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  • Eugenio Figueroa B a, b, c. Paulina Reyes V. b, c
    Universidad de Chile: a Departamento de Economía, b Centro de Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente (CENRE), c Programa Domeyko en Biodiversidad (PDBD)
 
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Pago por servicios ambientales en las áreas protegidas de Latinoamérica: realidad y perspectivas futuras

INTRODUCCIÓN

Los ecosistemas planetarios proveen una amplia gama de servicios ambientales que permiten mantener los equilibrios globales responsables de las condiciones que hacen posible la vida en el planeta. Además, proveen una diversidad de bienes y servicios que permiten a la humanidad satisfacer diferentes necesidades de alimentación, abrigo, resguardo, recreación y esparcimiento, entre otras. Sin embargo, pese a estos aportes que los ecosistemas realizan y a los beneficios que a través de ellos proveen al hombre, hoy día una parte importante de los ecosistemas se encuentra en peligro. Esto porque, al ser los ecosistemas afectados por los impactos ambientales generados por actividades como el cambio de uso del suelo, la generación de desechos y la degradación de los recursos naturales que los componen, pierden funciones y dejan de brindar servicios que afectan su propio equilibrio y la sostenibilidad del medio ambiente, reduciendo así la riqueza natural de los países y el bienestar social (MEA, 2005).

En las últimas décadas, la situación descrita ha generado preocupación mundial por el manejo y la conservación de los ecosistemas y los recursos naturales, cuyo grado de deterioro alcanzado sería producto fundamentalmente de la inadecuada valoración que la sociedad hace de su contribución a la supervivencia y el bienestar de la sociedad. En efecto, la subvaloración persistente de los servicios aportados por la biodiversidad, los ecosistemas, la naturaleza y el medioambiente, ha llevado a una inadecuada asignación de recursos, en el ineludible contexto de escasez en que la sociedad toma sus decisiones económicas de producción y consumo. De esta forma, a menudo los servicios ambientales son aprovechados por la sociedad que obtiene bienestar de ellos, sin tener conciencia del valor de este aporte ni de su costo alternativo.

Esto es producto de que muchos de estos servicios ambientales y los ecosistemas que los proveen son “bienes comunes”, es decir, bienes de propiedad compartida y con libre acceso, por cuyo uso y goce no se paga. Como la ciencia económica lo ha probado esto produce su sobreexplotación, poniendo en riesgo, cuando no se destruye definitivamente, el flujo sostenido de estos servicios ambientales en el tiempo. El establecimiento de áreas protegidas (APs) constituye una de las principales herramientas de gestión ambiental para el resguardo de los ecosistemas en muchos países. De este modo, las APs representan una importante fuente proveedora de servicios ambientales, que en muchos casos son aprovechados como insumo por los sectores de turismo, hidroelectricidad y producción de agua, entre otros, sin existir un pago a la administración de las áreas protegidas por el flujo aportado de tales servicios.

Como una herramienta para internalizar adecuadamente en la toma de decisiones individuales y sociales el valor que poseen y el bienestar que brindan a los individuos y a la sociedad los servicios ambientales resguardados en las áreas protegidas, surge el concepto de “pago por servicios ambientales” (PSA) en las áreas protegidas. Este tiene como principal objetivo, forzar y hacer explícita una adecuada valoración de los servicios ambientales provistos a través de la conservación realizada en las áreas protegidas y producir así una asignación eficiente de estos servicios, similar a la que haría un mercado funcionando eficientemente. Además, los pagos por los servicios empleados generan ingresos que constituyen un incentivo para quienes manejan los ecosistemas y deciden sobre sus usos y conservación. Representan una vía para financiar las actividades de control, vigilancia y manejo de las áreas protegidas y sus ecosistemas, necesarias para restringir el libre acceso a ellos y hacer posible las condiciones para su conservación en el tiempo.

PAGO POR SERVISIOS AMBIENTALES EN ÁREAS PROTEGIDAS

Para la adecuada conservación de las extensas zonas y los servicios ambientales provistos por las áreas protegidas, se requiere de la movilización de recursos financieros. Dichos recursos se invierten en obras de mantenimiento de los ecosistemas para poder garantizar su funcionamiento y el continuo flujo de los servicios ambientales.

