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SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS TIERRAS COMUNALES EN GUATEMALA.

Introducción

A consecuencia de la colonización producida siglos atrás en América, los territorios ocupados por los pueblos originarios les fueron arrebatados. En el caso concreto de Guatemala, como una forma de control sobre los tributos y la misma población, se adjudicaron tierras que en versión de cronistas de la colonia se le llamó "tierras de indios", pero que más tarde serían denominadas como "tierras comunales".

En ese contexto es común encontrar en la actualidad tierras en posesión y tituladas a nombre de colectivos indígenas, que en lenguaje registral aparecen como "tierras del común", precedidos del nombre del lugar, del linaje o de la colectividad a quienes se les adjudicó en su momento.

A partir de lo anterior, es importante conocer si las tierras comunales como remanentes territoriales, ahora concebidas como territorios indígenas, son el punto de partida de intereses locales. Así como la conservación de los recursos, su aprovechamiento sustentable o el control que los pueblos indígenas en Guatemala han preservado en función tanto de la depredación como de las invasiones constantes de su entorno. En esa línea, el derecho no ha funcionado a favor de los pueblos indígenas sino que ha sido contrario a sus intereses. Lo que debe tomarse en consideración es que la conquista permitió invadir, controlar y despojar a sus propietarios originarios su derecho territorial. Eso tiene su expresión en las justificaciones de la corona española sobre los terrenos usurpados, formulados por la justicia y luego, en función de ello y de la conversión a la fe cristiana, la "justa" guerra que fue en realidad crueldad y salvajismo sin precedentes.

EVOLUCIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN GUATEMALA

En relación a las tierras comunales es trascendente recordar que no existe el derecho sin un hecho previo. Referente a lo ocurrido en Guatemala, el hecho que genera el derecho, así como ocurre en otros países de América Latina, no tuvo ninguna relación con la situación social preexistente a la conquista o invasión. Más tarde se crea una ficción de derecho de la Corona, a partir de la cual comienza la historia del saqueo y del despojo.

De lo anterior se puede notar que la relación de los pueblos indígenas con su territorio es una realidad social y cultural no aceptada en las distintas etapas de la historia, primeramente por conquistadores y criollos, seguidamente por mestizos y actualmente por las políticas de gobiernos neoliberales que repetidamente han multiplicado sus esfuerzos para resquebrajar esos elementos de relación. Esta última podría entenderse si se toma como ejemplo una de las tierras comunales que ha sufrido esa permanente ruptura: "Los bosques comunales no son simplemente un ecosistema natural, sino que constituyen un producto cultural. Su estado actual de conservación es el resultado de intervenciones humanas reguladas por una racionalidad y unas pautas culturales muy específicas. Los problemas que hoy presentan deben ser contemplados también a la luz de la evolución de esa racionalidad y de esas pautas culturales"

De acuerdo a un estudio realizado por el denominado Grupo Promotor de Tierras Comunales en el 2009, existen en Guatemala 1.213 tierras con características de comunales que hacen una extensión total de 1.577.129 hectáreas. En ese mismo estudio se caracteriza a esas tierras de la siguiente manera:

  1. Espacios protegidos ancestralmente por las propias comunidades.
  2. Producen y protegen fuentes de agua.
  3. Sirven para la reproducción de especies de plantas y animales.
  4. En ellos existen lugares sagrados indígenas.
  5. Poseen recursos que las comunidades cuidan porque les son útiles en sus medios de vida.
  6. Forman corredores culturales y biológicos que ayudan a la conexión de las áreas de conservación.

CERTEZA JURÍDICA

Con la revisión documental se puede deducir que la mayor parte de los territorios indígenas expresados en las tierras comunales tienen certeza jurídica, ya que se ha encontrado registro de esas tierras no solamente en instituciones coloniales, sino en instituciones creadas para llevar un registro de las propiedades en Guatemala. En otro contexto, es frecuente encontrar a personas mayores llamadas "principales" en los municipios, resguardando en cajas o baúles toda la documentación que consideran antigua, entre ellas títulos otorgados por la colonia y en varios casos también los títulos inscritos ante el registro de la propiedad inmueble de Guatemala, que funciona como respaldo de la misma.

Lo anterior deja claro que tanto documental como registralmente las tierras comunales no serían o al menos no tendrían que ser objeto de problemas, por el contrario, debe dársele el trato que connote su especial administración.

Por otro lado, la certeza jurídica de esas tierras tiene relación a partir de la regulación que hace un país al respecto. En esa línea, la Constitución Política de la República de Guatemala establece por lo menos dos artículos en los que hace referencia a lo dicho anteriormente. El primero establece el reconocimiento que se hace de esas tierras y el segundo promueve la entrega de tierras a dichos pueblos cuando así sea necesario.

SEGURIDAD JURÍDICA

Es esta parte la que preocupa en relación a las tierras comunales, ya que es en esas tierras, como se puede advertir en estudios realizados al respecto, donde se ha hecho el más importante trabajo de conservación de los bienes naturales, no solo ahora, sino en muchos casos y durante cientos de años. La preocupación existente se resume en los siguientes puntos:

  • A pesar de que en varios casos se encuentra un doble registro de las tierras, uno por parte de la corona y otro por parte de la institución registral denominada Registro de la Propiedad Inmueble, estas posesiones comunales siempre han sido despojadas e invadidas por parte de personas particulares, instituciones municipales y hasta del propio Estado.
  • Lo anterior refleja una debilidad estatal, lo que genera desconfianza en el Estado de Derecho que debe ser fundamental para dar seguridad jurídica.
  • Teniendo respaldo constitucional, el Estado de Guatemala debe ser garante sólido de la defensa y restitución de las tierras comunales en manos de los pueblos indígenas.
  • Siendo las tierras comunales un importante mecanismo de transmisión cultural, este está siendo afectado por factores externos que van desde leyes, autoridades, investigadores, instituciones de desarrollo, financiamiento, partidos políticos, la iglesia, procesos históricos, pobreza y aspectos demográficos.

