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Autor
  • Juan Oltremari A
    Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal
    Pontificia Universidad Católica de Chile
 
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Una propuesta de directrices voluntarias para las áreas protegidas de América Latina

INTRODUCCIÓN

La biodiversidad en América Latina está amenazada principalmente por acciones antrópicas, así como por fenómenos globales, como el adelgazamiento de la capa de ozono, la corriente de El Niño, y el calentamiento global. Frente a estas situaciones de amenazas, las áreas protegidas son uno de los mecanismos más efectivos para asegurar la preservación del patrimonio natural y el equilibrio ecológico. Aunque se reconoce el importante incremento de estas áreas en la Región, la cantidad de superficie protegida no constituye un indicador de la eficiencia del manejo de las áreas ni de haber logrado los objetivos que motivaron su establecimiento.

En seguimiento a los acuerdos de la reunión de la Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres (REDPARQUES), realizada en 2008 en México, y con el propósito de ampliar el principio biológico y ambiental, que usualmente prevalece en el establecimiento y manejo de las áreas protegidas, a través de la Red se realizó un proceso para formular directrices voluntarias en el establecimiento y ordenación de áreas protegidas, empleando una metodología ampliamente participativa. La metodología utilizada incluyó talleres y variados mecanismos de consulta a especialistas de la Red, bajo la premisa que las directrices incorporen principios adicionales al ambiental, como el manejo de áreas protegidas, y los principios económicos, financieros, culturales y sociales, a fin de que sean considerados de una manera equilibrada en el desarrollo de las áreas protegidas de la Región.

Si bien es cierto las directrices deben estar basadas en el conocimiento técnico ya existente, están dirigidas hacia quienes toman las decisiones políticas en los sectores que inciden en el establecimiento y manejo de las áreas protegidas. Los usuarios no sólo serán los responsables por las políticas públicas relativas a estas áreas, sino también los educadores, los inversionistas y los responsables por el manejo de terrenos rurales asociados a áreas protegidas. En consecuencia, las directrices deben contribuir a la formulación y aplicación de políticas nacionales, respetando las legislaciones nacionales y tratados internacionales y deben ser un aporte a la ordenación sostenible de las áreas, al planeamiento multisectorial, a la utilización integrada y sostenible del territorio y los medios de vida de América Latina.

Las directrices voluntarias básicamente están compuestas por un conjunto de principios catalogados en principios biológicos y ambientales, de los sistemas nacionales de áreas protegidas, de planificación, de conservación y manejo, económicos y financieros, culturales y sociales, y de gobernanza. El presente artículo define la situación deseada para cada uno de ellos y describe las principales acciones que se recomiendan para lograr esta situación. En la preparación de estas propuestas, cuyo texto completo será publicado al amparo del Programa FAO/Organismo Autónomo Parques Nacionales de España, en apoyo a la REDPARQUES, y adicional a las contribuciones de los especialistas de la Red, se han empleado diversas publicaciones recientes.

Destacan en este sentido los trabajos de Herr y Galland (2009), Boege (2002), Borrini-Feyeraben et al. (2004), Carvajal y Sequeira (2006), FAO (2009), FAO (2008a), FAO (2008b), FAO (2007) Oltremari y Jackson (2006), Wild y McLeod (2008), CAF (2008), NU (2008), Emerton et al. (2006), Leverington et al. (2008), Mery et al. (2009), Toledo (2006), Dudley y Phillips (2006), Dudley (2008), Knox et al. (2007), Altés (2006), y Gouvea y Hranaiiova (2004), entre otros trabajos consultados.

PRINCIPIOS BIOLOGICOS Y AMBIENTALES

Cinco principios han sido identificados en el contexto biológico y ambiental. El primero de ellos se refiere a la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, donde la situación deseada es que la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, deben ser los referentes centrales para el establecimiento y manejo de las áreas protegidas. Entre las acciones para lograr esta situación destacan la identificación y difusión de los valores de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, el desarrollo de estudios específicos para la declaratoria de nuevas áreas y disminuir los vacíos existentes, la aplicación de mecanismos de protección de los valores de las áreas protegidas, y la complementación de las acciones de protección en su interior con estrategias de conservación en espacios adyacentes.