El mantenimiento se realiza a través de diversos programas, entre ellos, vigilancia y control, educación ambiental, gestión del turismo, recuperación y restauración de ecosistemas. En el caso de los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas de Latinoamérica, para el desarrollo de estas actividades la principal fuente de financiamiento corresponde al aporte fiscal proveniente del presupuesto anual de los Estados (UICN, 2003). Sin embargo, las áreas protegidas de origen privado y público-privado, reciben además aportes provenientes de donaciones y cargos directos (Barzev, 2005).

Resultado de la evidente y persistente subvaloración social del aporte en bienes y servicios ambientales y ecosistémicos que las áreas protegidas hacen a la población, y de que los aportes económicos permanentes a las áreas protegidas lo realizan principalmente los Estados a través de sus presupuestos anuales, y dadas las significativas y permanentes estrecheces de los presupuestos públicos en los países de la Región, es esperable que estos aportes: i) no tengan relación con la contribución que las áreas protegidas realizan al bienestar de la sociedad a través de los servicios ambientales que proveen; ii) sean insuficientes en muchos casos para mantener las áreas protegidas existentes y garantizar la sostenibilidad de sus beneficios ecosistémicos; y, iii) limiten la creación y/o extensión de nuevas áreas de protección. Como un instrumento que reconoce y expresa en una compensación económica el valor de los servicios ambientales generados por los ecosistemas, los PSA permiten incorporar a la toma de decisiones el valor de algunos servicios brindados por los ecosistemas, mejorando con ello la asignación de recursos en la economía y la conservación de los ecosistemas y la naturaleza.

A pesar de lo anterior, el concepto de PSA debe restringirse a la acepción moderna que aquí se utiliza. Ella corresponde a la de mecanismos institucionales diseñados con el propósito expreso de revelar y explicitar el valor de los servicios ambientales generados por los ecosistemas, y que hacen posible exigir un pago por quienes demandan estos servicios ambientales y tienen disposición a pagar por ellos. De este modo, los pagos realizados generen ingresos económicos para quienes son los dueños de los terrenos en que se asientan los ecosistemas, o tienen la titularidad o el reconocimiento de algún derecho (de propiedad o de otra especie) sobre dichos terrenos o sobre los servicios ambientales mismos generados por los ecosistemas, y que incentivan y provocan comportamientos por parte de estos últimos que conservan dichos ecosistemas y aseguran la provisión de dichos servicios ambientales.

ESQUEMAS DE PSA EN LATINOAMÉRICA

Desde 1997 Costa Rica posee un sistema de PSA formal a escala nacional, con lo que se constituyó en el primer país de la región en institucionalizar un esquema de PSA. Con diferentes años de rezago, diversos otros países de la Región comenzaron a desarrollar programas similares. Hasta fines del año 2008, se encontraban en ejecución más de 65 programas en América Latina, además de una importante suma de proyectos en estudio que pretenden proteger los servicios ambientales a través del pago, en especies o en dinero, a los propietarios o administradores de los ecosistemas que los proveen.

Gran parte de las iniciativas de PSA en la Región se han desarrollado sin un marco legal nacional que incentive la creación y funcionamiento de estos esquemas. Los cuerpos legales que rigen los sistemas de PSA son recientes a excepción de Costa Rica, y han sido aprobados en los cuatro últimos años debido al auge de estos programas, producto de la creciente demanda y disponibilidad a pagar por los servicios ambientales. Según Figueroa et al. (2009), los países de la Región pueden ser agrupados de acuerdo al estado de avance en que se encuentran en materia de implementación de PSA.

Países más avanzados con experiencias de PSA realizadas o por comenzar

En este grupo se incluyen Costa Rica, Colombia, Ecuador, Bolivia y México. Estos países, con excepción de Ecuador y Bolivia, tienen una política explícita definida que consulta la implementación de PSA y que se ha traducido en legislación, normativa o al menos estrategias públicas ya explicitadas, y que han dado origen o están por darlo a implementaciones efectivas de PSA.
Costa Rica es el país que se encuentra más avanzado, ya que cuenta con la ley Forestal 7575 y su Reglamento desde el año 1997, cuando se inician formalmente los PSA. México cuenta desde el año 2005 con el Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, que constituye el marco legal para el PSA, que hasta ahora ha funcionado con recursos fiscales y que en una proporción de 45% han sido destinados a pagos a comunidades ubicadas dentro de áreas protegidas.

