Debido a esto, la información es fragmentaria, corresponde a sólo algunos grupos de componentes de la biodiversidad y existen pocas alianzas con sectores académicos y científicos. Como ha sido recurrente, la investigación en temas socio-económicos aún esta mas relegada. A nivel de monitoreo se desarrollan algunas acciones, pero no necesariamente están ligadas a investigación o al plan de manejo de las áreas.