El segundo principio asociado al componente biológico y ambiental apunta al conocimiento y protección de las especies endémicas y amenazadas, donde se especifica que las áreas protegidas deben privilegiar la protección de hábitats vitales y especies silvestres, en especial las endémicas y las amenazadas. Acá las principales acciones propuestas se refieren a sistematizar la información sobre estas especies y sus hábitats, facilitar el acceso a esta información actualizada, mantener vínculos con organismos nacionales e internacionales preocupados por el tema, socializar la información a los habitantes de las áreas protegidas y su zona de influencia, y promover acciones sociales que eviten el tráfico de especies endémicas o amenazadas.

El siguiente principio asociado a la biología y el ambiente aborda la influencia del cambio climático en las áreas protegidas y postula que su repercusión sobre estas debe ser comprendida y considerada en la planificación y gestión de las áreas y en los territorios adyacentes, a efecto de establecer medidas de adaptación. Las acciones que se proponen son numerosas, destacando la necesidad de diagnosticar el impacto del cambio climático, adecuar la planificación y las políticas, articular la conservación “in situ” y “ex situ”, fomentar la conectividad, promover intervenciones de mitigación, actuar en los territorios adyacentes para la restauración que permita la captura de carbono, y establecer áreas de mayor superficie.

El cuarto principio biológico y ambiental se orienta al control de las especies invasoras, donde se postula que al más corto plazo se deben controlar o erradicar estas especies en las áreas protegidas y sus entornos. Las acciones asociadas a este principio son varias, entre ellas sistematizar y difundir la información sobre estas especies, evaluar sus efectos negativos, prevenir su introducción y propagación, valorar los daños que han producido, establecer y difundir protocolos que orienten su erradicación y control, mantener vínculos con organismos nacionales e internacionales para su control, socializando la información existente con los habitantes de las áreas protegidas y zonas aledañas.

El último principio de ámbito biológico y ambiental está dedicado a la reducción de la pérdida de hábitats relevantes para la protección de especies, en el cual se sostiene que los hábitats naturales deben ser conservados para asegurar los flujos ecosistémicos y genéticos y la conectividad con otras áreas silvestres. Las acciones involucradas se refieren a establecer alianzas con los propietarios de la tierra y con los sectores productivos para involucrarlos en estrategias de manejo, promover la recuperación de hábitats relictuales, valorar los costos sociales y ambientales que generan la pérdida de hábitats, así como sensibilizar a los actores locales y los gobiernos en sus diferentes niveles.

PRINCIPIOS DE LOS SISTEMAS NACIONALES DE ÁREAS PROTEGIDAS

En las directrices propuestas son dos los principios asociados a los sistemas nacionales de áreas protegidas. El primero de ellos concierne al establecimiento y consolidación de los sistemas integrados de áreas protegidas, donde se enfatiza que estos deben incluir áreas en diferentes categorías, ecosistemas y formas de gobernanza, debidamente articuladas, respondiendo a un diseño integral, estratégico y participativo. Sus acciones se orientan a incorporar en los sistemas nacionales nuevas áreas protegidas en ambientes terrestres, marinos y costeros, en procura de su adecuada representatividad y viabilidad, a partir del análisis de vacíos de conservación. Otras acciones se refieren a la necesaria integración de áreas públicas, privadas y comunitarias, nacionales, o locales, considerando categorías de manejo acorde con las estrategias de conservación a distintos niveles, y bajo un continuo monitoreo. También este principio promueve acciones tendientes a proteger los sitios prioritarios para la conservación, mientras se desarrollan las investigaciones pertinentes, y articular los sistemas nacionales con las áreas reconocidas internacionalmente.