Colombia por su parte, cuenta con una estrategia nacional para PSA sólo desde julio de 2008. Sin embargo, desde el año 1993, la Ley 99 estableció una tasa por uso de agua que deben pagar los usuarios de la cuidad de Bogotá por el uso de agua a la autoridad ambiental competente.

Ecuador, aunque no cuenta con una normativa explícita de PSA de extensión nacional, dispone de una normativa de carácter municipal que le ha permitido a los municipios de Quito, Cuenca y Pimampiro, implementar mecanismos de PSA para el recurso agua. De estas experiencias, la más conocida y mencionada es la de la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable (EMAAP) de Quito, que a través del Fondo para la Protección del Agua (FONAG), paga a las comunidades ubicadas principalmente en la cuenca alta del río Guayllabamba por la conservación de la cuenca y la sostenibilidad de la provisión del recurso.

Finalmente, la experiencia de Bolivia se suele documentar principalmente en el mercado de bonos de carbono. Sin embargo, es posible mencionar algunos proyectos en torno a los demás servicios ambientales, ya que cuenta con otros ocho proyectos en ejecución.

Países con desarrollo intermedio, con alguna política o normativa y alguna experiencia o intento de implementación

En este grupo se ubican Brasil, Chile, El Salvador y Perú, que cuentan con alguna reglamentación o estrategia nacional establecida con el propósito de implantar PSA, y que han implementado algún mecanismo de PSA o se encuentran realizando estudios o experiencias pilotos para su posterior implementación.

Chile cuenta con un proyecto polito de PSA para el recurso agua en la ciudad de Ancud, mientras que Perú está ejecutando experiencias pilotos en servicios ambientales de agua y belleza escénica.

Brasil, en tanto, ha desarrollado en Paraná y otros Estados un sistema de asignación a los municipios de los recursos recaudados por el Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios de Transporte (ICMS), en que se considera tanto la superficie con áreas protegidas de los municipios como su aporte a las fuentes agua. Sin embargo, sólo el mecanismo de asignación de estos recursos, pero no su uso definitivo, está ligado a estos criterios, por lo que este mecanismo podría no considerarse un PSA.

Países con menor desarrollo, que sólo cuentan con alguna política o normativa

En este grupo se incorpora Panamá, Paraguay y República Dominicana. En el caso de Panamá se ha desarrollado alguna legislación, al igual que en Paraguay, en el que la Ley de Valoración de Servicios Ambiéntales 3001/06 y su Reglamento del año 2007 faculta a la Secretaría del Ambiente para implementar PSA en el futuro.

Países sin desarrollo de PSA

En este grupo se encuentran, entre otros países, Argentina, Honduras, Uruguay y Venezuela, que evidencian un estado muy incipiente de desarrollo de la normativa referida a PSA.

EXPERIENCIA DE SISTEMAS DE PSA IMPLEMENTADOS EN AREAS PROTEGIDAS

En lo que respecta a los PSA en áreas protegidas, en la mayoría de los países de la Región no se ha diseñado aún una estrategia que impulse estudios sobre la provisión de servicios ambientales en estas áreas y la contribución de sus servicios como insumos de actividades productivas. No obstante, de acuerdo a la información disponible y a la revisión realizada sobre los esquemas de PSA en ejecución en la Región, Bolivia, Ecuador, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua y República Dominicana, desarrollan proyectos de PSA a través de 17 proyectos, que se detallan en la Tabla Nº 1.

Tabla Nº 1. Esquemas de PSA en áreas protegidas de América Latina

País

Área Protegida

Servicio Ambiental

Comprador

Destino de lo recaudado

Bolivia

Parque Nacional Noel Kempff Mercado

Secuestro de carbono

Chicago climate Exchange y Empresas de EE.UU.

Las asignaciones de los créditos de carbono son distribuidas entre: Inversionistas, el Parque, el
SNAP y el Gobierno.

Colombia

Parque Nacional Chingaza

Protección de cuencas

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)

La EAAB invierte aproximadamente COP$400 millones al año, fortaleciendo principalmente el programa de monitoreo del Parque.