Lo expuesto anteriormente llama la atención especialmente porque en el discurso, los gobernantes de los países de América Latina, o por lo menos de aquellos donde existen tierras comunales, ponen su defensa en el Estado de Derecho. Sin embargo, en el contexto que se está abordando ellos mismos son parte de la violación a su propia normativa, lo que hace que se genere una desconfianza grande por parte de la ciudadanía.

Se puede notar además que las tierras comunales al ser una expresión cultural y ser irrespetadas, tienen como efecto directo o colateral el deterioro de la institucionalidad indígena, es decir, la destrucción de la propiedad y posesión colectiva.

REGULACIÓN LEGAL EN GUATEMALA

Aunque se cuentan con otros instrumentos legales, tiene relevancia para el caso de las tierras comunales, la Constitución Política de la República de Guatemala al establecer que es deber del Estado garantizar entre otros derechos, la vida, la justicia, la libertad y el desarrollo integral, además de que el fin supremo del Estado es el bien común.

En relación a las tierras comunales propiamente se indica que a pesar de que la Constitución otorga derechos y garantías expresamente, las mismas no excluyen otros derechos y garantías que aunque no figuren en la Constitución, son inherentes a la persona humana. El texto anterior tiene mucha importancia ya que los pueblos indígenas están compuestos por personas que en forma particular y colectiva son sujetos de derecho, y por lo tanto cubiertos especialmente por sus derechos inherentes de manera ancestral y colectiva, además la Constitución afianza que debe prevalecer el interés social sobre el particular.

Luego establece directamente que las tierras de cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, gozarán de protección especial del Estado, de asistencia crediticia y de técnica preferencial que garanticen su posesión y desarrollo. De igual manera, también reconoce que estas poblaciones indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema.

Desglosando lo anterior, se puede interpretar que la Constitución de Guatemala obliga al Estado a ser garante del respeto y la protección de las tierras comunales, o sea de la tenencia colectiva de los territorios indígenas.

Las tierras de cooperativas también son una forma de tenencia colectiva, por lo que debe interpretarse que deben tener protección especial del Estado. Esa protección no implica propiedad o posesión del Estado en general y de las instituciones municipales en particular y tampoco que puedan disponer de esos territorios de una manera simple, llana y libre. Por el contrario, esa protección implica garantía de la posesión y desarrollo de los pueblos indígenas, es decir, propiedad de dichas tierras de manera histórica.

De todo lo expuesto anteriormente, se puede apreciar que el texto se refiere a la parte histórica y a cómo ha quedado evidenciado que todas las tierras comunales han tenido una pertenencia histórica por parte de los pueblos indígenas. Sin embargo, no solo esas tierras deben ser respetadas y resguardadas por el Estado, sino también aquellas que aunque no estén registradas a nombre de pueblos indígenas han mantenido las tradiciones ancestrales, como establece el artículo 68 de la Constitución, al indicar que mediante programas especiales y legislación adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo.

Haciendo hincapié en lo expresado, el Estado de Guatemala ha incumplido con su responsabilidad constitucional referida a las tierras comunales en dos vertientes: en primer lugar ha dejado de proteger la posesión o propiedad colectiva de las tierras comunales y en segundo lugar no ha proveído de tierras a las comunidades que lo necesitan. Más aún, en los últimos años el Estado ha promovido e impulsado una política de extracción minera, la que se ha realizado de manera inconsulta con sus propietarios, los pueblos indígenas de Guatemala. En esta línea, se debe recalcar que en Guatemala se ha establecido constitucionalmente la obligación del Estado de impedir el funcionamiento de prácticas excesivas, las cuales conduzcan a la concentración de bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad (artículo 119).

Con respecto a las normas comentadas anteriormente, Guatemala ha ratificado el Convenio 169 de la OIT que establece la consulta previa a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que afecten a los mismos. Pero el incumplimiento de esta normativa hace que no se tenga en cuenta la posesión y propiedad colectiva.

Finalmente cabe mencionar que en los casos referentes a concesiones territoriales de los pueblos originarios prevalecen la norma constitucional, el Convenio 169 y recientemente la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esas leyes son las relacionadas con las áreas protegidas, las cuales deben dedicar un capítulo especial a la posesión, propiedad, uso, control y administración de las tierras comunales por parte de los pueblos indígenas. No menos importante es el Código Municipal en el ámbito nacional y en el internacional cabe destacar el Convenio sobre Diversidad Biológica y el protocolo de Nagoya.

CONCLUSIONES

Como resultado del análisis llevado a cabo en el cuerpo del presente artículo, es posible concluir a lo menos, los siguientes puntos:

  1. Las tierras comunales forman parte del territorio de los pueblos indígenas como expresión histórica.
  2. En varios de los casos constituyen el más importante referente de identidad colectiva de los pueblos indígenas.
  3. Existe certeza jurídica de que las tierras comunales han sido permanentemente perjudicadas con políticas destructivas, en base a concesiones a empresas externas que no respetan la integridad del territorio y menos la identidad cultural de los pueblos en relación a dicho patrimonio, lo que consecuencialmente genera inseguridad jurídica.
  4. Se cuenta con legislación abundante, básica para la protección y respeto de las tierras comunales expresadas en normas constitucionales y respaldadas por normas internacionales contenidas en el Convenio 169, la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio sobre Diversidad Biológica.

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