El otro principio asociado a los sistemas nacionales tiene relación con la utilización de las categorías de manejo, las que, de acuerdo a lo recomendado, deben ser utilizadas según sus condiciones ecológicas, sociales, económicas y culturales, así como sus objetivos de conservación. Entre las acciones correspondientes a este principio cabe destacar la urgencia de disponer de un marco jurídico que defina las categorías, precisar las equivalencias respecto a las propuestas por la UICN, generar lineamientos específicos para su aplicación, desarrollar procesos transparentes de consulta, así como monitorear la efectividad en el uso de las categorías establecidas.

PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

Las directrices voluntarias consideran un principio de planificación de áreas protegidas y concierne a los procesos de planificación, monitoreo y alianzas estratégicas. Allí se expresa que la planificación de las áreas debe ser integral, estratégica y participativa, contemplando la formulación, ejecución, y monitoreo de actividades, basada en información actualizada y apoyada con modernas herramientas tecnológicas. Entre las acciones principales de este principio resalta la necesidad de formular un plan de manejo para cada una de las áreas, que contemple un diagnóstico del área y su entorno, la zonificación, los programas de acción, y los mecanismos de monitoreo. Otras acciones se refieren a la sistematización de información sobre la condición de las áreas protegidas y sus amenazas, generar bancos de datos, y examinar críticamente los proyectos de otros sectores que tienen impacto en las áreas.

PRINCIPIOS DE CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS

Las directrices voluntarias para el establecimiento y ordenación de áreas protegidas consideran cinco principios relacionados a la conservación de recursos naturales y el manejo de las áreas protegidas. El primero de ellos se refiere al manejo de recursos naturales, bajo el postulado de que estos recursos deben manejarse de acuerdo a los objetivos de conservación definidos para el área, a su categoría de manejo, y en alianza con las instituciones y actores que correspondan. Las principales acciones definidas para lograr esta situación incluyen el cumplimiento de los reglamentos sobre métodos, épocas, zonas, especies, tamaños y los niveles máximos de aprovechamiento, en las áreas protegidas que permitan el uso sostenible de recursos. Otras acciones aluden al manejo del hábitat de especies, a la restauración de ecosistemas degradados, y al establecimiento de las condiciones de desarrollo de actividades productivas y rentables, cuando la categoría de manejo lo permita.

Un segundo principio está destinado a la educación ambiental y a la difusión, donde se precisa que la sociedad en su conjunto debe conocer y valorar las áreas protegidas, así como los beneficios ambientales, sociales y económicos derivados de ellas. Varias acciones se proponen para lograr esto. Entre ellas se sugiere que estos programas educativos respondan a una estrategia integral de largo plazo, incluso al exterior de las áreas protegidas, sensibilizando sobre la importancia de las especies y su protección, incorporando a diferentes medios de comunicación.

Un tercer principio está dedicado a la recreación y el turismo, bajo el axioma de que la sociedad debe tener posibilidades de acceso y disfrute de los valores naturales y culturales de las áreas protegidas, sin detrimento de las mismas. Las acciones que se proponen sobre esta materia enfatizan que estas actividades deben responder al objetivo de la categoría y del plan de manejo de las áreas, de acuerdo a su capacidad de carga y límites de cambio aceptable de los ecosistemas, desarrollando una infraestructura de bajo impacto. Se menciona que los servicios para la recreación y el turismo pueden ser proporcionados en forma directa por la administración del área, o a través de concesiones turísticas, privilegiando en este último caso las agencias o grupos locales.

El siguiente principio asociado a la conservación y el manejo está dedicado al monitoreo y la investigación y sostiene que la administración de las áreas protegidas se debe beneficiar de los resultados de las investigaciones y monitoreos realizados, y las instituciones científicas podrán utilizar el área para el desarrollo de estudios, respetando el marco regulatorio establecido. En este caso las acciones están orientadas a promover un monitoreo sobre la efectividad del manejo, fomentar las investigaciones que mejoren la gestión de las áreas y el conocimiento de sus recursos, bajo alianzas con el sector académico y organismos afines. Otras acciones se refieren a mantener opciones abiertas para la realización de investigaciones de interés bajo regulación explícita, establecer bases de datos de los trabajos realizados, y generar capacidades entre el personal.