Secuestro de carbono

s/i

Aumentar la oferta de servicios ambientales, específicamente de servicios de provisión hídrica.

Ecuador

Reserva Ecológica Cayambe Coca

Reserva Ecológica Antisana

Parque Nacional Cotopaxi

Protección de cuencas

Hogares y empresas de Quito

La recaudación va al FONAG y el 80% de lo recaudado se invierte en el desarrollo de programas de comunicación, forestación, educación ambiental, control y vigilancia de áreas protegidas e hidrología. El 20% se destina a impulsar proyectos específicos.

Parque Nacional Cajas

Protección de cuencas

Hogares y empresas de Cuenca

s/i

Belleza escénica

Turistas que visitan el Parque

Parque Nacional Podocarpus

Protección de cuencas

Usuarios del agua para consumo humano de los cantones Mira, Espejo y Bolívar

s/i

Parque Nacional El Ángel

Protección de cuencas

Usuarios del agua para riego de los cantones Loja y Zamora

s/i

Costa Rica

Bosque Eterno de los Niños

Protección de cuencas

Empresa hidroeléctrica Inversiones La Manguera

Conservación y protección de los bosques, administración del bosque y sus guardaparques.

PSA en áreas protegidas públicas y privadas por concepto de canon de agua

Protección de cuencas

Indeterminado, usuarios de agua para consumo humano, industrial, comercial, turístico, acuícola, fuerza hidráulica, etc.

- Financiar proyectos y acciones destinadas a la conservación restauración, protección y uso sostenible de los recursos hídricos en las cuencas hidrográficas, parques nacionales y reservas biológicas.

- Operación y mantenimiento de áreas protegidas, en razón del servicio ambiental protección del recurso hídrico.

- Pago de tierras privadas en áreas silvestres protegidas estatales, como los Parques Nacionales y Reservas Biológicas.

- Financiamiento del FONAFIFO para financiar el programa de PSA en terrenos privados que generen el servicio ambiental hídrico.

El Salvador

Parque Nacional El Imposible

Protección de cuencas

Belleza escénica

Usuarios del agua para consumo humano de los cantones del municipio de San Francisco Menéndez

Gastos de administración, operación, mantención del sistema. Pago de salarios a dos guardaparques.

México

Cerro Grande en la Reserva de la Biosfera de Manantlán

Protección de cuencas

Cobro de una cuota obligatoria a los usuarios del sistema de agua potable

Apoyar a los propietarios de los terrenos y habitantes del territorio donde se genera el SA para financiar prácticas sustentables en el territorio.

Parque Nacional Cumbres de Monterrey

Protección de cuencas

s/i

s/i

 

Resesrva de la Biósfera Sian Ka‘an

 

Protección
de cuencas

 

s/i

 

s/i

Nicaragua

Reserva Natural Tisey-Estanzuela

Protección de cuencas

s/i

s/i

República Dominicana

Reserva Científica Loma Quita Espuela

Protección de cuencas

Usuarios del agua para consumo del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado

Designación de guardaparques y construcción de caseta para el control y vigilancia.

 

Hasta el momento en la mayoría los sistemas de áreas protegidas, el servicio ecosistémico de recreación y belleza escénica es integrado en un proceso que de alguna forma explicita su valor y es reconocido, aunque sea parcialmente. Esto se refiere particularmente al monto cobrado por entrada o por alojamiento, el pago exigido a los concesionarios de camping, cabañas, hoteles o puestos de expendio de artesanía, souvenirs u otros artículos en las áreas protegidas. Sin embargo, muchas veces estos cobros están muy lejos de constituir un mecanismo de PSA, ya que han sido instituidos, por ejemplo, con el propósito de recuperar en parte los gastos en que el Estado incurre para implementar las actividades de resguardo y protección de las áreas protegidas.

No existe relación alguna entre estos montos con el valor de los servicios ambientales para quienes los demandan al ingresar a las áreas protegidas. Sin embargo, es esperable que la mayor parte de quienes cancelan el monto de entrada exigido, efectivamente estén revelando su disposición a pagar por los servicios ambientales de que gozarán en el AP a que ingresan y, desde este punto de vista, podría argumentarse que el cobro por entradas muchas veces tiene un elemento de PSA incorporado.