El último principio dentro del mismo ámbito se destina a la administración y especifica que las áreas protegidas deben contar con suficientes recursos humanos y operativos, así como una adecuada infraestructura, que permitan desarrollar una gestión eficiente. Las acciones que se proponen enfatizan en la necesidad de asegurar procesos transparentes de selección de personal, mejorar sus capacidades, vincular laboralmente a personas de las comunidades locales, así como establecer efectivas relaciones jerárquicas y funcionales del personal. También las acciones abordan temas recurrentes como brindar condiciones laborales adecuadas, destinar en forma oportuna suficientes recursos financieros, integrar a las organizaciones locales, y fortalecer alianzas en áreas fronterizas.

PRINCIPIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Los principios vinculados a la economía y finanzas son los más numerosos dentro de las directrices propuestas. El primero atañe al rol de las áreas protegidas en el desarrollo económico local y nacional, acentuando que estas áreas deben contribuir al desarrollo económico y social de manera sostenible. Sus acciones propuestas son variadas, tales como desarrollar estudios de valoración de las áreas, fortalecer procesos de internalización de costos y beneficios e impulsar políticas de los servicios ambientales, así como fomentar mecanismos de sostenibilidad financiera.

Otro principio asociado al componente desde el prisma económico y financiero, es el turismo y la recreación sustentables, aseverando que estas actividades deben brindar beneficios económicos y sociales a las áreas mismas, al país, a las poblaciones locales y a otros grupos relacionados. Las acciones que se proponen en este contexto están orientadas a establecer mecanismos de retorno y redistribución de ingresos percibidos, a integrar al turismo de bajo impacto como una estrategia de desarrollo local y regional, a promover la participación de las comunidades locales en estas actividades, y a fomentar las capacidades de las empresas comunitarias.

El tercer principio dentro de este ámbito es el rol del sector privado, afirmando que los privados deben jugar un papel relevante en la gestión de las áreas protegidas, compartiendo la responsabilidad social y ambiental, y a la vez obteniendo beneficios de ello. Las acciones de este principio se refieren a promover las buenas prácticas en actividades económicas, desarrollar incentivos fiscales y mecanismos de compensación voluntarios, así como promover programas de sensibilización, reconocimiento, y de concesiones.

El siguiente principio se refiere al apoyo del sector público, el que destaca que los programas de inversión gubernamental deben contribuir eficientemente con la gestión y ordenamiento territorial y ser congruentes con los objetivos de conservación de las áreas protegidas. Las acciones que se proponen están dirigidas a asegurar de manera sostenible el financiamiento público requerido y a promover la coordinación con otras instituciones de gobierno. También las acciones se orientan a estimular las iniciativas internacionales y que estas prosperen coherentemente en el territorio.

El quinto principio vinculado al componente económico y financiero dice relación con aquellos proyectos de desarrollo económico en áreas protegidas, compatibles con la conservación, y afirma que estos proyectos deben cumplir con la normativa ambiental y coordinar acciones de corrección y mitigación de los impactos ambientales, así como medidas de compensación. Las acciones aquí propuestas son variadas. Entre las principales está la disposición a usar la evaluación ambiental estratégica para los proyectos, estimular la realización correcta y participativa de estudios de impacto ambiental y la aplicación efectiva de medidas de mitigación. Otras acciones se refieren a asegurar las medidas de compensación como requisito para la continuidad de los proyectos, que en su formulación se considere la participación de las comunidades afectadas, aplicar buenas prácticas, implementar actividades productivas sustitutas a aquellas de alto impacto, incentivar proyectos que beneficien poblaciones locales, así como promover incentivos para inversiones en conservación de la biodiversidad.

El último principio de este ámbito se focaliza en el financiamiento sostenible, manifestando que las áreas protegidas deben contar con el financiamiento requerido para cumplir con los objetivos que motivaron su establecimiento. Sus acciones propuestas apuntan a asegurar una efectiva asignación de recursos, promover la participación del sector empresarial, e incrementar novedosas fuentes financieras, manteniendo la participación activa de donantes públicos y privados.

PRINCIPIOS CULTURALES Y SOCIALES

Las directrices voluntarias identifican tres principios en el ámbito cultural y social. El primero está dedicado a las sinergias entre las comunidades locales y las áreas protegidas, indicando que sus administradores deben incentivar la participación de las comunidades locales en sus procesos de gestión. Las acciones que se proponen al amparo de este principio aluden a lo imperativo que resulta la equidad de género, raza y otras formas de identidad social, la incorporación de la cosmogonía de los pueblos indígenas, y la valoración de la naturaleza por parte de la comunidad. Otras acciones promueven la resolución de conflictos, el respeto por prácticas religiosas, y el reconocimiento de sitios sagrados.

Otro principio dentro del mismo ámbito está dedicado al uso sostenible en áreas protegidas, el que enfatiza que estas áreas, cuya categoría lo permita, deben promover modelos de uso acordes a sus objetivos de establecimiento y en concordancia con la legislación correspondiente. Sus acciones apuntan a implementar actividades de uso en beneficio de la población local, tanto al interior de las áreas protegidas como en territorios adyacentes, sin comprometer su estado de conservación. También se proponen acciones que promuevan la integración de las comunidades locales con otras organizaciones públicas y privadas en la formulación de programas, a fin de ayudarlas en la elaboración y comercialización de productos, desarrollo de planes de negocios, y aplicación de estrategias para otorgar un mayor valor agregado a la producción local.

El tercer principio del ámbito se relaciona con la asistencia técnica y el monitoreo sobre acuerdos pactados, especificando que el personal de las áreas debe contar con mecanismos eficientes para monitorear el cumplimiento de los acuerdos pactados y con las capacidades necesarias para implementarlos. Sus acciones incluyen la promoción de comités locales de vigilancia ambiental debidamente capacitados, establecimiento de mecanismos de planificación participativa, y la incorporación de métodos de monitoreo a través de indicadores de cumplimiento.

PRINCIPIOS DE GOBERNANZA

Las directrices voluntarias proponen dos principios asociados a la gobernanza. El primero - gobernanza en áreas protegidas- sostiene que en estas áreas deben existir políticas y normas armónicas para hacer posible la participación integrada de los actores involucrados. Las acciones más relevantes que se sugieren son el desarrollar sistemas de acceso a la información para facilitar la toma de decisiones, asegurar la aplicación de procedimientos expeditos para la atención de los usuarios y las comunidades locales, aplicar esquemas permanentes de rendición de cuentas, y fortalecer los niveles de liderazgo. Otras acciones propuestas son asegurar la coordinación con las instituciones responsables de la tenencia de la tierra, capacitar al personal en materias de resolución de conflictos, fortalecer los espacios de participación social, pública y privada, y negociar las políticas de conservación entre las diferentes instituciones de gobierno.

El último principio de las directrices tiene que ver con la institucionalidad, acentuando que las áreas protegidas deben disponer de una institucionalidad consolidada, responsable del sistema nacional de áreas protegidas en su conjunto y de cada área en particular. Las acciones propuestas están orientadas a disponer para las áreas protegidas de una administración pública de razonable nivel jerárquico, fortalecer la imagen de autoridad responsable frente a otros sectores, garantizar la existencia de un marco normativo adecuado y fortalecer las capacidades de las autoridades competentes. Otras acciones son la apropiada coordinación interinstitucional y la disponibilidad de mecanismos eficientes de comunicación e información.

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