CONCLUSIONES

Los PSA son crecientemente reconocidos en Latinoamérica como una oportunidad para evitar que se continúen deteriorando los ecosistemas de la Región y se mantenga y aumente la provisión de servicios ambientales en el futuro, contribuyendo así al bienestar de la población y la sustentabilidad del desarrollo.

El PSA debe entenderse como un sistema que se institucionaliza e implementa, de manera exclusivamente privada o con la participación de organismos públicos, con el propósito primeramente de establecer el origen, la cantidad, la calidad y la durabilidad temporal de la provisión de un servicio ambiental. También para identificar la titularidad de los derechos de propiedad y/o de uso y/o de disposición sobre dicho servicio ambiental, y la disposición a pagar por él de quienes quieran disponer en último término del mismo. En segundo lugar, con el propósito de hacer posible los pagos necesarios para el traspaso de los derechos desde sus titulares a los demandantes finales, de modo de alinear los incentivos para asegurar la provisión del servicio ambiental y la conservación del ecosistema que lo provee.

A pesar de que las experiencias de PSA en la Región son numerosas ?más de 65 han sido identificadas (Figueroa et al., 2009)? sólo una fracción menor, sólo 17 casos, corresponden a aquellas implementadas en áreas protegidas. A pesar de lo anterior, el PSA ofrece importantes oportunidades para que en el futuro las áreas protegidas generen ingresos por los servicios ambientales que proveen, toda vez que la tendencia evidente es a una creciente escasez de estos servicios.

El servicio ambiental que más comúnmente ha sido objeto de pagos en la Región es sin duda el de provisión de agua derivado de la protección de las cuencas. Esto puede deberse en parte a la relativa mayor facilidad de identificar a los demandantes del servicio, como son las compañías de agua potable o las empresas hidroeléctricas, que emplean como insumos el agua que les proveen el o los propietarios aguas arriba, debido a la conservación de los ecosistemas o la implementación de buenas prácticas en su manejo.

En el caso de los servicios de recreación y belleza escénica, aún cuando es relativamente fácil identificar el servicio prestado a los visitantes de los parques y otras áreas naturales, no es posible relacionar de manera directa el precio cobrado por la entrada con el valor del servicio ambiental. El primero muchas veces es determinado por criterios ajenos al servicio mismo, como por ejemplo, la recuperación de los gastos en que incurren las áreas protegidas para cubrir los salarios de los guardaparques, la construcción y mantención de infraestructura turística, o los combustibles empleados en las rondas de inspección. No obstante esto, resulta evidente que la cancelación del monto de la entrada por parte de quien ingresa y hace uso de las áreas protegidas generalmente reflejará en alguna medida su disposición a pagar por los servicios de recreación y/o belleza escénica.

El secuestro de carbono también es un servicio ambiental por el que los países de la Región han recibido pagos. Sin embargo, la implementación del mecanismo se asocia, más que a iniciativas de los propios países, a las oportunidades que ofrece el mercado internacional de certificados de reducciones de emisiones del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto, o de los acuerdos voluntarios de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Sólo Bolivia cuenta con este tipo de esquema implementado en áreas protegidas.

Por otra parte, la variada realidad institucional, normativa y organizativa, bajo la cual se ha realizado el PSA en la Región, parece señalar que es posible avanzar en la implementación de esquemas de PSA sin necesariamente contar con una institucionalidad plenamente desarrollada. La multiplicidad de circunstancias esperables de encontrar parece indicar que muchas veces se requerirá adaptar los mecanismos para hacerlos adecuados y eficaces para cada caso particular. Esto apunta a que los países busquen flexibilidad a la hora de promover el PSA. Esto no quiere decir que los países no establezcan políticas generales que incentiven y faciliten la implementación de mecanismos de PSA. Una política importante es la de promover los acuerdos de los demandantes privados de servicios ambientales con los oferentes, privados o públicos, de los mismos, ayudando a crear las condiciones requeridas, especialmente las referidas a los derechos de propiedad de las tierras y la titularidad sobre los servicios ambiéntales.

UN ESTUDIO DE CASO: PSA EN LA RESERVA ECOLÓGICA CAYAMBE COCA
QUITO, ECUADOR

Las Reservas Ecológicas de Cayambe Coca y Antisana y el Parque Nacional Cotopaxi se ubican en la provincia de Pichincha y Napo. Cubren más de 520.000 ha y forman parte del Sistema de Parques Nacionales. La Reserva Coyambe Coca es fuente de 11 ríos y posee numerosos humedales y lagunas. Por su parte, la Reserva Antisana posee las subcuencas del río Quijos y Papallacta, este último con sus afluentes Tambo, Tumiguina y Blanco aportan sus aguas al proyecto hidroeléctrico Papallacta.

La ciudad de Quito, se abastece en un 80%, del agua proveniente de las dos áreas protegidas. La empresa de Alcantarillado y Agua Potable de Quito (EMAAP-Q) capta el agua a través de dos sistemas principales: el proyecto Papallacta de Optimización de Agua, que la distribuye en la parte norte de la ciudad, y el proyecto Mica de Agua en Antisana, que abastece de agua a las colonias del sur de la ciudad.

Aunque las áreas están formalmente protegidas para la conservación, éstas enfrentan numerosas amenazas como la presión de los habitantes de la cuidad de Coyambe Coca que requieren agua para sus siembras, plantas de riego e hidroeléctricas y el desvío de agua que realiza la empresa EMAAP-Q. En general, se cree que estas actividades amenazan con debilitar las cuencas locales, en particular el mantenimiento del flujo y cantidad de agua.

Con el fin de controlar dichas amenazas, en el año 2000, la EMAAP-Q y The Nature Conservancy suscribieron un contrato para la constitución del Fondo de Protección del Agua (FONAG) cuya función es financiar la protección de las cuencas en torno a Quito y así complementar otros esfuerzos de conservación. El FONAG es un fondo fiduciario de dotación no decreciente que puede recibir dinero del gobierno, de organizaciones particulares y ONGs. Alrededor de 250.000 usuarios del agua potable del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (1.5 millones de habitantes) aportan a través de la EMAAP-Q para mantener el fondo, con el 1% de su facturación mensual, lo que equivale a 540 mil USD/año aproximadamente. También existen adherentes del fondo que hacen aportes significativos: Empresa Eléctrica de Quito (EEQ) 45.000 mil USD/año, Cervecería Andina seis mil USD/año y COSUDE 10 mil USD.

Un 80% del presupuesto anual se invierte en el desarrollo de programas de comunicación, forestación, educación ambiental, control y vigilancia de áreas protegidas e hidrología. Además el 20% se destina a impulsar proyectos específicos.

NOTAS

1 Este artículo está basado en el trabajo de Figueroa et al. (2009) que incluyó una exhaustiva revisión bibliográfica; una conferencia electrónica sobre PSA y APs que se realizó con participación de académicos, profesionales y funcionarios de toda la Región; dos estudios de casos de PSA, uno en Colombia y el otro en Costa Rica; un Seminario/Taller Internacional sobre PSA en APs de Latinoamérica realizado en Quito, Ecuador el 2008, con la asistencia de académicos, profesionales y funcionarios de la Región; y, 16 Informes nacionales sobre PSA elaborados por los representantes nacionales de REDPARQUES. Se agradece el apoyo del Programa Domeyko en Biodiversidad (PDBD) de la Universidad de Chile.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Barzev, R. 2005. Guía Metodológica: Estudios de Valoración Económica de Bienes y Servicios Ambientales y el Diseño de Propuestas de Mecanismos Financieros para la Conservación, Proyecto GEF/PNUD.

Figueroa, E., Reyes, P. y Rojas, J. 2009. Pago por Servicios Ambientales en Áreas Protegidas en América Latina. Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres (REDPARQUES) y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España, Santiago, Chile, 132 p.

MEA. 2005. Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis. Millennium Ecosystem Assessment, 2005. World Resources Institute, Washington, DC.

UICN 2003. Áreas Protegidas en Latinoamérica – De Caracas a Durban. Un vistazo sobre su estado 1992 – 2003 y tendencias futuras. [En línea] www.iucn.org/what/issues/protected/protected_areas_resources.cfm [consulta: Julio 2008]